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Editorial:

Los dineros de las autonomías

LA RENEGOCIACIÓN del sistema de financiación de las autonomías parece haber entrado en una fase final que, según el nuevo ministro de Administración Territorial, Félix Pons, podría cerrarse coincidiendo con la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, antes del próximo 30 de septiembre. La remodelación del Gobierno ha frenado el calendario previsto.En los contactos mantenidos esta semana en Madrid, los representantes de la Generalitat de Cataluña -cuyo estatuto de autonomía prevé formalmente que a principios del año próximo ya debe entrar en vigor el esquema definitivo de financiación- han vuelto a urgir una solución. Para el Gobierno Pujol, que cometió el error de aceptar transferencias mal valoradas a cambio de poder asumir rápidamente el mayor número posible de competencias, en estos momentos constituye una cuestión de vida o muerte lograr un mecanismo de financiación que compense aquellas desigualdades iniciales y que le permita trazar una política con vistas al futuro. El Gobierno central, que considera que independientemente de aquellas infravaloraciones hay una mala gestión financiera por parte de los actuales responsables de la Generalitat, también tiene interés en establecer una fórmula.

Como se evidenció unánimemente en la reunión de Sigüenza por parte de los representantes de las más variadas opciones políticas, el replanteamiento es necesario no sólo para la autonomía catalana, sino también para marcar con mucha más precisión el terreno de juego administrativo del conjunto de los gobiernos autonómicos, para que el Estado y la opinión pública puedan exigirles racionalidad y realismo en el gasto. El sistema actual es incoherente, pues no resulta razonable que la única partida presupuestaria que tienen disponible las autonomías para la inversión provenga del Fondo de Compensación Interterritorial, que como su nombre indica tiene que ser inversamente proporcional a la renta per cápita de cada comunidad, a su capacidad recauda toria y a su estructura de desarrollo. Más absurdo resulta comprobar aritméticamente que con dicho mecanismo actual cuanto menos recauda una comunidad más dinero se le adjudica por vía del fondo compensatorio, lo que supone una clara tentación antirrecaudatoria. Una concepción tan insatisfactoria de la financiación autonómica lo único que puede lograr es una inmensa insolidaridad respecto a la globalidad del Estado, lo que en el fondo encierra, con vistas al futuro, graves problemas para la consolidación de la España de las autonomías.

Pero del mismo modo que la fórmula actual es técnicamente mala, nadie ha encontrado tampoco una fórmula mágica alternativa que solucione el problema. La propia Generalitat de Cataluña a la hora de ofrecer soluciones ha hecho un escasamente consistente Libro blanco que incluso reconoce la imposibilidad de hacer todavía ninguna propuesta definitiva y se limita a ofrecer diversos criterios para que sean examinados para despejar las dudas sobre su eficacia. Por otra parte, la incorporación a la Comunidad Económica Europea añade también nuevas incógnitas, pues la supresión -en favor del IVA- de algunos tipos impositivos que hoy están cedidos a las comunidades autónomas, así como la posibilidad de obtener de los fondos comunitarios importantes ayudas para las zonas más necesitadas de España, desequilibran todas las previsiones que se habían hecho hasta ahora sobre la materia.

Resulta significativo que algunas de las propuestas que esta semana ha trasladado a Madrid el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat tengan como punto de partida la LOFCA, una ley que fue ferozmente criticada por el partido de Jordi Pujol en el momento de su promulgación. Pero este dato lo que refleja también es que, afortunadamente, después de despilfarrarse mucha artillería verbal -en un reciente libro Trias Fargas llegaba a hacer la estridente proclamación de que para Cataluña sería más rentable la independencia que seguir en la situación actual-, se va abriendo paso el pragmatismo y la conciencia de que es necesario entenderse.

A partir de esta voluntad de acuerdo, acelerar la consecución d¿ un sistema de financiación autonómica más justo distendería las posturas y contribuiría a racionalizar el gasto en todo el Estado. Además, serviría para despejar incógnitas sobre la existencia o no de déficit generados por la estructura autonómica -los acumulados durante estos años por la Administración catalana y los de las comunidades regidas por los socialistas- o por, la supervivencia de mecanismos centrales obsoletos.

Paralelamente, esta negociación podría poner las bases para que haya mucha más transparencia sobre la utilización real de los recursos públicos, ya que las mayorías absolutas en los parlamentos están permitiendo, en el contexto de aquella situación de injusticia y provisionalidad, que queden muy difuminadas las realidades contables. La claridad en las cuentas es una contrapartida que debe exigirse, en este replanteamiento de la financiación de las autonomías, en nombre del interés de los ciudadanos. Porque esa claridad, el dar explicación peseta a peseta, acabar con las partidas abstractas, es otra importantísima asignatura pendiente en la actual configuración plural del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de julio de 1985