Seis españoles en peligro

EL GOBIERNO de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una entidad estatal que no ha sido reconocida por España, pero que es miembro de pleno derecho de la Organización para la Unidad Africana (OUA), ha asumido finalmente la responsabilidad del ametrallamiento del que fueron objeto en las costas del banco sahariano el pesquero El junquito y la patrullera Tagomago a finales de la semana pasada. La nota contiene la trágica noticia de la muerte de un marinero e informa también de que los otros seis miembros de la tripulación permanecen en poder de los atacantes. Como es ya sabido, la agresión contra el Tagomago se saldó con un muerto y dos heridos. Aunque existían escasas dudas sobre la identidad de los atacantes, el comunicado oficial de los saharauis permitirá al Gobierno español caminar sobre seguro en su acción diplomática. La considerable demora con que se ha hecho pública la reivindicación del doble ametrallamiento puede deberse tanto a que los agresores desearan ganar tiempo para evacuar el lugar como al temor de reconocer su autoría en esa acción corsaria dirigida contra España.Antes de emprender viaje a México, el presidente González ha indicado que el objetivo prioritario del Gobierno español, previo a la adopción de otras medidas, es el rescate de los seis marineros de El junquito en poder del Frente Polisario. Sin duda, el logro de esta meta inmediata debe prevalecer sobre cualesquiera otras consideraciones, especialmente aquellas que sólo expresan gestos retóricos. No se puede instrumentalizar la vida de esos seis marineros por conveniencias de política interior. La prudencia desplegada por el presidente Reagan para conseguir la liberación de los ciudadanos norteamericanos secuestrados en Líbano puede servir de ejemplo a sus admiradores en nuestros pagos. Una vez que los seis tripulantes de El junquito hayan regresado sanos y salvos a territorio español, tiempo habrá para extraer enseñanzas de otro orden del doble ametrallamiento y para adoptar las líneas de acción exterior oportunas a fin de que nunca más pueda repetirse ese dramático acontecimiento.

Por lo demás, las falacias del comunicado del Ministerio de Información de la RASD son hasta tal punto evidentes que ahorran un análisis detallado. Para España, la criminal actuación de esas "unidades marinas del Ejército de Liberación Popular Saharaui" que atacaron a El junquito y al Tagomago se halla al margen de las normas básicas del derecho internacional y entra directamente en el dominio de la piratería. Los dos muertos ponen un contrapunto trágico a la hipócrita declaración según la cual, los agresores no tienen "nada en particular contra los españoles". Si el eventual rebasamiento de las 12 millas de distancia de la costa implica para nuestros pesqueros el ametrallamiento a manos de quienes disputan al Reino de Marruecos el dominio de hecho de un sector del antiguo Sáhara español, nadie en su sano juicio podría disfrazar esa amenaza con el lenguaje de la soberanía territorial. Finalmente, suscita un invencible rechazo moral que los agresores traten de endosar la responsabilidad de las muertes por ellos perpetradas a las propias víctimas, supuestamente merecedoras de su desgracia por el hecho de ponerse a tiro de los homicidas. Porque la afirmación de que "la negligencia" de la tripulación de El junquito al internarse en una "zona de guerra" unilateralmente declarada, o la imprudencia de armadores y Gobiernos al prestar oídos sordos a las advertencias del Frente Polisario, son los auténticos culpables de "exponer la vida de personas inocentes al peligro de muerte", blanco del ejercicio de la "legítima defensa" realizada por los saharauis, constituye un monumento a la hipocresía.