La Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudió los Presupuestos Generales para 1986

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos celebró ayer una maratoniana reunión para seguir analizando las principales magnitudes económicas que enmarcarán el proyecto de ley de Presupuetos Generales del Estado de 1986 y que servirá para situar si el Gobierno trata de mantener el ajuste económico realizado hasta ahora o, si por el contrario, habrá algunas "alegrías electorales", negadas por Carlos Solchaga en su primer intervención pública tras su nombramiento como ministro de Economía y Hacienda.La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se ha retrasado este año, como consecuencia de la crisis de Gobierno que acabó costando la cartera a Miguel Boyer.

Los escenarios presupuestarios elaborados por el entonces ministro de Economía fijaban como objetivo que los Presupuestos de 1986 crecieran por debajo de la tasa de inflación prevista para el próximo ejercicio -el 9%- y que el déficit público sufriera una fuerte corrección.

Carlos Solchaga, en la conferencia de prensa que dio la semana pasada para rebajar los objetivos de crecimiento económico previstos para 1985, hizo suyos estos objetivos comprometiéndose a que el déficit del sector público, antes de gastos financieros, fuera inferior al del cierre del ejercicio actual e incluso habló de conseguir que, incluyendo las cargas financieras del déficit, este también resultara más bajo que el de 1985.

Este objetivo es considerado como bastante difícil de conseguir en la actualidad por altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que el servicio de la deuda pública supera el billón de pesetas y no se prevé una fuerte baja de los tipos de interés.

Aunque Carlos Solchaga señaló que el objetivo básico, después de continuar el ajuste de la tasa de inflación, era reducir el volumen del déficit público y que ello sólo era posible actuando sobre el gasto de la Administración central, parecen haber surgido algunas fricciones entre la posición defendida por Economía y algunos otros ministerios, como el de Trabajo, cuyo titular señaló recientemente que quizás no fuera tan peligroso que creciera algo el gasto público si ello servía para incrementar el empleo.

En medios de Economía se señala que el esfuerzo a realizar este año en la contención del gasto deberá ser repartido entre todas las administraciones y sectores que reciben dinero de los Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido se señala que podrían tomarse medidas como no aumentar las transferencias de dinero a las comunidades autónomas, frenar las ayudas a los ayuntamientos, limitar las aportaciones de capital y de subvenciones a las empresas públicas, y subidas salariales inferiores a la inflación prevista a los colectivos de trabajadores de la Administración central.