La primera batalla de Interior
Una de las primeras decisiones del Gobierno socialista en la lucha anti terrorista fue anunciar, apenas un mes después de quedar formado el primer gabinete de Felipe González, la persecución de los intermediarios en los secuestros y el pago del llamado impuesto revolucionario.El 3 de enero de 1983, el entonces director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno haría las reformas legales pertinentes para penalizar todo tipo de "ayuda económica" a bandas terroristas, tanto en forma de impuesto revolucionario como de pago de rescates. Esta declaración de intenciones, que luego no se llevaría a la práctica, se produjo en la estela de la operación de rescate, llevada a cabo por la Guardia Civil el 30 de diciembre de 1982, del industrial vasco Saturnino Orbegozo, que se encontraba secuestrado por la organización ETA político-militar.
Para demostrar su voluntad de acabar con la práctica de los intermediarios, el Ministerio del Interior había ordenado, 24 horas después de la liberación de Orbegozo, la detención del mediador en el secuestro, José Felix Eriz, muy conocido en el País Vasco por su intervención en anteriores secuestros así como en negociaciones para el pago del llamado impuesto revolucionario. El propio Eriz, que fue puesto en libertad sin cargos a las 72 horas de su detención, confirmó su participación en calidad de mediador en más de una veintena de casos de impuesto revolucionario y señaló que sus contactos con los secuestradores de Saturnino Orbegozo se produjeron en Amsterdam, Viena y Milán. El intermediario subrayó que, una vez resueltos los anteriores secuestros en los que había intervenido, había mantenido contactos con la policía.
El anuncio de Interior no encontró eco en el Ministerio de Justicia, que tres días después anunció por medio de un portavoz que no tenía intención de crear nuevas disposiciones legales a fin de perseguir la figura del intermediario salvo que bajo esta figura se encubriese un delito de colaboración con bandas armadas, tipificado en el Código Penal y concretado por las reformas introducidas por la llamada ley de Defensa de la Democracia y la Constitución, de mayo de 1981.
La polémica suscitada por Interior, en la que intervino el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, para hacer saber su inquietud por las medidas anunciadas, adquirió un nuevo giro al producirse, una semana después (el 10 de enero), el secuestro del joven guipuzcoano Miguel Ignacio Echevarría, hijo de una familia de industriales. Al día siguiente, el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, después de una larga entrevista con Felipe González, afirmó que el Gobierno no favorecería el pago de rescates "pero tampoco prohibirá la utilización de medios humanitarios para salvar una vida humana", dijo. El joven fue liberado, tras el pago de un rescate, una semana después.
La nota inicial que levantó la polémica expresaba la voluntad del Ministerio del Interior de "no consentir ninguna transgresión de la ley". Incluso cuando nos encontremos ante supuestos en los que razones de humanidad, pudieran hacer considerar que determinadas situaciones extremas explican una mayor permisibidad en la interpretación de los textos legales", explicaba la nota, y añadía: "Interior arbitrará las medidas necesarias para impedir contactos o gestiones por parte de los denominados intermediarios y de otras pesrsonas en situaciones de secuestros y otras modalidades de extorsión y chantaje...".
La nota concluía diciendo que en colaboración "con el Ministerio de Justicia se procederá a las reformas legales pertinentes para penalizar todo tipo de ayuda económica a bandas armadas, tanto en forma de impuesto revolucionario como de pago de rescate en caso de secuestro. De otra parte, y con el mismo objetivo de dificultar al máximo las vías de financiación ( ... ) las autoridades monetarias impedirán cualquier intento de situar fuera del país el dinero necesario para satisfacer las demandas que definen los referidos hechos delictivos".
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