Victoria antinuclear española

LOS GRUPOS ecologistas y algunos países menos nuclearizados que sufren además directamente las consecuencias de la basura radiactiva almacenada frente a sus costas han conseguido vencer en un acuerdo para prolongar indefinidamente la moratoria sobre vertidos nucleares de media y baja intensidad en las fosas marinas. Los vertidos de alta intensidad siguen prohibidos. La reunión de los miembros de la convención de Londres se había presentado con ciertos tintes dramáticos. Por un lado, el Reino Unido anunciaba su decisión de no aceptar la moratoria y mucho menos la prohibición total si ésta se materializaba. Estados Unidos apoyaba firmemente la posición británica y llegó a advertir que estaba dispuesto a retirarse de la conferencia si se llegaba a este punto. La Unión Soviética, con su postura de abstención, apoyaba tácitamente las tesis de las grandes potencias.Por su parte, los grupos ecologistas y tres bloques de países -el encabezado por España, que agrupaba a las repúblicas latinoamericanas, el escandinavo y el de los Estados del Pacífico, encabezado por la pequeña isla de Nauru- defendían la tesis de la prohibición total. Para lograr imponerla les era necesaria una mayoría de dos tercios, proporción requerida para introducir enmiendas en el texto de la convención.

Si bien es cierto que las investigaciones científicas no concluyen unánimemente sobre el posible daño que pueden causar estos residuos, nadie se atreve a hacer afirmaciones sobre su total inocuidad. Los barriles que contienen estos detritos están construidos de un material que se destruye cierto tiempo después de llegar al fondo del océano.

La primera teoría, establecida a partir de los estudios en la fosa del Atlántico, situada tan sólo a 700 kilómetros de las costas gallegas, afirmaba que una corriente de gran profundidad dispersaba la grava radiactiva en dirección hacia el Sur a lo largo y ancho de una vasta extensión marítima. Nuevas teorías, por el contrario, aseguran que otro tipo de corrientes, de menor profundidad, podrían acercar los vertidos a las costas continentales sin darles tiempo a diluirse.

En cualquier caso, el informe técnico presentado por el Reino Unido, que cuestionaba la peligrosidad de los vertidos nucleares, fue desbordado rápidamente por la alegación de que mientras no se pueda probar la completa inocuidad, mejor es no seguir llenando las fosas marinas de basura radiactiva. En este aspecto, la única delegación que parecía despreciar los riesgos fue la francesa, cuyos argumentos pronucleares parecían sacados de un contexto orwelliano.

Importante ha sido el papel de la delegación española, capaz de hacer valer su criterio y forzar la votación reglamentaria que, con mayoría simple, permitió, frente a las presiones británicas y norteamericanas, la prórroga indefinida de la prohibición de los vertidos de baja y media radiactividad en las fosas marinas. Efectivamente, tal vez se podía haber ido más lejos, si así se deseaba, no sólo con el trabajo en la convención, sino con una labor diplomática previa que hubiera atraído a la reunión a un buen número de países que hubieran propiciado la mayoría de dos tercios, de la que tan cerca se estuvo, y, por tanto, la enmienda que prohibiera totalmente los vertidos. Pero, con todo, la victoria de la tesis española debe considerarse importante y ejemplar para contrarrestar, unida a otras naciones, el poder a menudo incontrolado de las potencias más grandes.