Cerco al 'apartheid'
La represión ya no sirve al presidente Botha, cada vez más aíslado, para contener la marea de las reivindicaciones negras
CARLOS MENDO ENVIADO ESPECIAL "Una vez que ha perdido la oportunidad de convertirse en estadista, el State president (presidente de la República) no tiene otra salida que no sea entregar su cargo a personas más capaces y dimitir. Todos aplaudirán esta decisión". Esta afirmación no procede de ninguna organización extremista, surafricana, ni siquiera de alguno de los pocos líderes negros moderados que todavía no han sido encarcelados por el régimen de Pretoria. Por el contrario, forma parte de un editorial que, con el título Botha abandona, publica esta semana la respetada revista Financial Mail, de Johanesburgo, portavoz oficioso de la comunidad financiera de Suráfrica, y refleja un estado de opinión ampliamente extendido en los círculos industriales y políticos de Suráfrica, que se refleja casi cotidianamente en los editoriales y en las cartas de los lectores a los periódicos.
Como en el mito de Saturno, pero a la inversa, Botha puede acabar siendo devorado por sus propios hijos; en este casa, su tímido programa de reformas, iniciado con la aprobación de una nueva Constitución y la instauración de un sistema parlamentario tricameral, en el que por primera vez tomaron asiento los representantes de la comunidad mestiza o coloured, compuesta por 2.500.000 de personas, y asiática, principalmente india, formada por 870,000.
El pequeño problema de la nueva Constitución surafricana es que la abrumadora mayoría de la población, compuesta por 23 millones de negros, seguía sin representación política de ninguna clase y sin ningún acceso a los centros de decisión del poder político. A los aproximadamente 12 millones de negros urbanos, confinados en los guetos que rodean las grandes ciudades blancas y separados de ellas por una franja de seguridad o tierra de nadie, se les continuaba excluyendo de los mecanismos de decisión de su propio país y sólo se les concedía una participación en los asuntos municipales de las townships o ciudades negras. Con este planteamiento, no es de extraflar que en las elecciones municipales de esas ciudades la participación no excediera del 15 % del electorado.
EI resto de la población negra, otros 12 millones aproximadamente, había sido establecido, en la mayoría de los casos con traslados forzosos de la población, en los llamádos homelands oestados nacionales y, por tanto, según la teoría del régimen de Pretoria, no eran ciudadanos de Suráfrica, sino de sus respectivos estados nacionales. La teoría se vino abajo por razones externas e internas. Ni uno solo de los cuatro homelands -Ciskei, Transkei, Bophuthatswana y Venda-, que cuentan con sus propios Gobie- rnos y fuerzas de policía, ha sido reconocido por la comunidad internacional, que ve en ellos un intento más de Pretoria de igualar en cifras de población a los blancos, mestizos e indios con los negros.
Un plan fallido
Internamente, el plan de des arrollo de los bantustanes se derrumbó cuando el ministro principal de Kwazulu y líder de la poderosa nación zulú, jefe Gatsha Buthelezi, con un seguimiento de seis millones de zulús y una organización política -Inkhata- de un millón de afiliados, aceptó la autonomía, pero no la seudoindependencia que se le ofrecía. "La nacionalidad surafricana -no es negociable", declaraba Buthelezi en una entrevista con EL PAIS, en su capital de Umtuli, el pasado abril.
A pesar de algunas medidas para dulcificar el régimen de apartheid que acompañaron a la nueva Constitución, como la suspensión de los traslados forzosos, la anulación de la ley que prohibía los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre personas de distinto color, y la posibilidad de que los negros tuvieran acceso a la propiedad de sus casas, la puesta en marcha de la nueva Constitución, en 1983, se convirtió en un catalizador de sentimientos y movimientos contra el Gobierno.
De una parte, provocó una escisión en el Partido Nacional, compuesto casi exclusivamente por afrikaners y en el poder desde 1948, encabezada por un ministro de Botha, el doctor Andries Treurnicht, que fundó el ultraderechista Partido Conservador y que en la actualidad cuenta con 18 de los 178 diputados que forman la Cámara Blanca del Parlamento de Ciudad del Cabo. Para Treurnicht, que el miércoles pidió la dimisión de Botha por blando en la represión de los disturbios raciales que asolan a Suráfrica desde hace más de un año, y que han producido hasta ahora más de 675 muertos -de ellos, sólo cuatro blancos-, -las reformas constituyen una amenaza a la supremacía blanca y una traición a la cultura y a.la tradición afrikaners.
Empleando una terminología típicamente nazi, Treurnicht aprovecha cada discurso para hablar de la "defensa de la raza" y prevenir a un electorado principalmente rural y simplista en las antiguas repúblicas boers del Transvaal y del Estado libre de Orange sobre "el genocidio blanco" que se puede producir si el Gobierno sigue adelante con su política.
Por su parte, la oposición liberal blanca, principalmente de habla inglesa, encabezada por los líderes del Partido Federal Progresista, el doctor Frederick van Zyl ,Slabbert y la veterana luchadora antiapartheid Helen Suzman, denunciaron la nueva Constitución como un intento del Gobierno para perpetuar el sistema racista y entronizarlo en la Constitución. "Por lo menos, antes", declaró a EL PAIS en abril el doctor Van Zyl Slabbert, "el apartheid era un rosario de decisiones administrativas, pero a partir de 1983 forma parte de la Constitución".
En el otro lado del espectro político, el sistema tricameral introducido provocó el nacimiento del Frente Democrático Unido, una organización multirracial compuesta por más de 200 asociaciones religiosas, estudiantiles y sindicales, originalmente fundada para hacer campaña contra la nueva Constitución y que de hecho se ha convertido en la organización más activa de las todavía no declaradas fuera de la ley en la lucha contra el apartheid.
La preocupación del Gobierno por las actividades del Frente Democrático Unido queda demostrada por el hecho de que la mayoría de sus dirigentes se encuentra en la cárcel, incluido el doctor Alan Boesak, presidente del Consejo Mundial de las Iglesias Reformadas y anfitrión del senador Edward Kennedy en su visita a Suráfrica a principios de año. Boesak fue detenido a finales de agosto por intentar organizar una manifestación de apoyo a Nelson Mandela, el dirigente del African National Congress (ANC), que cumple cadena perpetua desde hace 23 años, por lo que el Gobierno considera actividades subversivas.
El Frente Democrático Unido comparte con el African National Congress, prohibido en Suráfrica, el deseo de conseguir un Estado unitario en el que cada ciudadano tenga un voto, deseo que constituye anatema para la mayoría de la población afrikaner, para quienes en África, el sistema de un hombre, un voto hay que entenderlo como un hombre-un voto-una vez.
El sobresalto económico
En este contexto político, la prosperidad de la población blanca, asentada sobre la baratura de la mano de obra, se ha visto sacudida por la crisis del rand, que obligó al Gobierno a anunciar el pasado domingo una suspensión durante cuatro meses de la deuda externa de Suráfrica. Ha sido la caída de la moneda, y no los disturbios raciales, lo que ha causado un mayor impacto entre los integrantes de la población blanca, quizá porque por primera vez la situación política está afectando a su economía particular.
Y una vez más todas las críticas se dirigen contra el presidente Botha, a quien se acusa de no haber previsto a tiempo la gravedad de la situación económica. El régimen de Pretoria, que tiene su aparato de seguridad intacto y que explota a su favor ras disensiones tribales y políticas evidentes entre la población negra, no va a caer de la noche a la mañana. Hay que recordar que en Zimbabue, lan Smith, con unos medios infinitamente inferiores a los de Suráfrica, aguantó durante 17 años el bloqueo internacional.
Pero lo que sí parece evidente es que la cuenta atrás ha comenzado en este país y que hay mucha gente que ya se prepara a dialogar con algunos de sus líderes futuros. Prueba de ello es que una delegación de las más importantes compañías surafricanas se dispone a entrevistarse esta semana en Lusaka, la capital de Zambia, con una representación del African National Congress, que estará encabezada por el presidente del ANC en el exterior, Oliver Tambo. Y el Gobierno norteamericano, que retiró a su embajador de Pretoria a raíz de la última incursión de las fuerzas armadas surafricanas en Botsuana, ha hecho saber de forma inequívoca a Bothaque el African National Congress tiene que estar incluido en cualquier futura negociación sobre los destinos del país.
