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La lucha contra el fraude fiscal

La geografía del impuesto

F.M. Las declaraciones efectuadas el pasado año por renta y patrimonio parecen querer demostrar que España es un país de austeridad espartana y con una igualdad en lo económico superior a la de Suecia. Hacienda sabe que hay muchos que le engañan y por eso ha orientado sus programas de inspección de una forma selectiva.

El plan iniciado este segundo semestre pretende controlar en tres años el total de las empresas (500) de más de 5.000 millones de pesetas de facturación anual y entre el 30% y el 75% de las restantes. Asimismo está previsto investigar a 34.449 grandes empresarios (el 35% del total), 137.000 medianos y 516.738 pequeños industriales. Treinta mil rentistas, 292.500 agricultores, 292.500 profesionales y 3.000 rentas del trabajo están también en el punto de mira.

La labor inspectora ha detectado en los primeros seis meses del año 101 millones de deuda tributaria, una cantidad mínima si se la compara con la magnitud del fraude, a pesar de que representa un aumento sobre períodos anteriores. En 1984, el total ascendió a 176 millones, un 70% más que dos años antes.

Hacienda ha definido como ricos a quienes obtienen un rendimiento anual por su capital mobiliario superior a cinco millones de pesetas o más de tres millones por el capital inmobiliario. En cuanto a patrimonio, se incluyen en esta categoría a los que poseen bienes rústicos por valor superior a 50 millones de pesetas, urbanos o mobiliarios de más de 100 y a los restantes cuyo patrimonio conjunto supere los 150 millones. Estos VIP fiscales (very important persons) por las rentas generadas son sólo 14.226, mientras que por patrimonio no llegan a la cuarta parte. Todos ellos serán investigados.

La provincia de Ávila tiene 175.000 habitantes, 134.411 fincas urbanas, 13.248 licencias fiscales de industrias y comercios, 1.272 de profesionales, 35.000 teléfonos, 9.796 asegurados como autónomos, 6.865 centros de trabajo y 20.378 declarantes de la renta. En toda la provincia hay ocho ricos por los rendimientos de su capital y tres por el valor de su patrimonio. En Avila presentan declaración de la renta 113 personas de cada 1.000, frente a 218 en Barcelona, 244 en Madrid y 249 en Zaragoza. Por contra, en Pontevedra sólo lo hicieron 72, y en Badajoz, 98. La media nacional es de 182 declaraciones por cada 1.000 habitantes.

Ávila es sólo un ejemplo de una pauta fiscal desconsoladora. En España, 1.293 municipios ofrecen un saldo de menos de 10 declaraciones de renta. En Madrid, la provincia con mayor número de declarantes, aunque en población le supera Barcelona, 487 empresarios declaran ingresos superiores a 50 millones anuales. Frente a los 2.603 profesionales que hicieron constar ingresos brutos de más de seis millones de pesetas, otros 34.966 no llegaron a un millón y medio.

Hacienda ha clasificado a los contribuyentes en base a su importancia económica y a la actividad preferente que realizan. El centro informático ha elaborado un programa que permite analizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en cada localidad. Este manual de geografía impositiva incluye las empresas registradas en cada pueblo o ciudad, los vehículos matriculados y los nombres de sus propietarios, las sucursales bancarias, las fincas urbanas, las licencias fiscales de industrias, comercios y profesionales, los teléfonos, los trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social y el registro de centros de trabajo.

La comparación con las listas de declarantes ofrece ausencias abrumadoras. En septiembre, 500 agentes tributarios, un personal laboral contratado ex profeso, iniciará "un peinado calle a calle" para localizar a los ausentes, comprobar la identificación correcta de industrias y comercios y para anotar otros datos de ínterés fiscal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de agosto de 1985