El asesinato del vicealmirante Escrigas

EL ASESINATO del vicealmirante Fausto Escrigas, víctima del atentado terrorista realizado ayer en pleno centro de Madrid, lleva las huellas de crueldad y provocación política que caracterizan desde hace años a la cadena de crímenes de ETA contra mandos militares, miembros de los cuerpos de seguridad y ciudadanos de las más diversas profesiones. La muerte casi inmediata del vicealmirante y las graves heridas causadas al chófer del vehículo hubieron podido estar seguidas por un nuevo drama si los artificieros de la Policía Nacional no hubieran actuado con eficacia para desactivar la carga explosiva que los terroristas habían dejado en el coche utilizado para llevar a cabo el atentado tras abandonarlo en una calle próxima.En esta ocasión, el blanco elegido ha sido un marino de brillante carrera profesional que desempeñaba, desde febrero de 1984, un cargo de responsabilidad político-administrativa en el Ministerio de Defensa. Al segar la vida del vicealmirante Escrigas, los terroristas han atacado así a las Fuerzas Armadas, en tanto que institución del Estado, y a la política militar del Gobierno socialista, a la que el fallecido marino servía como director general de Política de la Defensa. A lo largo de los últimos años, ETA ha intentado descalificar al sistema democrático con el delirante argumento de que la Monarquía parlamentaria sólo sería una variante disfrazada de franquismo o una vana apariencia institucional tras la que se escondería una dictadura militar. Para los terroristas, su auténtico adversario y su único interlocutor serían las Fuerzas Armadas, correspondiendo a los millones de electores que eligen periódicamente a sus parlamentarios, diputados autonómicos y concejales el papel de irreales testigos de esa fantasmagórica confrontación. El asesinato del vicealmirante Escrigas, alto cargo del Ministerio de Defensa, no hace sino mostrar, trágicamente, la falsedad de esos insensatos planteamientos. La sangre derramada por el director general de Política de la Defensa es una prueba más de que las Fuerzas Armadas no desempeñan, en el diseño de nuestro sistema constitucional, otro papel que el de ejecutar la política dictada por el Gobierno, designado por los representantes de los ciudadanos libremente elegidos en las urnas.

El Gobierno de Felipe González se ha visto desafiado por la misma realidad terrorista que los primeros Gobiernos de la transición se vieron obligados a afrontar. Pese al pacto de legislatura entre el lendakari Ardanza y los socialistas vascos, a la movilización del PNV contra la violencia, a la colaboración prestada por Francia, al lento socavamiento de la base social del nacionalismo radical y a las desarticulaciones parciales de los comandos terroristas, ETA parece conservar la infraestructura organizativa y la capacidad operativa suficientes para continuar sus asesinatos. Pero la sociedad española, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, sabe que para vencer en ese combate no existe alternativa al régimen democrático y al Estado de derecho. Porque el desafío de ETA sólo podrá ser definitivamente conjurado mediante la clara conciencia de la compleja naturaleza del fenómeno terrorista y mediante la aplicación de los procedimientos adecuados para llevar a cabo su erradicación a través del arduo, penoso y duradero esfuerzo policiaco y político que la empresa requiere.