La errata misteriosa

DURANTE EL coloquio convocado la semana pasada por La clave para discutir el proyecto de ley de policía, la representante del Ministerio del Interior descalificó a los demás invitados -entre los que figuraban un magistrado, un profesor de Universidad, el secretario del Sindicato Profesional de la Policía y el inspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona- con el argumento de que sus contrincantes no habían leído el texto sometido a debate. El aire de chapuza que rodea a un proyecto cuya gestación ha durado casi tres años queda confirmado por la inverosímil errata que campaba en el proyecto de ley oficialmente difundido por el Gobierno y que ha sido posteriormente rectificada en la versión publicada por el Boletín Ofic¡al del Congreso.En su primitiva redacción, el proyecto atribuía a la Guardia Civil, entre otras reforzadas competencias, el desempeño de las funciones "encaminadas a evitar y perseguir el fraude fiscal y el contrabando en el territorio nacional y su mar territorial". En el texto del Boletín Oficial del Congreso esa frase se mantiene en su integridad, sin otra salvedad que la eliminación del adjetivo fical. Según han explicado fuentes del Ministerio del Interior, la inclusión del término ahora suprimido se debió a una errata, equivocación material usualmente asociada, sin embargo, no con la agregación de palabras a un texto, sino con su incorrecta transcripción. Cabría preguntarse, entonces, si esa interpolación figuraba en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. Renunciando a las interrogaciones retóricas, el sentido común daría por descontado que la famosa errata no es sino un procedimiento para rectificar uno de los errores políticos y técnico-jurídicos que salpican el proyecto elaborado por el Ministerio del Interior.

La forma políticamente más eficaz de reconocer la pifia perpetrada por el Ministerio del Interior al conceder a la Guardia Civil la prevención y la persecución del fraude fiscal hubiera sido promover una enmienda de su grupo parlamentario. Pero este Gobierno, salvo raras excepciones, y el Ministerio del Interior en particular, tienen a gala no reconocer sus errores. El resultado de esta práctica política conduce a que la nueva redacción, purgada de la supuesta errata, concedería a la Guardia Civil competencias ilimitadas en todo el ámbito nacional sobre prácticamente cualquier materia, convirtiendo en ficticia la especialización territorial que reservaba al Cuerpo Nacional de Policía la seguridad de las ciudades y a la Benemérita la vigilancia de las zonas rurales. En efecto, la nueva función de "evitar y perseguir el fraude" en todo el territorio nacional habilitaría a la Guardia Civil para intervenir por doquier, ya que el término fraude, despojado de calificaciones delimitadoras, es un concepto tan indeterminado y vasto que la Real Academia lo define como "engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño, generalmente material".

El descubrimiento de la Guardia Civil por el Gobierno de Felipe González le ha llevado no sólo a renunciar a sus antiguos proyectos de reforma del cuerpo (incompatibles con su dependencia del Ministerio de Defensa y con su Estado Mayor, creado por el franquismo), sino también a extender sus competencias mas allá de las establecidas por la ley de Policía de 1978 y de las que les fueron encomendadas por los ministros del Interior de los Gobiernos centristas. Al definir a la Guardia Civil como un "instituto armado de naturaleza militar" incluido entre los cuerpos de seguridad y como una "fuerza armada" en el cumplimiento de misiones militares, y al predicar su doble dependencia teórica -garantía de su autonomía práctica- del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, el proyecto de ley cancela la distinción establecida por la Constitución entre las Fuerzas Armadas (definidas en el artículo 8) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (regulados por el artículo 104). Los socialistas pierden así la ocasión histórica de sentar las bases legales para la unificación de las fuerzas de policía al mando del Ministerio del Interior y renuevan la lamentable confusión -dudosamente constitucional- sobre la híbrida naturaleza jurídica de la Guardia Civil, a caballo entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad.