Los conservadores votan en el Congreso junto al PSOE a favor del modelo policial socialista

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó en su sesión de ayer, y con los votos socialistas y populares, la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las principales críticas efectuadas al proyecto gubernamental por las minorías catalana, vasca, comunista y de Euskadiko Ezkerra (EE), se centraron en la restricción de las competencias de las policías autónomas y locales, de los derechos sindicales de los cuerpos de seguridad y en la estructura militar de la Guardia Civil.

Las dos enmiendas a la totalidad presentadas por la Minoría Catalana y el Grupo Nacionalista Vasco, junto a las otras dos del Grupo Mixto (comunista y EE) quedaron derrotadas por 226 votos en contra, 16 a favor y 10 abstenciones, estas últimas del Grupo Centrista.En un palco se situaron representantes de la Coordinadora de Sindicatos Policiales. En otro palco, en solitario se sentó el ex secretario general del Unión Sindical de Policías (USP), Modesto García.

José Barrionuevo, ministro del Interior, intervino en primer lugar para efectuar la presentación del proyecto de ley. Tras resaltar la trascendencia y significación del texto actual, indicó que el proyecto presentado supone el desarrollo legislativo de cuatro preceptos constitucionales. "El artículo 104, que manda regular por, ley orgánica las funciones y principios básicos de la actuación de los cuerpos de seguridad. El 126, que remite a la articulación de la dependencia funcional de la policía judicial con respecto a los jueces y al ministerio fiscal. El 148, que señala la determinación de competencias propias de las comunidades autónomas en materia de seguridad y finalmente el 149, que determina a la seguridad pública como competencia exclusiva del Estado", lo que fue duramente criticado por las minorías nacionalistas.

Antiestatutario

Marcos Vizcaya, portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, señaló que el artículo 149 de la Constitución sólo atribuye al Gobierno central la posibilidad de una ley marco sobre esta cuestión, "sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el portavoz de los nacionalistas vascos afirmó que "el Ministerio del Interior ha preparado un proyecto que no concuerda con el Estado de las autonomías".

Para Marcos Vizcaya, el proyecto legislativo deja a las policías autónomas y locales competencias "residuales", a cuyos agentes convierte en "alguaciles ilustrados". Asimismo, el diputado del PNV agregó que el Consejo de Política de Seguridad, creado en la ley, supone un "órgano de tutela sobre las comunidades autónomas y refleja el enorme recelo con que el Gobierno central mira a las policías autónomas". Marcos Vizcaya pidió que el proyecto de ley no se aplique en Euskadi.

Josep Maria Trías de Bes, portavoz de la Minoría Catalana, señaló en su turno de defensa a la enmienda de su partido, que el "proyecto que somete el Gobierno a la consideración de esta Cámara, descansa en unos postulados que se apartan considerablemente de lo que debería ser el diseño de unos cuerpos y fuerzas de seguridad adaptados al modelo de estado autonómico". "El proyecto de ley parte de la base de una patrimonialización absoluta de la seguridad pública por parte del Gobierno de la nación", añadió, para agregar que el proyecto "entra en conflicto con el estatuto catalán".

"Estamos" señaló Trías, "rozando la constitucionalidad en lo referente a las competencias de las policías autónomas".

Ley de derechas

En el turno de réplica,Trías de Bes afirmó que el Gobierno había elaborado un proyecto de ley acorde con la derecha. "No se avergüencen ustedes", dijo el portavoz de la Minoría Catalana dirígiéndose a los escaños socialistas, "de haber pactado un proyecto de ley con la derecha". Ésto fue contestado por Eduardo Martín Toval, portavoz socialista, quien señaló que a su grupo le alegra que "el proyecto no hubiera suscitado la oposición de Alianza Popular".

Respecto a los derechos sindicales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, José Barrionuevo indicó en la presentación del proyecto que: "Las especiales características de la función policial y su configuración como servicio público esencial, obliga, necesariamente, a someter a determinadas particularidades el ejercicio del derecho de sindicación, prohibiendo expresamente la huelga y las acciones sustitutivas de la misma, en base a los artículos 28 y 29 de la Constitución y al perjuicio irreparable que podría provocar en el funcionamiento de la sociedad y en la convivencia ciudadana la interrupción del servicio de policía".

Pérez Royo, portavoz comunista que defendía la enmienda de su partido y la presentada por Euskadiko Ezkerra, criticó la ausencia de derechos para los miembros de la policía: "El proyecto tiene una concepción autoritaria y decimonónica, que crea una policía represiva y de control". Pérez Royo argumentó a continuación que "no existe justificación para mantener un cuerpo policial con estructura militar" dijo refiriéndose a la Guardia Civil.