El Consejo de Seguridad de la ONU estudia las sanciones propuestas por Francia contra Suráfrica

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer por petición de Francia para examinar la situación existente en Africa del Sur tras el establecimiento, el pasado domingo, del estado de emergencia en 36 distritos de las provincias de El Cabo y Johanesburgo para hacer frente a los disturbios raciales. París, que el miércoles anunció la retirada de su embajador en Pretoria y la suspensión de sus inversiones en Suráfrica, tenía previsto presentar ante el Consejo un proyecto de resolución que pide "encarecidamente" a los países de la ONU la condena del apartheid y el establecimiento de sanciones contra África del Sur.

El proyecto de resolución elaborado por Francia pide la suspensión de todas las nuevas inversiones en este país; la prohibición para la importación de piezas de oro; la suspensión de préstamos para la exportación; la prohibición de realizar nuevos contratos en el campo nuclear y la venta de material informático que pueda ser utilizado por la policía o el ejército surafricanos.Este texto pide también la condena "muy enérgica" del régimen de segregación racial, de las detenciones masivas efectuadas por Pretoria en los últimos días, la retirada del estado de emergencia y la liberación de todos los presos políticos, incluida la del líder negro del Congreso Nacional Africano (ANC), Nelson Mandela.

Según los observadores en París, las sanciones decretadas por Francia tienen como fin provocar una acción internacional común contra el Gobierno de Pretoria, en la que se puedan conciliar los intereses de los países tradicionalmente contrarios a la adopción de sanciones contra Suráfrica, entre los que figuran Estados Unidos y el Reino Unido, principales socios comerciales de este país.

Las medidas elaboradas por París son las mismas que fueron propuestas en junio y julio por la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU.

Según estas fuentes, el texto "moderado" presentado por Francia tiene como fin el de evitar otros documentos más "extremistas" que determinen la imposición del veto por parte del Reino Unido y EE UU y el bloqueo de una iniciativa internacional contra Suráfrica.

Washington, sin embargo, criticó ayer las medidas adoptadas por Francia contra Suráfrica por considerar que éstas contribuirán a agravar la situación de la comunidad negra en este país.

El presidente surafricano, Pieter Botha, reaccionó el miércoles ante las sanciones anunciadas por el Gobierno francés, al afirmar que las suspensión de los derechos constitucionales decretada por su Gobierno se debe a la necesidad de "restablecer la paz y el orden" y asegurar la libertad de todo el pueblo surafricano.

Botha responsabilizó a "potencias comunistas" de los recientes disturbios. "Es sorprendente que un Gobierno occidental que se interesa por África y los pueblos negros haga una excepción con un Gobierno que intenta restablecer el orden cuando los poderes comunistas matan a gente negra y tratan de interrumpir el ritmo de vida normal de las comunidades negras".

Medidas "contraproducentes"

Numerosos Gobiernos occidentales reaccionaron ayer ante el llamamiento efectuado por Francia para que se unan al boicoteo económico contra Pretoria. El Gobierno de la República Federal de Alemania anunció ayer que no se sumará a estas sanciones económicas ni retirará a su embajador en Pretoria, porque considera que estas medidas no constituyen el medio adecuado para efectuar presiones políticas.

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, rechazó ayer las presiones efectuadas por la oposición laborista para la adopción de sanciones contra Suráfrica, al afirmar ante el Parlamento que éstas serían "contraproducentes" para la población mayoritaria de raza negra, económicamente más débil.

Las sanciones decididas por Francia fueron "acogidas favorablemente" por el Gobierno de Holanda, que ayer anunció la adopción, junto a otros países, de medidas para limitar sus inversiones en Suráfrica. Sin embargo, el ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda informó que no retirará, por el momento, a su embajador de Pretoria.

El Gobierno surafricano ha propuesto a la Administración Reagan la celebración de una reunión de alto nivel en algún lugar de Europa para explicar las razones que han determinado el establecimiento del estado de emergencia por parte de Pretoria, según informó ayer el The New York Times. Según estas fuentes, esta reunión tiene como fin el de eliminar las diferencias que han enturbiado en los últimos tiempos las relaciones existentes entre ambos países.

El portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes, hizo ayer un llamamiento al Gobierno surafricano para que "se aleje rápidamente" del sistema "repugnante" del apartheid, "que constituye la causa fundamental de la actual situación de violencia en África del Sur". También el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, efectuó el miércoles duras críticas contra Pretoria.

Speakes, sin embargo, afirmó que Washington no cambiará su política de cara a Suráfrica y mantendrá su negativa al establecimiento de sanciones económicas contra este país.