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Debate en las Cortes sobre el poder judicial y la policía

El Consejo del Poder Judicial resultante del consejo parlamentario será moderamente progresista

BONIFACIO DE LA CUADRA Los 20 vocales del futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elegirá el Parlamento como resultado de la negociación entre los grupos mayoritarios de las Cortes configuran un órgano de gobierno del poder judicial de corte moderadamente progresista. Según un portavoz del Gobierno, éste ha sido el fruto del deseo socialista, que predominó finalmente, de asegurarse la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renunciar a obtener el consenso con el Grupo Popular. El Pleno del Congreso elige hoy a 10 de los 20 candidatos y el próximo día 8 el Senado elegirá a los 10 restantes.

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Según observadores cualificados, los 20 candidatos forman un conjunto de juristas y magistrados "de confianza" para los protagonistas del consenso político alcanzado. De esta forma, quedan desvirtuados los riesgos denunciados por el grupo de Fraga de que la mayoría con que cuenta el PSOE en el legislativo y el ejecutivo se adueñara también del órgano de gobierno del poder judicial. Ahora, con las concesiones socialistas en aras del consenso parlamentario, el nuevo CGPJ estará más vinculado a todo el espectro político de ambas Cámaras que a la mayoría socialista, hegemónica en este momento. El rasgo más revelador de este hecho es el desplazamiento de dos destacados diputados de los dos principales grupos parlamentarios -el socialista Pablo Castellano y el conservador Pablo Beltrán de Heredia- para formar parte del nuevo Consejo.El efecto político moderador resultante de este esfuerzo por alcanzar el consenso es valorado en fuentes jurídicas progresistas como una ocasión desaprovechada para introducir un revulsivo en el funcionamiento lento, anacrónico y no exento de corrupciones de la justicia. Uno de los más activos negociadores por parte del Grupo Popular manifestó a este periódico en privado que no entendía a los socialistas, ya que después del escándalo organizado con la introducción del sistema de elección parlamentaria, "ahora parece que no quieren aprovecharlo en favor de su mayoría y negocian", dijo, "un Consejo aceptado por todos". "No entiendo", agregó, "para qué han modificado entonces el sistema anterior".

Una primera prueba de fuego para el nuevo CGPJ será la ratificación o sustitución de los presidentes de Sala del Tribunal Supremo y de las Audiencias Territoriales y Provinciales, que corresponde realizar en el plazo de tres meses, es decir, antes del 24 de enero de 1986. La realización o no de la renovación de casi todos estos cargos, considerada necesaria en medios jurídicos progresistas, servirá de termómetro de la sensibilidad del CGPJ resultante del consenso entre socialistas y conservadores.

El subsecretario, entusiasmado

Por su parte, el actual CGPJ, cuyo mandato expira el 23 de octubre próximo, declinó ayer pronunciarse sobre la lista que le facilitó el ministro de Justicia. A título personal, el portavoz Gonzalo Casado expresó "el deseo más sincero de que el nuevo Consejo acierte en la gestión de gobierno del poder judicial y del gran capítulo de la justicia, como servicio básico del nuevo Estado social y democrático de derecho". Mientras tanto, el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, fue el político que batió ayer el récord de entusiasmo hacia los candidatos negociados, al calificar la lista de "magnífica".

La composición de la lista negociada ofrece una inflación de magistrados en el cupo de ocho abogados y juristas de prestigio, con lo que se rompe uno de los criterios iniciales de que en el órgano de gobierno del poder judicial no figuraran más que 12 miembros de la carrera judicial. Sin embargo, el deseo de situar en el Consejo a jueces y magistrados que, por serlo, tendrían que cesar, por razones de jubilación, antes de terminar sus cinco años de mandato, ha llevado a los negociadores a introducir en el cupo de abogados y juristas a dos magistrados, Luis Vacas Medina, de 67 años, y Adrián Celaya, de 68. Este último había sido incluido entre los magistrados, pero ante sus protestas fue finalmente permutado por Julián Serrano.

Del total de ocho abogados y juristas, sólo dos son abogados -frente a los cuatro del actual CGPJ-: Pablo Castellano y Cristina Alberdi. Otros dos son fiscales, Juan José Martínez Zato y Antonio González Cuéllar, y otros dos catedráticos: Pablo Beltrán de Heredia e Ignacio de Otto Pardo.

Por último, por las razones antes citadas, han sido incorporados a este grupo los magistrados Luis Vacas Medina y Adrián Celaya. En cambio, permanecen en el grupo de juristas Cesáreo Rodríguez Aguilera, de 69 años -que deberá cesar el 18 de mayo de 1986, al cumplir los 70 años-; Julián Serrano Puértolas, de 66 años -que cesará el 21 de noviembre de 1987, al cumplir los 69 años-, y Antonio Albasanz, de 66 años, que cesará el 22 de abril de 1988, al cumplir los 68 años, siempre según el régimen transitorio de jubilaciones previsto en la ley orgánica del Poder Judicial.

Coloración ideológica

Más importante es la coloración ideológica de los candidatos. Entre los 20 negociados existen tres que pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM): Antonio del Cacho Frago, vicepresidente de la misma, y Luis Vacas y Antonio Albasanz, asociados. En cambio, sólo hay constancia de que pertenezcan a la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia dos candidatos: Emilio Berlanga, miembro del secretariado, y Manuel Peris. También se considera próximos a esta asociación a Julián Serrano Puértolas, Cesáreo Rodríguez Aguilera y Valentín de la Iglesia. Pertenecen al grupo judicial Francisco de Vitoria (de carácter moderado) Pablo García Manzano y José Augusto de Vega. Por lo demás, la mayoría de los restantes candidatos son moderadamente progresistas, si bien por lo general menos de lo que parecía desear el PSOE cuando consideró conveniente conectar al órgano de gobierno del poder judicial con la mayoría popular, a través de la elección parlamentaria de todos sus miembros. Además de Castellano, son moderadamente progresistas Ignacio de Otto, Antonio González Cuéllar, Juan Antonio Linares, Juan José Martínez Zato y Francisco Huet.

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