El Gobierno boliviano impone el estado de sitio y detiene a 1.500 sindicalistas de la COB, entre ellos Lechín
El pueblo boliviano amaneció ayer bajo el estado de sitio, las ciudades bajo control militar y con la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) descabezada tras la detención, durante la madrugada del jueves, de sus principales dirigentes, entre ellos Juan Lechín, junto a otros 1.500 secretarios sindicales, en una acción gubernamental que pretende imponer el orden social para aplicar una nueva política económica de corte neoliberal. El Gobierno de Víctor Paz Estenssoro dictó, un mes después de su toma de posesión, el toque de queda entre las cero horas y las seis de la mañana, después de señalar la necesidad "insoslayable" de aplicar las medidas económicas necesarias para frenar una inflación que alcanza ya el 14.000%.
El Gobierno anunció que se vio obligado a tomar medidas de fuerza porque "no puede tolerar" la intervención de oficinas e instituciones públicas y menos la suspensión de elementales servicios a la comunidad. Las bases laborales anunciaron ayer su intención de continuar con la huelga hasta la libertad de sus dirigentes. El único miembro del comité ejecutivo de la COB que consiguió esconderse antes de ser detenido, Edgardo Vázquez, pidió a todos los trabajadores, a través de una emisora de radio, que continúen la huelga de hambre.Alrededor de 1.500 dirigentes sindicales en La Paz y unos 5.000 más en el interior del país estaban desde el pasado martes en huelga de hambre como extrema medida de presión para que el Gobierno modifique su política económica, considerada no sólo como "hambreadora", sino "saqueadora de los recursos del país".
El ayuno voluntario estuvo precedido por una huelga general iniciada hace 17 días en toda Bolivia y que paralizó a todo el sector productivo y al aparato estatal, a pesar de los grandes esfuerzos gubernamentales para romper la huelga, con amenazas de despidos masivos y posteriores intervenciones policiales y militares en las oficinas públicas.
La huelga había sido declarada contra la política económica aprobada el 29 de agosto pasado, que congela los salarios por un período de cuatro meses y libera los precios al juego de la oferta y la demanda, además de otras medidas, en un intento de frenar la hiperinflación y atacar las causas de la peor crisis económica de la historia de Bolivia.
Cuando la situación política y social parecía haber llegado a una difícil encrucijada en la- que no se veía una salida clara, la Conferencia Episcopal boliviana interpuso sus buenos oficios para llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociación La intransigencia de unos y otros impidió, no obstante, que se reanudara el diálogo hasta anoche, cuando dirigentes sindicales y representantes del Gobierno tuvieron un primer contacto en el que se sentaron las bases para una negociación. Sin embargo, los delegados sindicales no pudieron continuar con las negociaciones debido a que, según dijeron, no tenían facultades para seguir adelante mientras una reunión nacional de dirigentes no les autorizara a ello. El Gobierno consideró esta actitud como una maniobra dilatoria, "una burla", que estaría encubriendo algunos proyectos de mayores disturbios sociales, por lo que se optó por poner en vigencia el estado de sitio.
Hasta el momento, el Gobierno boliviano no ha informado sobre el paradero de los detenidos. Según la agencia Efe, el ministro del Interior, Reynaldo Peters, anunció ayer que varios de los detenidos han sido confirmados en puntos alejados del país.
Familiares de los detenidos se agolpaban ayer ante la base aérea de El Alto, en La Paz, para conocer el paradero de los sindicalistas arrestados. Un miembro de la COB aseguró que ya han salido desde el aeropuerto de la capital varios vuelos militares que trasladaban a los detenidos fuera de La Paz, probablemente hasta la localidad de Puerto Rico, en el departamento de Pando, cerca de la frontera con Brasil, donde el ex dictador Hugo Bánzer construyó un campo de concentración.
90 días de confinamiento
El confinamiento puede prolongarse, según la Constitución, durante 90 días, tiempo legal de duración del estado de sitio.Según un portavoz del Ministerio del Interior, por razones de seguridad, no se darán, por el momento, los nombres de los detenidos ni el lugar en que se encuentran. La decisión gubernamental fue duramente criticada ayer por dirigentes políticos de la oposición, que la consideran como anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos. Varios parlamentarios dijeron que en la reunión del Congreso, convocada para última hora de ayer, iban a pedir que se anule "la mordaza que se ha puesto al pueblo, que ahora tampoco puede reclamar por su hambre".
Mientras el Gobierno recibe una andanada de críticas, el movimiento laboral, que parecía muy debilitado al inicio de las huelgas, parece haberse fortalecido en la adversidad. Los pocos dirigentes de la COB que permanecen libres han pasado a la clandestinidad, desde donde probablemente dirigirán el movimiento obrero.
El Gobierno, entre tanto, ha ofrecido las más amplias garantías para que los trabajadores retornen a sus puestos. En La Paz, azotada por una ola de intenso frío, reina la tranquilidad y los comercios y bancos han abierto sus puertas.
