Solchaga afirma que el Gobierno no cederá en el recorte de los ingresos de las comunidades autónomas
El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afirmó ayer que el Gobierno no está dispuesto a modificar su propuesta para la financiación en 1986 de las comunidades autónomas, que, en opinión de la mayoría de éstas, recorta sus fondos. También el ministro de Administración Territorial, Félix Pons, afirmó que no se cambiará el sistema. Pons hizo esta afimación después de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, que está en desacuerdo con el Gobierno y ayer viajó a Madrid para tratar de negociar el recorte en lo que respecta a su comunidad.
Rodríguez de la Borbolla, que había sido precedido por varios consejeros y técnicos de su Gabinete, tenía previsto conversar en Madrid al menos con Solchaga, Pons y el vicepresidente, Alfonso Guerra, que preside el Gobierno en ausencia de Felipe González. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales indicaron que no se había producido más que la entrevista con Pons, e incluso un portavoz de Administración Territorial indicó que esta entrevista no era siquiera un contacto oficial. Según fuentes oficiales de Presidencia y Economía, ni Guerra ni Solchaga tenían previsto recibir a Rodríguez de la Borbolla.Sin embargo, en medios socialistas se interpreta que el presidente andaluz y los demás gobernantes del PSOE llevan con gran discreción estas entrevistas en Madrid, entre otros motivos para no sentar un precedente ante el resto de las comunidades en desacuerdo con la propuesta de financiación del Gobierno central. En este sentido, fuentes de la Junta de Andalucía indicaron que el Gobierno andaluz está dispuesto a hacer frente a actitudes demagógicas de los gobernantes nacionalistas de otras comunidades, siempre que el Gobierno central acepte una negociación encaminada a subsanar los errores técnicos que, en opinión de la Junta de Andalucía, contiene la propuesta de Solchaga. El propio Félix Pons insistió, tras conversar con Rodríguez de la Borbolla, en que las desavenencias son "técnicas y no políticas".
El coste de los servicios
La contrapropuesta andaluza acepta la renuncia por parte autonómica al beneficio del llamado efecto financiero -aumento de los ingresos de las comunidades al subir la recaudación del Estado-, si se admite que el crecimiento de los costes de los servicios traspasados a las comunidades ha sido superior, por el propio desarrollo de los servicios, al aumento calculado por el Gobierno.La Junta de Andalucía entiende que si no se considera ese crecimiento, la comunidad andaluza deberá endeudarse en unos 10.000 millones de pesetas, de los que unos 6.000 son necesarios sólo para mantener el pago de las nóminas del profesorado público. El criterio de la Junta es que, de mantenerse la propuesta central, el déficit público no se recortaría como pretende Economía y Hacienda, sino que simplemente se trasladaría a las comunidades autónomas.
El propio Solchaga, que hoy informará a la Ejecutiva del PSOE sobre la cuestión, dijo ayer que, pese a la "retórica" con que se protesta contra el recorte de ingresos, la mayoría de los organismos autónomos está en el fondo de acuerdo con la fórmula gubernamental. En la reunión, celebrada el pasado día 6, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, seis representantes de las comunidades votaron a favor de la propuesta del Gobierno, otros seis lo hicieron en contra y cuatro se abstuvieron. El ministro de Economía añadió que el Gobierno desea que la fórmula definitiva de financiación de las comunidades esté aprobada en 1986, para aplicarla desde 1987.
También el portavoz del PCE, Andreu Claret, expresó ayer la preocupación de su partido por lo que considera una "radicalización" de la cuestión autonómica, debida, "más allá de los intentos de instrumentalización por parte del PNV y Convergència", a la "política cicatera del Gobierno" en cuanto a la financiación.
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