Los naturistas de Cádiz, contra Puerto Sherry

El Juzgado de Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María (Cádiz) tendrá que decidir sobre si hay o no razones para procesar por un delito ecológico a la empresa Marina del Puerto, SA, promotora de la dársena deportiva Puerto Sherry. El relleno que se está efectuando supone ganarle al mar 23 hectáreas en la bahía de Cádiz. La denuncia fue presentada por el grupo ecologista Agaden y fue presentada ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Su titular, Javier Ollero, tras dictaminar que podían existir indicios delictivos, remitió el caso al juzgado.Tres meses tardó el fiscal jefe en dar respuesta a la iniciativa ecologista. Según la dirigente de Agaden Purificación de la Blanca "probablemente fue necesaria una consulta ante el Supremo dada la falta de antecedentes sobre este tipo de delito". En el juzgado donde se estudia esta denuncia no se ha hecho pública decisión alguna.

Antes de llevar el caso a los tribunales, se efectuaron movilizaciones ciudadanas con el objeto de paralizar el comienzo de las obras. Políticos, profesionales de distintos sectores y universitarios elaboraron el Manfiesto por la bahía de Cádiz donde se calificaba como salvaje la política de rellenos llevada a cabo en la bahía y se mencionaba especialmente a Puerto Sherry. Según aquel documento, "se destruirán y privatizarán unos bienes de dominio público de excepcional valor ecológico y paisajístico, en la línea desarrollista que destruyó gran parte del litoral en los años sesenta".

La empresa esgrime en su defensa siempre dos razones. Por un lado, la importancia del proyecto, que cuenta con una fuerta inversión y el consiguiente beneficio que ésta aportará a la comarca, y, por otro, que la legalidad les ampara. Cuentan con acuerdos y licencias concedidos por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Administración central y la autonómica. Precisamente él consejero de Política Territorial e Infraestructura del Gobierno andaluz, Jaime Montaner Roselló, insiste en que "las obras están dentro de la más estricta legalidad, aunque se pueden mejorar y evitar los impactos que la Administración ya ha tenido en cuenta".

Al ganar terreno al mar se ha perdido la playa de la Colorá. Según los informes manejados por los ecologistas, los efectos medioambientales irreversibles son varios. En primer lugar, la destrucción de 1.300 metros de acantilado, considerado de gran valor geológico y objetivo de múltiples estudios estratigráficos para el conocimiento y evolución de la bahía de Cádiz. Además, se añade la destrucción de los ecosistemas litorales.

Conclusiones similares a éstas están recogidas en documentos elaborados por la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

En ambos casos se daba la ubicación del río Guadalete como alternativa posible para este polémico proyecto.