La Audiencia Nacional absuelve a tres personas que pagaban el 'impuesto revolucionario'

Tres personas que pagaban la extorsión denominada impuesto revolucionario fueron juzgadas a puerta cerrada y absueltas por la Audiencia Nacional durante el presente año judicial, según informaron fuentes jurídicas competentes. Estas decisiones de la Audiencia han sido conocidas a raíz de la polémica surgida por la decisión del magistrado Luis Lerga de no procesar por delito monetario a la esposa del secuestrado por ETA Diego Prado y Colón de Carvajal, por aplicación de la eximente de actuar por estado de necesidad. El juez ha manifestado que obró en conciencia.

Se desconocen otros datos relativos a los juicios de estas personas que pagaban el impuesto revolucionario, aunque presumiblemente el delito por el que estaban acusados los tres extorsionados era delito monetario, ya que se trataba de una evasión de divisas. La Audiencia estimó una eximente que podría ser la de actuar con miedo insuperable o en estado de necesidad.En medios jurídicos existen opiniones encontradas sobre la procedencia o improcedencia de la decisión adoptada por el juez Lerga de exculpar por "estado de necesidad" a la esposa de Diego Prado en el caso Palazón. Un sector -en el que figuran abogados de Comisiones Obreras, el profesor de Derecho Penal Luis Arroyo y el ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José María Mohedano- critica la resolución fundamentalmente por un problema procesal, pues, en su opinión, debía ser un tribunal y no el juez instructor quien decidiera la cuestión, aunque considera razonable o coherente la valoración de la conducta de la esposa de Diego Prado como estado de necesidad.

Este grupo entiende que el magistrado se ha convertido en juez y parte al aplicar la eximente a la esposa de Diego Prado, y que el relato de los hechos según consta en el auto del magistrado es muy inconcreto, lo que hace que la decisión del juez sea muy arriesgada.

Decisión progresista

Otras fuentes judiciales, que prefieren mantener el anonimato, señalan que la decisión del juez es muy importante, progresista, próxima al ciudadano, y responde al principio de hacer una justicia rápida.

Al margen del problema procesal que pueda plantear la decisión del juez Lerga, parece que las tres sentencias de la Audiencia Nacional sobre el impuesto revolucionario corroboran la decisión del magistrado. En medios jurídicos se subraya que la situación creada por un secuestro es en principio más grave que la que puede plantear una extorsión, como es el impuesto revolucionario, en la que existe una amenaza pero no se ha llegado a la situación de privación de libertad.

Por su parte, el juez Lerga manifiesta que la decisión adoptada había sido muy meditada y que efectivamente había encontrado "una pega en que la apreciación de atenuantes es competencia de la sala, no del instructor"; sin embargo, el juez añade: "Cuando se trata de un delito prescrito, me parece absurdo esperar, y además en este caso me parece desprovisto de causa moral el procesar".

Luis Lerga precisa que si la esposa de Diego Prado hubiera pretendido ocultar la entrega del dinero a Palazón bastaría con que no lo hubiese declarado, ya que no existe ninguna constancia documental de la operación.

Actuar en conciencia

El juez añade que no ignoraba que la decisión adoptada podía molestar a alguien, y agrega: "Responde a mi conciencia y debe conectar con la conciencia del hombre de la calle. Yo no podía dictar otro tipo de resolución, porque creo que la ley debe estar al servicio de los hombres, no los hombres al servicio de la ley. Lo más fácil para mí era meter a todo el mundo en la cárcel, pero no habría sido justo".

La voluntad del Gobierno socialista de impedir o dificultar la financiación de organizaciones terroristas mediante el sistema de no favorecer el pago de rescates o del impuesto revolucionario, a que han hecho referencia algunas fuentes jurídicas, se puso de manifiesto en un comunicado del Ministerio del Interior de enero de 1983 en el que anunciaba la adopción de una serie de medidas. Sin embargo, estas medidas no llegaron a concretarse nunca por su difícil encaje en la legislación.