Dos años de delito ecológico

El 17 de julio de 1983 entró en vigor la modificación del Código Penal y se instauró en nuestro ordenamiento jurídico la figura del delito ecológico. Desde esa fecha se investigan en nuestro país, al menos, cuatro casos de supuestos atentados contra la naturaleza. Diferentes organizaciones de defensa del medio ambiente han impulsado tres de estas acciones judiciales, mientras que la cuarta la emprendió, en solitario, un grupo de campesinos del municipio de Súria (Barcelona), precupados por la persistente lluvia ácida que cae sobre sus tierras y que destroza plantas y árboles.La primera querella por presunto delito ecológico se presentó justo cuando se cumplía el primer aniversario de la entrada en vigor de este precepto penal. Iba firmada por Xavier Pastor García, de 35 años de edad, biólogo, investigador del Centro Oceanográfico, presidente de Greenpeace-España y del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). La denuncia se dirigió contra el alcalde y los concejales de Andraitx (Mallorca), a quienes se acusa de ser responsables de unos vertidos de aguas residuales en el torrente de Es Suluet, que provocó una importante contaminación microbiológica en la zona y la muerte de numerosas cabezas de ganado porcino, que habían bebido aquellas aguas, así como la destrucción de un pozo de agua potable. El juez, que admitió a trámite la denuncia, reclamó al GOB una fianza de 1.000 pesetas.

La sombra de la Dragonera

El puerto de Andraítx, lugar donde se encuentra el torrente contaminado, es una de las zonas turísticas más destrozadas de la costa balear a causa del boom urbanístico de la década de los años setenta. Dentro de este término municipal se encuentra la isla de Dragonera, una importante reserva ornitológica, que tiempo atrás intentó también ser urbanizada por un grupo de constructores de la zona y que provocó una importan e movilización de los naturistas de toda España. Por ello la acción judicial impulsada por el GOB se ha convertido ya en un símbolo de la lucha ecologista.

El abogado Rafael Company, hoy convertido en gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, fue el encargado de redactar aquella primera querella por delito ecológico. Ahora opina que gracias a la presentación de la denuncia se ha alcanzado el objetivo que se perseguía, ya que el Ayuntamiento de Andraitx ha votado un presupuesto y pronto se pondrán en marcha las obras de una depuradora. El letrado coincide con los dirigentes del GOB al afirmar que no tiene ningún interés en que sean condenados los concejales y el alcalde.

El único procesamiento

El partido ecologista catalán Alternativa Verda ha tenido también un papel importante en la acción judicial emprendida por la lluvia ácida producida por la central térmica de Cercs (Barcelona). Aunque la querella fue en un primer momento presentada por el abogado Marc Viader, en nombre de cuatro campesinos del municipio de Vallcebre, Alternativa Verda se sumó posteriormente a la protesta y reclamó ante el instructor personarse en la causa y ejercer la acción popular. Esta petición fue aceptada por el juez Mateo Lorenzo Ramón Homar y les fijó una fianza de 20.000 pesetas.

A finales del pasado mes de julio, cuando el delito ecológico cumplió dos años, el instructor dictó auto de procesamiento contra el director de la central térmica, Ernesto Domingo Ibars, y fijó una fianza de 80 millones de pesetas a la empresa propietaria, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA), para hacer frente a las responsabilidades civiles. El procesamiento ha sido recurrido, mientras FECSA amenaza veladamente con cerrar la central térmica, lo que ha provocado cierta inquietud entre los vecinos de la zona.

Josep Pernau, uno de los campesinos querellantes, se muestra escéptico de la marcha de la investigación. Afirma que "todo es muy evidente" y que la contaminación continúa destrozando los pastos y los árboles. Según él, la única solución es la de no sacar al campo las vacas y alimentarlas con piensos en el establo. Pocos kilómetros más allá de su masía de Creudabella, se levanta la colina de El Portet. Los árboles han desaparecido y la tierra parece calcinada.

La lluvia ácida parece también ser la responsable del desastre ecológico de Súria, donde las emanaciones de Minas de Potasa de Súria, propiedad de la multinacional Solvay, están provocando la deforestación de 85 hectáreas de terreno agrícola. Esta querella fue presentada por cuatro campesinos, apoyados por el sindicato Unió de Pagesos, y en ella se solicita el procesamiento de cinco directivos de la empresa, así como una indemnización de 47 millones de pesetas. La causa se encuentra, por ahora paralizada en el juzgado de Manresa (Barcelona) mientras se dirime un conflicto procesal. Los promotores de esta querella no descartan la posibilidad de reclamar el apoyo de los colectivos ecologistas y su presencia en las diligencias. El colectivo de Cádiz Agaden es el último grupo ecologista que se ha presentado en el juzgado de guardia. Intenta paralizar las obras que se realizan en El Puerto de Santa María (Cádiz) con objeto de construir Puerto Sherry. La protesta de los ecologistas andaluces ha estado, como en Andraitx, Berga y Súria, apoyada por numerosos vecinos que ven con preocupación cómo se degrada la naturaleza.