El proyecto de ley de Contabilidad y Auditoría será enviado al Congreso antes de fin de año

El proyecto de ley de Contabilidad y Auditoría entrará en el Parlamento antes de que finalice el presente año, tal y como estaba previsto inicialmente en los planes del Gobierno, según señaló Miguel Muñiz, secretario general de Economía y Planificación, en la clausura del curso sobre contabilidad y auditoría que se ha desarrollado a lo largo de toda la semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Uno de los puntos relevantes de este seminario ha sido la propuesta de que se forme una comisión para intentar una convergencia entre las diferentes asociaciones existentes en esta área, que tiene en su propia desunión uno de los principales problemas en cuanto a su funcionamiento.

Miguel Muñiz, que realizó la clausura en representación. del secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, subrayó que no existen ya problemas técnicos y políticos para que la ley pueda salir adelante. El único problema que podría plaritearse y retrasar algo su aprobación definitiva es el del cuello de botella que tengan las Cortes a la hora de tramitar el proyecto de ley. Muñiz subrayó que éste no puede demorarse más, y anunció que queda abierto un nuevo período de "colaboración rápida" con el sector para ultimar el .proyecto de ley que se envíe al Parlamento. Este era un tema que, señaló, tenía ya prioridad, pero que ahora "aún vamos a priorizarlo más".El secretario general de Economía afirmó que esa nueva ley, largamente esperada por los profesionales del sector, debe ser, según los criterios del Gobierno, lo menos intervencionista, y esbozó algunas de las líneas generales -en parte avanzadas en la jornada precedente por Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda- que debe tener la futura regulación legal: en ella se incluirán unos principios legales básicos, mientras que los complementarios deberán quedar recogidos en el nuevo plan general de contabilidad, que también puede estar finalizado, en su primera redacción, a mediados de septiembre; los balances deben ser auditados por auditores independientes, y en la normativa se concretarán las condiciones de quienes podrán realizarlo.

Se regulará, por primera vez, la obligación de que consoliden sus cuentas los grupos de sociedades, y se delimitará qué empresas quedarán obligadas,a so meterse a auditorías externas, de las que en principio podrían quedar excluidas las más pequeñas. Asimismo, se incorporará un anexo explicativo similar al que existe en otras normativas europeas.

Período transitorio

Martín Seco dejó abierta la posibilidad, en este sentido, de que se implante un período transitorio de adaptación hasta que la obligación de someterse a esas auditorías sea general. Este ha sido un aspecto sugerido por los propios profesionales a lo largo del seminario, debido a la práctica imposibilidad material para llevarlo a cabo. En estos momentos existen entre 6.000 y 7.000 auditores en activo en España, cifra que en caso de que la ley recoja esa obligatoriedad debería ser prácticamente aplicada. Y sería preciso, como mínimo, un plazo de cinco años para poder preparar a los profesionales necesarios.Por el momento, parece que el Gobierno no tiene totalmente decididos algunos detalles importantes que deberán ser incluidos en la futura ley, ni cuáles deben ser las condiciones para ser auditor, ni el espinoso asunto relacionado con las incompatibilidades para el ejercicio profesional, y tampoco cuáles deben ser las responsabilidades derivadas del desempeño de esta función.

En opinión de Miguel Muñiz, secretario general de Economía y Planificación, "lo que se hace en Europa en este sentido se hará en España", aunque reconocio que ese es un aspecto que se abordará, "porque es evidente que ahora la responsabilidad que tienen los auditores es prácticamente nula.

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de estas jornadas ha sido la propuesta, planteada en su ponencia y posteriormente por Manuel Soto, socio director de Arthur Andersen, secundada por gran parte de los profesionales presentes, de que se consiga una convergencia entre las diferentes agrupaciones que actualmente componen la ramificada diáspora del sector: economistas y auditores, censores jurados de.cuentas, actuarios y titulares mercantiles. Prácticamente los presidentes de estos cuatro sectores se mostraron ayer de acuerdo -en principio- con la sugerencia, e incluso con que pueda intervenir el Instituto de Planificación Contable como catalizador.

En los comentarios de pasillo estaba latente, sin embargo, el interrogante acerca de si podrán solventarse las diferencias de criterios actualmente existentes, y si podrá llevarse finalmente a cabo esa propuesta. "Si mantenemos esas cuatro instituciones", había señalado el precursor de la idea, "es muy difícil que no se confundan á la opinión pública. Edouard Salustro, vicepresidente del grupo de expertos contables de la CEE, que ha tenido una destacada intervención en este seminario, subrayó que "Europa está esperando que los profesionales españoles se presenten unidos; lo contrario no se entendería".