Pinochet, frente a una nueva tormenta política

El régimen militar chileno, que cumplirá el mes próximo la respetable edad de 12 años, ha tenido que recurrir al sacrificio de uno de sus principales gestores para intentar sortear una crisis que se anuncia como una de las más peligrosas para la continuidad del proyecto militar.El tema de los derechos humanos, central en el discurso de la oposición durante la larga década de dictadura, ha causado su primera baja importante en las altas esferas del poder: el general César Mendoza, jefe de los carabineros y uno de los principales golpistas de la primera hora, quien alcanzó la jefatura de su cuerpo destitu- yendo a siete generales que le precedían y que eran leales al régimen constitucional del presidente Salvador Allende.

Mendoza es el primer alto jerarca del régimen militar derribado por un asunto de derechos humanos. Ningún jefe militar o ministro civil había sido hasta ahora destituido por el "combate a la subversión", como se denomina la guerra sucia chilena.

La única excepción fue el relevo del jefe de la policía secreta (CNI), general Manuel Contreras, en 1978, debido al escándalo internacional desatado tras el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier, ocurrido en septiembre de 1976 en Washington.

El ejemplo de Manuel Contreras y ahora el de Mendoza, dos grandes colaboradores del general Augusto Pinochet en la dura tarea de eliminar a la oposición, muestra que ningún precio es demasiado para el mantenimiento del poder en manos del reducido grupo de generales que lo detenta desde 1973.

Pero los tiempos ya no son los mismos. Cuando Augusto Pinochet , removió a Contreras del mando de la temible policía secreta, el país vivía el espejismo de un espectacular crecimiento económico, el régimen estaba en plena consolidación y los grupos opositores tomarían aún varios años para recuperar su capacidad de convocatoria.

El momento político actual es mucho más crítico.

El régimen agotó la opción de recurrir al estado de sitio -medida suprema invocada en noviembre pasado para acabar con una creciente ola de protestas-, enfrenta serias dificultades económicas y debe ahora manejarse con tiento para evitar el progresivo y casi inevitable éxodo de una derecha política cada vez más ávida de un cambio político que les devuelva el protagonismo que siempre tuvieron.

La pugna secreta

La caída de Mendoza, en ese marco, tiene más un significado militar que político. Pinochet ha tomado una opción dolorosa, que resistió hasta el último minuto. Informes filtrados desde La Moneda, el palacio de gobierno chileno, aseguran que poco después del triple asesinato de dirigentes comunistas que finalmente provocaría la dimisión de Mendoza, éste advirtió a sus colegas de la Junta de Gobierno y al propio Pinochet que no aceptaría que se cargara públicamente las culpas a personal de su cuerpo.

Su tesis era que, aunque los autores materiales de la brutal degollina eran policías, el hecho se enmarcaba en una acción represiva global de la que es responsable el conjunto de las fuerzas armadas. "Si se insiste en acusar solamente a los carabineros, nuestra fuerza se retirará del Gobierno", habría amenazado Mendoza.

Los cuatro meses que siguieron mostraron la pugna abierta al interior del Gobierno entre los que querían a toda costa ocultar a los autores y los que pensaban que era mejor sacrificarlos para calmar la presión interna e internacional.

Incluso la policía secreta (CNI), rival de los carabineros en la tarea represiva, colaboró en la investigación del crimen. Seis meses antes, el cuerpo de espionaje propio de los carabineros, el DICAR, había sido reforzado y transformado en el DICOMCAR, la organización que resultó responsable del triple degollamiento y que ahora ha sido disuelta por el nuevo jefe policial, el general Rodolfo Stange, en un intento de lavar la cara de los carabineros, excesivamente identificados con la represión directa.

El triunfo, una vez más, ha estado en manos de Pinochet, partidario, siempre que no es posible ocultar un crimen, de aislar a los responsables directos, cortar todas sus vinculaciones con instancias superiores y entregarlos a la justicia con estrictas instrucciones de no involucrar al régimen.

El resultado permite a Pinochet mostrar al mundo que en su país los crímenes son castigados, y a sus partidarios, que aún pueden seguir confiando en el régimen.

Además, la CNI, dirigida por un general del Ejército que responde personalmente a las órdenes de Pinochet, ha salido fortalecida e incluso prestigiada, gracias a la colaboración que prestó al juez en el caso de los tres degollados.

Sin embargo, fuentes políticas chilenas estiman que el nombramiento de Rodolfo Stange, el anterior número dos del cuerpo, no fue de pleno agrado de Pinochet y que resultó una imposición de última hora del cuerpo de generales de carabineros, el que amenazó con renunciar en bloque si no se aceptaba a Stange como sucesor de Mendoza.

Stange, un luterano de 60 años, de origen alemán, es políticamente más independiente de Pinochet que Mendoza -quien fue siempre considerado e incluso caricaturizado como incondicional del dictador chileno-, y en cambio más cercano a la línea del jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta, Fernando Matthei, también luterano y descendiente de alemán, quien se ha manifestado públicamente partidario de un más acelerado proceso de transición a la democracia.

En su discurso al aceptar la dimisión de Mendoza, Pinochet fue muy claro para advertir a la oposición que no aceptará ningún aprovechamiento político del escándalo y que tomará las medidas más drásticas que sean necesarias para mantener "el orden y la tranquilidad públicas".

Comprobar la verdad

En los días siguientes, los opositores tuvieron la oportunidad de comprobar la verdad de estas amenazas al ser reprimidas sus manifestaciones con la brutalidad acostumbrada, ser detenidos y enviados al destierro interno 14 dirigentes de organismos populares -en su mayoría comunistas- y ser secuestrada por 24 horas una psicóloga de 27 años en un operativo similar al que resultó en la muerte de los tres comunistas. El secuestro fue visto como una advertencia, sobre todo si se recuerda que la joven ya había sido secuestrada meses antes por el mismo grupo, que la familia identificó como de carabineros.

. El mensaje es evidente. El régimen, aislado y limitado en sus opciones, advierte a la oposición que nada fundamental ha cambiado y que aún tiene la fuerza para imponer su proyecto militar, frente a la mayoría que quiere democracia y libertad.