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La lucha contra el fraude fiscal

En busca del contribuyente perdido

Hacienda elabora planes informáticos para localizar los ocho billones de pesetas que se ocultan al fisco

Todavía ahora, casi siete años después de la reforma fiscal, los españoles esconden a Hacienda más de la mitad de lo que ganan. En 1984 los contribuyentes declararon, por renta al fisco 7,5 billones de pesetas, pero ocultaron ocho. Dicho así parece como si todos fuéramos igual de culpables, pero los defraudadores tienen nombre y apellidos. El único problema es que Hacienda aún no los conoce. La Administración fiscal tiene dos objetivos: saber quiénes declaran de menos y localizar a aquellos que eligieron el rentable riesgo de permanecer emboscados. La filosofía es muy simple: si se sabe ya que en determinada localidad hay 20 médicos, 300 negocios... y declaran muchos menos, ¿por qué no ir a visitarlos y anotar sus nombres y apellidos?

La Regada de la democracia trajo una nueva regla del juego: la de contribuir cada uno de acuerdo a su nivel de ingresos. Se trata de una práctica que ha ido entrando poco a poco, aunque muchos han quedado en orsay. En 1978 se presentaron 2.864.000 declaraciones por renta y patrimonio, mientras el pasado año sumaron 7.350.000. En total, por todos los impuestos se hacen más de 10 millones de declaraciones que corresponden a 12 millones de contribuyentes individualizados. Sin embargo, faltan por controlar 3,5 millones de ciudadanos con obligación de dar fe de sus ingresos. Un país como España, en el que se producen casos como el del médico de prestigio que pone precios diferentes a la prestación de sus servicios, según se le exija o no factura, es buena muestra de que defraudar no es para la sociedad expresión de conducta antisocial. "Aquí aún se acepta como normal", comenta un alto responsable de Hacienda, "algo que en Estados Unidos o en Europa es simplemente un. delito criminal".Los impuestos declarados proporcionaron al Estado el pasado año 1,1 billones de pesetas. Como los contribuyentes ocultaron algo más de la mitad de sus rentas, cabe deducir que las arcas del Tesoro dejaron de percibir más de lo cobrado. Es decir, una cifra muy próxima al déficit público anual, que se eleva a 1,3 billones. Quizá más si se tiene en cuenta que la mayor parte de las rentas clandestinas son altas o hubieran elevado el tipo medio de tributo.

Ante este círculo vicioso para Hacienda de tener números rojos por los pagos a la vez que ingresos morosos o incobrables, la inspeccíón fiscal ha puesto manos a la obra. Desde hace años se viene dotando de un inquietante equipo informático que ahora mismo tiene capacidad para almacenar 10.000 millones de datos, lo que da una media de 833 datos por cada contribuyente. Esa memoria gigante, en la que trabajan 2.100 personas para suministrarle informaciones y extraer luego sus enseñanzas, está repartida entre las distintas provincias y el Centro de Proceso de Datos, en Madrid,

Todos pasan por la UPI

Las declaraciones presentadas en cada provincia son tratadas separadamente. Los datos de identidad y el resumen económico contenido en la carta de pago son introducidos en el ordenador de cada Unidad Provincial de Informática (UPI). Automáticamente, el cerebro electrónico elabora una declaración paralela. Cuando esa paralela no coincide con las cifras que refleja el contribuyente -casi siempre por diferencias a favor del Estado- se cumple la primera condición para iniciar las comprobaciones. Los disentimientos pueden dar pie también a la acción inspectora, y en caso extremo al envío del expediente a los tribunales por si estimaran la existencia de delito. No siempre que se produce una discrepancia actúa Hacienda, porque el principio de economicidad y lo limitado de sus efectivos la impulsan a concentrar el trabajo allí donde espera conseguir más beneficios que gastos.

Los datos resumen de cada contribuyente pasan a final de año al centro de proceso de datos, a la Unidad Central de Información (UCI), donde se hace un nuevo rastreo (la segunda páralela) y se elabora la cuenta corriente fiscal del contribuyente con los datos que él mismo proporciona. Por eso Hacienda, desde hace un año, ha empezado a hacer acopio de datos significativos como los que proporcionan las transmisiones patrimoniales, la adquisición de automóviles, la lista de teléfonos (hay municipios que tienen más del doble de teléfonos que contribuyentes), las relaciones de inscritos en colegios profesionales y otras asociaciones...

La Administración fiscal pre- tende conocer a los agentes del fraude y por eso elabora sofisticadas simulaciones informáticas que den pie a localizar a los ocultos y ampliar el censo de contribuyentes. Se trata de comparar lo que uno dice que gana "con los datos que otras personas declaran de él", con lo que Hacienda consigue de fuentes no tributa- rias, y comprobar si ingresos y gastos guardan entre sí la debida coherencia.

El dinero siempre habla

Los análisis demuestran que la mayor parte de lo que al fisco se le escapa corresponde a determinados colectivos: empresarios, profesionales y agricultores. Los asalariados en conjunto -declaran 62,5 pesetas de cada 100 que reciben, mientras el resto no llega a 25. No se trata, como dice José Damián Santiago, subdirector general de Rentas y Patrimonio, "de que tengan unos cromosomas especiales que los inciten al fraude; es que lo tienen más fácil". Hay un factor psicológico que se vuelve en su contra, y es tener que pagar sus impuestos netos, mientras el asalariado sólo paga diferencias, porque se le ha retenido de antemano.

Efectivamente, el dinero siempre tiene más recursos. Primero está esa economía negra, desarrollada por personas sumergidas por debajo del alcance de las sondas fiscales. Nueve billones de pesetas invertidos en pagarés del Tesoro están exentos de control, un privilegio de Hacienda para financiar más cómodamente el déficit público. Cada vez con más frecuencia los grandes ejecutivos, para evitar en parte la presión de los impuestos, negocian una parte de su salario en especie. Y también están las facilidades de la ley. Las disminuciones patrimoniales y otras operaciones financieras dan un margen de maniobra. Los profesiona-

En busca del contribuyente perdido

les, aparte de la dificultad de controlarlos, tienen a su favor el bajo porcentaje para fijar la base imponible. Una farmacia puede obtener 20 millones de ingresos en un año, pero ese farmacéutico sólo tiene que pagar impuestos sobre una base inferior a dos millones. En círculos financieros de Madrid se comenta en voz baja que algún banquero y otros personajes de fortuna han presentado impecables declaraciones negativas.El control hacia esos colectivos va a ser más minucioso y exhaustivo, porque en opinión del director general del Centro de Proceso de Datos, el sancta sanctórum de la informática fiscal, Rafael Sagrario, un inspector tributario reciclado en controlador, "justicia también es tratar distinto a los que son diferentes". La mayor parte de los efectivos va a dedicarse a ello, y por cada inspección que se realiza a los rendimientos del trabajo se investigan 50 de otras rentas.

El nuevo impuesto sobre el valor añadido (IVA), que entrará en vigor el 1 de enero próximo, va a ser una fuente de información de valor incalculable. Sin embargo, en la inspección de Hacienda hay preocupación porque todo depende de lo que al final determine el reglamento del impuesto. Si el comerciante o empresario, al certificar el IVA, identifica, junto a sus compras y ventas, sus proveedores y clientes, no habría problema y el control de las empresas marcharía sobre ruedas. Pero ahí está el fondo de la pelea.

El objetivo del ministerio, dice el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, "es hacer fácil el pago de impuestos y ponérselo muy caro y difícil a los que intentan defraudar". Los planes informáticos van orientados a agilizar al máximo la gestión del cobro de impuestos y liberar para tareas investigadores un 40% del efectivo de inspectores, dedicado hasta ahora a recaudar.

Los responsables del Centro de Proceso de Datos opinan que "al final el dinero siempre habla". Sólo hace falta seguir el rastro que deja, porque los signos externos son el fallo que a veces impide estar fuera de control. De esta dirección general depende el control de rentas y patrimonio, la subdirección que elabora programas específicos para determinadas provincias y la que recopila y ordena los datos que proporcionan las aduanas, los impuestos especiales y el tráfico de divisas.

El cruzado mágico

Todos estos datos proporcionan listas valiosísimas, porque cada partida de exportación, cada adquisición de un coche de lujo importado, cada crucero de placer, cada salida al extranjero en viaje de negocios deja tras de sí un nombre propio. En Hacienda se insiste en que la acumulación de datos tiene unos límites marcados por la ley y que el único objetivo es poseer información de tipo económico. Las resistencias que despierta esa actitud inquisitorial del fisco tuvieron su reflejo en la propia Administración, esa burocracia que emplea al año más de un billón de pesetas para sus ingresos y pagos internos. Vencer esos recelos "corporativos ha costado esperar hasta el 15 de febrero de 1985 para aprobar una orden ministerial que regula las obligaciones de información tributaria de los organismos del Estado. Pero, por ejemplo, con las cuentas de los ministerios se pudo saber que del total de agricultores que habían recibido subvención oficial por el gasóleo sólo un 14% había presentado declaración.

Cuando la inspección localiza un posible caso de fraude pide comprobación al centro de datos. Entonces se realiza el control cruzado de esas listas de signos externos con los datos que figuran en la cuenta corriente fiscal y pueden surgir las contradicciones. La búsqueda se realiza con tres programas básicos. El BUSCANO (busca nombre) rastrea todo lo anotado de una persona física y la documentación en algunos casos ocupa "200 páginas de listado de ordenador". El BASOCI (base de datos de sociedades) investiga todo, lo correspondiente a determinada empresa jurídica, y el BUSCACB (busca cuenta bancaria) las cuentas corrientes de un contribuyente o sociedad, que a partir del próximo trimestre contará también con los saldos que bancos y cajas están obligados a proporcionar. Estos controles cruzados no se hacen sólo de una manera individual, porque el Sistema Parental permite poner en relación al investigado con el cónyuge, si es que para Hacienda figuran como casados.

Rafael Sagrario opina que los programas elaborados en España están a la cabeza de lo que se estila, por ejemplo, en la República Federal de Alemania. En ese país apenas se investiga a las empresas, pero es porque disponen de cuentas corrientes fiscales casi perfectas, elaboradas desde hace muchos años, con las que es fácil seguir la pista de cualquier anomalía. "Aquí en España sólo muy tarde nos hemos dado cuenta de que es necesario funcionar como una empresa, de que nuestros clientes son los contribuyentes y es necesario saber cuánto deben y qué pagan".

EL DNI fiscal

A veces la máquina no sirve. Basta con un fallo en el número de carné de identidad para que el contribuyente sea un ser perdido para Hacienda. En estos casos se recurre al IDCA (identificación de candidatos), que selecciona a los posibles aspirantes a apadrinar ese error. Cuando se trata de millones de contribuyentes el número de errores se cuenta por millares. Hay casos singulares que no ofrecen duda alguna, como el del Rey, que hace su declaración cada año y tiene el número 11 de DNI (el 1 estuvo reservado a Franco v ahora continúa disponible). Pero con los mismos apellidos que el presidente del Gobier- no, González Márquez, hay más de 200 españoles, y el récord lo ostentan los José Sánchez Sán- chez, que son más de 30.000.

El plan es extender las tarjetas de identificación fiscal a todos los contribuyentes. Este objetivo está combinado con el nuevo DNI, cuya identificación será un número, y una letra formando un todo. Con la tarjeta se elimina el error del contribuyente. Con el nuevo número, el del técnico informático, pues si al grabarlo se equivoca un dígito, el cere- bro electrónico no lo admitirá por que no se corresponde a la coherencia que tiene programada. Salvo, eso sí, que a uno le toque esa millonésima de posibilidad de convivir con el error fiscal. El proceso es claro: en cinco años, cuando todo el mundo haya renovado su carné de identidad, Hacienda dis- pondrá de una lista de nombres completa con su identificación fiscal, y entonces todos controlados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de agosto de 1985

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