La ley general de Sanidad, una reforma a la inversa / y 2

En la exposición de motivos (párrafo tercero, capítulo II) del proyecto de ley se dice: "... por razones de crisis económica que no es preciso subrayar, no generaliza (el proyecto de ley) el derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones (del Sistema Nacional de la Salud), sino que programa su aplicación paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el proceso evolutivo de los costes"; y más adelante (primer párrafo del capítulo IV) se añade "La aplicación de la reforma que el proyecto establece" tiene que "adecuarse a las disponibilidades presupuestarias en lo que concierne al otorgamiento gratuito de las prestaciones del sistema a todos los ciudadanos". Se establece así una demora sin plazos y, por tanto, sin límites para la aplicación de la ley. No se fija para el Gobierno obligación alguna que asegure el futuro de la ley: ni una fecha, ni una cifra de asignación presupuestaria anual, ni mucho menos -en contra de lo que en la exposición de motivos se afirma- un programa de "aplicación paulatina". El texto es totalmente descomprometido. Se condiciona la práctica de la ley a circunstancias tan vaporosas y de tan subjetiva interpretación como "el proceso evolutivo de los costes" o "las disponibilidades presupuestarias". La virtualidad de la ley se remite así, sin más, a cuando el Gobierno quiera.

Oscuro misterio

El proyecto de ley general de Sanidad representa una desconocida, abusiva e intolerable forma de legislar: promulgar doradas promesas sin que nunca puedan ser exigidas.No hay datos, ni fechas, ni programas, porque el coste de aplicación de la ley está sumido en una profunda incertidumbre. Los ministerios de Economía y Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo estimaron cantidades muy diferentes -334.000, 150.000 y 129.000 millones de pesetas, respectivamente- y fue necesario constituir una comisión interministerial para, se dijo, acordar los criterios de evaluación. Pasmosamente, la comisión calculó el coste de la ley en otra cifra distinta y más baja -105.000 millones de pesetas-, sin reducir, empero, la amplitud de las prestaciones ofrecidas en el proyecto de ley. Así pues, un idéntico texto legal dio lugar a cuatro evaluaciones muy diferentes. ¿Cómo puede legislarse con tal radical desconfianza en la cifra del coste de la ley y, por tanto, en las posibilidades de atenderlo?

Además, a la incertidumbre se suma el sobresalto al advertir que importantes factores de gasto han sido omitidos en las evaluaciones ministeriales e interministeriales. Faltan variables tan influyentes como, por ejemplo, el incremento de la prevención médica, que genera gastos muy elevados y que el proyecto de ley proclama de forma máxima y absurda; el neodesarrollo sanitario regional que, sin duda, surgirá como consecuencia de la sanidad autonómica; el aumento en el número de médicos que se incorporen a los servicios públicos, etcétera.

En resumen, las previsiones ministeriales e interministeriales del coste del ejercicio de la ley general de Sanidad no pasan de ser unas cifras movedizas y con graves omisiones. Realmente, se desconoce en cuánto la ley aumentará el gasto sanitario en España, que en 1984 ascendió a la enorme suma de 1,35 billones de pesetas, equivalente al 5,5%, del PIB. Por consiguiente, el proyecto de ley general de Sanidad o, lo que es lo mismo, el establecimiento del Sistema Nacional de Salud, carece de expresión económica. Su ejercicio es, pues, un oscuro misterio. Y si a esta situación añadimos las limitaciones de recursos impuestas por el regresivo mecanismo de financiación (cuotas sociales), la práctica de la ley cae en la ficción.

En psiquiatría, promesas

Como reforma de la triste asistencia psiquiátrica actual, el proyecto de ley establece la llamada psiquiatría comunitaria, es decir, la asistencia a los enfermos mentales dentro de la comunidad. Su aplicación, sin embargo, será "de forma gradual y a medida que los recursos económicos disponibles lo permitan" (artículo 18). De nuevo el descaro de las esplendorosas promesas condicionadas a circunstancias, indefinidas e imprevisibles y no a claras obligaciones prefijadas. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Puede, en verdad, esperarse que la financiación por cuotas sociales permita reformar la asistencia psiquiátrica? Piénsese que el futuro Sistema Nacional de Salud no dispondrá, en proporción a la población que asista, de más dinero del que posee la Seguridad Social, y que ésta es financieramente incapaz de soportar la asistencia psiquiátrica, y mucho menos de acometer su reforma. ¿Cómo podrán cumplirse las promesas?El texto, por otra parte, que el proyecto de ley dedica a tan complejo y trascendente asunto es inconsistente. La instauración de la psiquiatría comunitaria constituye una empresa arriesgada y conflictiva. La corta experiencia extranjera -Estados Unidos e Italia- resulta aleccionadora, incluido el hecho de que sea tan corta. Naturalmente, debe acabar cuanto antes el internamiento generalizado y sistemático del enfermo mental como base de su asistencia en España. Pero las turbulencias que ha sufrido y sufre la asistencia psiquiátrica en Norteamérica y en Italia y las tribulaciones de una gran parte de los propios enfermos mentales liberados en dichos países advierten que el cambio es difícil e incierto. El comunista Jack Ralite, nada sospechoso de conservadurismo, declaraba en 1983, cuando era ministro de Salud en Francia: "... en la mayoría de los casos, en Italia, la persona cuya salud mental es un poco vacilante, en lugar de estar aislada en el hospital, lo cual es triste, se encuentra aislada en la sociedad, incluidos los suyos, lo que es todavía más triste". La experiencia italiana le hizo reflexionar mucho y, finalmente, abstenerse. En cualquier caso, la implantación de la psiquiatría comunitaria debe prepararse y ordenarse con sumo cuidado. Limitarse a enunciar -o a traducir del italiano- simples principios de adhesión a dicha psiquiatría, como hace el proyecto de ley, sin regular siquiera los puntos fundamentales y hasta ignorando si financieramente será realizable es una insensatez demagógica.

Otras muchas graves deficiencias aquejan al proyecto de ley, como el recorte radical de las competencias sanitarias de los Gobiernos autónomos, cuando la mejor garantía de una sanidad moderna para el conjunto del país es el afán sanitario regional; la desconsideración de la actitud del médico, decisiva para la eficiente asignación de los recursos sanitarios; la omisión de importantes derechos del enfermo; la consideración del enfermo como sujeto de deberes, en contra de todas las leyes y costumbres, etcétera. En fin, un proyecto de ley que conduce a una reforma a la inversa'.