Quitarse de encima las basuras

La decisión de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de instalar vertederos en las localidades de Pinto y San Fernando de Hertares, frente a la oposición de los ayuntamientos, ambos comunistas, ha desencadenado una guerra de competencias. La autonomía municipal parece ser la gran perdedora. Enrique Guerra, alcalde de San Fernando, considera la decisión de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente una "actuación política, una especie de castigo fruto de un anticomunismo feroz". El Ayuntamiento de Pinto, que, según su alcalde, "se resiste a que la institución más grande ejecute lo que la otra no quiere, sin que pase nada", ha ordenado la paralización de las obras del vertedero, que ejecuta la empresa Arce por cuenta del Gobierno regional.

La población de Pinto, un típico pueblo castellano de 20.000 habitantes, escondido tras el kilómetro 23 de la carretera de Madrid a Andalucía, no parece dispuesta a aceptar el regalo que las administraciones central y autonómica pretenden imponerle. En palabras del alcalde, el comunista Carlos Penit, "no consentiremos, sin ninguna compensación a cambio, que nos manden los proyectos incómodos, sea una cárcel para descongestionar Carabanchel o un vertedero para concentrar la basura de los pueblos de al lado".El alcalde, un hombre de aspecto joven y moderno, de 36 años, casado y con dos hijas, al que todavía le quedan en la piel los últimos restos del moreno playero, apenas mueve el enorme bigote que tapa completamente su labio superior al anunciar que la Guardia Civil vigila esporádicamente las obras del vertedero" y que "el conflicto de competencias entre los dos organismos estallará definitivamente cuando la Policía Municipal de Pinto visite las obras del vertedero para ejecutar la orden de paralización de la alcaldía".

El despacho del alcalde está decorado con dos posters, uno con el rostro de Enrico Berlinguer y otro de la campaña contra la heroína iniciada por el PCE. Penit busca entre las numerosas carpetas que abarrotan su mesa la documentación sobre esta polémica, que comenzó el día en que de forma personal el arquitecto Eduardo Mangada -consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente- solicitó al Ayuntamiento la lice ncia de obras para el vertedero. A vuelta de correo, la corporación le pidió el proyecto de instalación, y Mangada respondió diciendo que uno y otro proyecto eran lo mismo. El alcalde califica lo que sucedió después como "un desembarco, porque sencillamente comenzaron las obras sin licencia".

En esta situación, el Ayuntamiento presentó un recurso previo ante la Comunidad, "previo también" sigue el alcalde, "al que se presentará en la vía contencioso administrativa para que jurídicamente se decida quién tiene razón". La corporación municipal -integrada por 11 concejales del PCE, tres del PSOE y tres del Grupo Popular- esconde en la manga dos nuevos naipes a jugar en la guerra contra Mangada: una entrevista con el Defensor del Pueblo para que medie en el conflicto, y la presentación de un interdicto de paralización de obras, alegando que 5.000 metros cuadrados de los terrenos en los que se construye el vertedero son de propiedad municipal".

Convocar un referéndum

La guerra de competencias no es perceptible en la calle, donde el crecimiento demográfico se ha producido de forma pausada y equilibrada. En la localidad donde mantuvieron relaciones y estuvieron encarcelados la princesa de Éboli y el escribano Antonio Pérez las viviendas de cuatro alturas se mezclan con las típicas casas de pueblo manchego, y en las calles se respira un aire de tranquilidad que sólo se rompe con los gritos de un vendedor ambulante de melones de la tierra. En los corrillos de mujeres cargadas con la cesta de la compra se habla del aniversario de la muerte de Paquirri. Lo único que consigue encrespar el ánimo de los pinteños es la posibilidad de que en su término municipal se instale una cárcel, otro proyecto incómodo que el Gobierno regional ni siquiera consultó con el Ayuntamiento. El anuncio de su futura construcción motivó el pasado mes de julio una manifestación de protesta en la que participaron alrededor de 5.000 personas.El alcalde, que se enteró de la construcción de la prisión por los periódicos, está dispuesto a convocar un referéndum para que la población decida. "No entiendo por qué quieren edificar aquí con la oposición del Ayuntamiento, que ratificó en un pleno su negativa, cuando ayuntamientos gobernados por el Grupo Popular ofrecen gustosos su territorio para que se ubique allí".

El alcalde reconoce, sin embargo, que ignora cómo se encuentra este tema actualmente. Piensa que el proyecto se ha paralizado, pero no lo sabe con certeza. Penit asegura también que existe una operación de especulación de terrenos en torno a la cárcel. "Al parecer, los terrenos donde debería edificarse, que están al lado del vertedero y son propiedad de un familiar del constructor Gustavo Marsa, que realiza numerosos trabajos para Instituciones Penitenciarias, se han pagado a 350 pesetas el metro cuadrado, cuando los otros fueron expropiados por la Consejería de Medio Ambiente a 53 pesetas el metro cuadrado".

Valparaíso, nombre con el que se conoce al paraje situado al borde de la carretera de la Marañosa donde se construye el vertedero y donde parece que se edificará la cárcel, es también el lugar donde la corporación municipal quiere instalar un nuevo cementerio, que compensaría económicamente las molestias que puede producir el vertedero. La necrópolis, cuya construcción no ha sido autorizado por la comunidad autónoma, haría cambiar de opinión a la corporación en su negativa a la instalación del vertedero.