La lógica de la situación
LA DECISIÓN de expulsar del territorio español a todas las personas identificadas como miembros del Frente Polisario y de clausurar las oficinas de representación saharauis que funcionaban "en régimen de tolerancia" en nuestro suelo es del todo lógica después del ametrallamiento del pesquero El Junquito y la patrullera Tagomago, en aguas próximas a las costas del antiguo Sáhara español, por unidades del Ejército de Liberación Popular de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Esa doble agresión contra nuestros barcos violó las más elementales normas del Derecho Internacional, y en ellas perdieron la vida dos españoles y resultaron heridos otros dos marinos de la Armada. El Gobierno de Felipe González no tenía elección: los hechos imponían como inevitable -disguste o complazca desde otros puntos de vista- la ruptura de las relaciones oficiosas con el Frente Polisario (una vía indirecta, hasta ahora, de mantener contactos con la RASD, no reconocida por España, aunque sea miembro de la Organización de la Unidad Africana) y la expulsión de nuestro territorio de las personas que habían desarrollado en su nombre ese cometido. La devolución de los seis tripulantes supervivientes del ametrallamiento de El Junquito, gracias a la prudencia de nuestro Gobierno y a la probable presión de las autoridades argelinas, no podía modificar una decisión dictada por la lógica misma de la situación.Un comunicado del Ministerio de Información de la RASD ha hecho una virulenta crítica de la "vil decisión" adoptada por el Gobierno español, enjuiciada amenazadoramente como "un acto criminal contra los pueblos saharaui y español", que expone "a centenares de pesqueros españoles a peligros sin precedentes" y "priva a miles de familias españolas del pan que obtienen gracias a las riquezas de las costas saharauis". Es lamentable ver que los representantes de un pueblo que luchan por una causa que consideran justa se entregan no sólo a actos de piratería contra los ciudadanos de un país del que siempre han obtenido -pese a los vaivenes políticos- amistad y simpatía, sino también a lajerga utilizada por los grupúsculos de ultraizquierda y del verbalismo revolucionario.
El departamento de propaganda de un Gobierno que aspira a obtener el reconocimiento diplomático de España y de otras naciones de la comunidad. internacional acusa así a los medios de comunicación de haber manipulado los "instintos animales" de la opinión pública española, previamente insultada por haber padecido durante décadas "un régimen fáscista". En el mismo tono paranoico, el comunicado afirma que El Junquito fue "enviado deliberadamente" a un punto preciso de las costas saharauis con fines provocadores. Si el Frente Polisario y el Gobierno de la RASD quieren obtener credibilidad internacional y apoyo diplomático no pueden líaber elegido peores métodos.
Según su punto de vista, la publicación del anterior comunicado -"una declaración objetiva, clara y sincera" que "explicaba" las circunstancias del doble ametrallamiento- y la entrega por el Frente de los seis rehenes -decisión "sabia'y responsable" dictada "por consideraciones humanitarias y sentimientos de nobleza", y "en la que no ha intervenido ningún negociador español ni tampoco terceros"- hubieran debido ser argumentos suficientes para borrar el sangriento incidente. La suposición gratuita de que la violencia armada contra ciudadanos de este país puede ser perdonada en función de convicciones ideológicas particulares o de elementos políticos de otro género es no sólo ingenua, sino del todo irritante. El corolario a la inverosímil salida del conflicto predicada porel Frente Polisario habría sido que el Gobierno español extrajera las oportunas enseñanzas del incidente, prohibiera a los pesqueros españoles faenar en aguas autorizadas por el tratado de pesca con Marruecos y diera, de esta forma, un paso hacia el reconocimiento de la soberanía de la RASD sobre el territorio saharaui.
La decisión del Gobierno español se explica por razones mucho más sencillas que la barroca construcción ideológica fabricada por los servicios de propaganda de la RASD. Con independencia de las responsabilidades españolas derivadas de la firma de los Acuerdos de Madrid y del viraje dado por los socialistas en su política para el Magreb, el Gobierno de Felipe González no podía seguir manteniendo relaciones con una organización política que se cree con derecho a asaltar nuestros barcos de pesca, a ametrallar nuestros buques de guerra y a matar a nuestros ciudadanos. Ni la solución al delicado conflicto del Sáhara ni a las aspiraciones del Frente Polisario puede pasar por esos métodos ni por una ideologización del conflicto que en nada ha de favorecer al propio proyecto de la RASD.
