Los políticos catalanes afrontan de nuevo la polémica sobre la ordenación territorial

El proyecto de ordenación territorial de Cataluña y la revisión de las cláusulas de financiación de la autonomía catalana, que debiera efectuarse durante el año en curso para cumplir con lo prescrito en el Estatuto de Autonomía, son los dos principales asuntos que deberán afrontar los políticos catalanes, que hoy reanudan su actividad tras las vacaciones. El primero ha provocado ya una viva polémica entre los partidos y el segundo ha sido calificado como el más importante para el Gobierno catalán por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que ayer dio por finalizado su descanso estival. Para preparar el curso político se reúnen hoy los comités ejecutivos de Convergencia Democrática y del partido socialista.

El conseller de Gobernación, Macià Alavedra, adelantó el pasado día 14 las grandes líneas en que se basa el anteproyecto de ley de ordenación territorial que su departamento está preparando. Alavedra anunció que este borrador prevé el restablecimiento de la división comarcal de la época republicana, pero descarta la institución de unas demarcaciones superiores, denominadas vegueries, que la tradición del catalanismo político reclama como idóneas para sustituir a las provincias.El anuncio de Alavedra ha provocado la inmediata réplica de los demás partidos. Antoni Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUC, ha dicho que se trata de un proyecto "tímido" que rehúye entrar en el problema de fondo, la supresión de las provincias, y agregó que ello constituiría una "irresponsabilidad histórica" de CiU.

Albert Alay, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que forma parte del actual Gobierno de la Generalitat junto a CiU, calificó de "cobardía" y de "bajada de pantalones" la aceptación de la división provincial anunciada por Alavedra.

El conseller Macià Alavedra declaró ayer, a propósito de estas críticas, que no va a dejarse arrastrar a "polémicas prematuras" ni a impresionarse por los calificativos "truculentos", y reiteró que esta cuestión "se intentará consensuar con todos los grupos parlamentarios para lograr un acuerdo como el que se obtuvo en la ley de la Función Pública".

En vista de la dureza de las reacciones, Pujol afirmó el sábado por la noche, en conferencia de prensa, que una de sus primeras gestiones al reincorporarse a su despacho será tratar de este asunto con Heribert Barrera, secretario general de ERC. Los republicanos defienden, como el PSUC, una propuesta, de supresión de las provincias catalanas mediante la conversión de Cataluña en provincia única, como se ha hecho con las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja, Asturias, Murcia y Santander.

Según esta propuesta, la ordenación territorial y administrativa de Cataluña quedaría compuesta por tres niveles: los municipios, 58 comarcas y siete vegueries, que, aproximadamente, corresponderían a la partición en dos de las provincias de Tarragona, Lérida y Barcelona. Gerona sería una vegueria.

Necesario apoyo socialista

Esta propuesta sólo puede prosperar si CiU acepta aprobar en el Parlamento catalán, en el que dispone de la mayoría absoluta, una proposición de ley orgánica a presentar en las Cortes Generales, a quienes corresponde cualquier alteración de mapa provincial, donde, a su vez, sólo puede prosperar con el voto de la mayoría absoluta de que disponen los socialistas.

Alavedra anunció que su partido no apoyará una propuesta de este tipo si no cuenta con el apoyo de los socialistas. En el debate donde el conseller efectuó esta afirmación, el socialista Joaquim Nadal, alcalde de Gerona, acusó a Alavedra de ocultar la realidad, que, según afirmó, no es otra que la negativa de los sectores de CiU situados en las diputaciones a aceptar su desaparición. Nadal dijo que este problema existe también en su propio partido.

Por otra parte, los principales dirigentes de CiU han dado ya por hecho que este año no va a llevarse a cabo la revisión de las cláusulas de financiación del Estatut, pese a los esfuerzos que desde el verano pasado han prodigado para conseguirla. Pujol ha dicho en sus primeras declaraciones tras las vacaciones que éste es el primer problema del Gobierno catalán, pero añadió que no queda ya tiempo para resolverlo durante este año.

Excusas del Gobierno central

El presidente del Parlament, Miquel Coll, que es también máximo dirigente de Unió Democrática de Catalunya (UDC), el partido democristiano que forma la coalición CiU junto a Convergència Democrática (CDC), dijo que "el Gobierno central ha dado una excusa que en mi opinión no es válida: que la implantación del IVA modifica el sistema financiero del Estado". Según Coll, los precedentes de la aplicación del IVA en otros países hubieran podido resolver este inconveniente. En su opinión, deberán arbitrarse medidas entre el actual sistema de financiación y el definitivo.

El presidente de la Generalitat Jordi Pujol destacó, en la conferencia de prensa, a preguntas de los periodistas los tres temas mas conflictivos a los que se enfrenta su Gobierno: "En primer lugar", dijo, "está la financiación de las autonomías; después la financiación de la sanidad; y, en tercer lugar, la organización territorial de Cataluña". En relación a estos temas, Pujol desmintió rotundamente que existiera la posibilidad de disolver el Parlamento si no se llegaba a un acuerdo. En cuanto a la posibilidad de plantear la reforma del Estatuto, Pujol añadió que en cuanto haya terminado el plazo de seis años para su total desarrollo, "si no se han terminado todas las transferencias, de común acuerdo con el presidente del Gobierno central, Felipe González, recurriremos al Tribunal Constitucional".