El juez ordena la reapertura del proceso de la colza contra 10 altos cargos de UCD

Ismael Moreno, juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha ordenado la reapertura del proceso destinado a depurar las presuntas responsabilidades de 10 altos cargos de la Administración del Gobierno de la Unión del Centro Democrático (UCD) en el síndrome tóxico. Esta causa se había desglosado del sumario de la colza por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideraba que existían responsabilidades de estas autoridades que no estaban aclaradas, y que no querían retrasar más la conclusión del sumario principal.

El juez Moreno, sin embargo, sobreseyó las actuaciones el 26 de julio de este año, al poco de ser incoadas, y sin haber practicado ninguna prueba, según informaron los abogados Francisca Sauquillo e Ignacio Uriarte. El sobreseimiento de las actuaciones se realizó por entender el juez que no existían indicios de delito. Ahora, el mismo juez ha estimado los recursos que las acusaciones plantearon contra su propia resolución.La reapertura del proceso tiene especial importancia para las víctimas del envenenamiento, ya que en caso de ser condenado alguno de los miembros de la Administración, el Estado se convertiría en responsable civil subsidiario y debería hacer frente al pago de las indemnizaciones que se fijasen.

El magistrado considera en esta ocasión que no debió dictar auto de sobreseimiento de las actuaciones, sino de archivo, porque no se trataba de un sumario, sino de diligencias previas, fase anterior a la elevación a sumario. La diferencia, según reconoce el propio juez, es inoperante a efectos de recursos.

El otro motivo que ha inducido al juez a rectificarse a sí mismo es "el manifiesto interés" de las acusaciones en que "se lleve a cabo la práctica de algunas pruebas, aún no especificadas".

Dos meses después de haber decretado el sobreseimiento de las actuaciones, el juez aprecia "la posible falta de concreción sobre algún punto o extremo en las declaraciones prestadas por algunos de los acusados" y accede a las peticiones de los acusadores particulares "en aras a unas mayores garantías jurídicas" y para "llegar a una mayor perfección en la instrucción de la causa". El juez ha dado a las partes personadas en el proceso un plazo común de 20 días para que formulen las alegaciones que crean convenientes y soliciten diligencias de prueba.

Negativa anterior

Los altos cargos de UCD objeto de la investigación son Luis Valenciano, Roberto Conty, Guillermo Tena, Agustín Hidalgo de la Quintana, José Guilló, José Ramón Bustelo, Antonio Rúa, José Luis García Ferrero, José Manuel Rodríguez Molina y Antonio Bardón. Los procesamientos de varios de estos altos cargos fueron denegados en dos ocasiones por el juez de la causa principal, Alfonso Barcala. La primera tuvo lugar a principios de junio de 1983, y la segunda en noviembre del mismo año.

Los acusadores consideran que los altos cargos cometieron graves imprudencias en el control del mercado y en la comunicación al Ministerio de Sanidad de los fenómenos de adulteración y riesgo. El juez instructor precisó en aquel momento que era evidente "que en ninguno de los señores denunciados cabe apreciar conductas, por acción u omisión, de las que pudieran desprenderse incumplimiento de las obligaciones inherentes a los cargos que desempeñaban".