Incógnitas del presupuesto

PESE A que los Presupuestos Generales del Estado han sido presentados ya en las Cortes y a la opinión pública, todavía la información proporcionada a los medios de comunicación es parca, e induce más a interpretaciones que a análisis definitivos.Sin embargo, es posible corroborar algunas de las ideas expresadas anteriormente: los presupuestos de 1986 no son expansivos, es decir, no son unos presupuestos clásicos para un año electoral, sino, por el contrario, un instrumento que persevera en el ajuste. Una vez que Miguel Boyer hizo del programa electoral del PSOE un documento vacío, los socialistas iniciaron, con la legislatura, una política económica basada en el rigor, hasta tal punto que en muchas ocasiones se recordó su parecido con el de los programas de estabilización clásicos. Tras la crisis de Gobierno se puede afirmar que la política económica es continuista y que sus bases ideológicas están más cerca, en muchos aspectos, del conservadurismo liberal que de las socialdemocracias.

Otro aspecto positivo es la mayor limpieza del presupuesto respecto a los documentos de años anteriores. En él se exponen algunas partidas -coste de la operación del gas con Argelia, coste del seguro de cambio en el negocio de las autopistas- que, en el pasado, formaban parte de los innumerables créditos extraordinarios, que se tramitaban en las Cortes, muchas veces en silencio o por la puerta trasera. Pero mientras el ministro de Economía y Hacienda no haga una exposición pública y detallada en las Cortes de los objetivos macroeconómicos, seguirán persistiendo muchas dudas. Quizá la más importante de ellas es la de qué va a ocurrir en el futuro con el endeudamiento del Estado, cómo se va a combatir el déficit estructural de la economía española, cómo se va a compatibilizar una mayor flexibilidad en la financiación al sector privado con un inverosímil esfuerzo en la financiación del desequilibrio público.

Conviene, además, disipar las dudas sobre si la lucha contra la inflación de ejercicios pasados no ha generado un monstruo superior, como es el de unos gastos financieros del Estado que el próximo año se incrementarán en más del 28%. También será de utilidad conocer el razonamiento por el que el Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que la inversión pública -que, en términos reales, se reducirá en casi un 30%- no genera empleo, teoría que contradice las posiciones tradicionales de los socialistas y las opiniones de los agentes económicos, tanto empresarios como centrales sindicales, convencidos de que el sector público es una locomotora que reactiva la economía y estimula la demanda. El Gobierno ha apostado muy fuerte para el próximo año a que la inversión privada sea, casi en exclusividad, el motor del crecimiento, pero la realidad es que los excedentes empresariales, mejorados en los últimos ejercicios, no están generando más inversión sino, casi en exclusividad, autofinanciación y saneamiento interno de las sociedades.

Éstas son, en síntesis, algunas de las importantes interrogantes que suscita un proyecto de presupuestos cuya principal virtud ha sido el haber sido presentado en el plazo constitucional previsto, lo que debe permitir un debate parlamentario sin premuras.