La Comisión Europea no cree viable una política agrícola de precios elevados

ENVIADO ESPECIAL La Comisión Europea, reunida ayer en Luxemburgo, adoptó las líneas generales de su libro verde sobre Las perspectivas de la política agrícola común con una clara tendencia: la política de precios elevados ya no es viable. Víctima de su propio éxito, la política agrícola común (PAC) está condenada a deformarse. Y España llega quizá algo tarde, pues ya no ingresará en una Comunidad de vacas gordas.

Al presentar el libro verde, el comisario encargado del tema, Frans Andriessen, sólo pudo ofrecer el texto de la introducción, mientras que el resto llegará en los próximos días. En realidad, este libro verde, que teóricamente no contiene respuestas, sino preguntas y opciones, ha provocado una división en el seno del Colegio de Comisarios, pues algunos lo juzgan demasiado radical en sus orientaciones.Andriessen se pronunció claramente a favor de una política restrictiva de precios, en vez de limitaciones cuantitativas de las producciones. "La agricultura europea", dice el preámbulo, "no tiene interés a largo plazo, si quiere explotar su potencial de producción, en extender el impacto de las cuotas".

El ejemplo de los cereales -que tantos problemas plantea actualmente- es el más claro. Una reducción de sus precios (acercándolos a los del mercado mundial) recortaría a su vez los costes de la ganadería y, por tanto, de la leche y de la carne (cuyo consumo aumentaría). Se podría así también negociar con EE UU una revisión de los acuerdos comerciales (sobre soja o maíz, por ejemplo), pero esto puede ser explosivo. La Comisión sugiere limitar las subvenciones a la exportación.

Cuatro opciones

El caso es que, para Andriessen, aumentar los ingresos de los agricultores y regular el mercado "ya no es posible a través de la política de precios". La Comisión señala además que, "estando limitados los recursos presupuestarios, hace falta que la PAC tenga en cuenta estos límites". Así se contempla que los recursos del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en su dimensión de garantía de precios se concentre en sectores sanos.

Si se adopta una política de precios restrictiva, algo hay que hacer para garantizar los ingresos de los agricultores. Andriessen consideró cuatro opciones:

1. Jubilación anticipada (un 50% de los agricultores de la CEE tiene más de 45 años).

2. Ayudas temporales a las exportaciones agrícolas para facilitar su adaptación.

3. Ayudas directas para asegurar la rentabilidad de algunas explotaciones que no puedan hacer frente a la nueva situación.

4. Supresión de algunas producciones por medio de primas a la renuncia de explotación de los terrenos concernidos. De apoyo a través de los precios, se puede pasar a apoyo directo.

Detrás de todo esto también está la pérdida de importancia numérica de los agricultores (un 65% de puestos de trabajo perdidos en 15 años). Y el empleo en este sector, según Andriessen, "es un problema gigantesco que se desarrollará con la ampliación a España y Portugal, que, según el texto de la Comisión, va a acentuar la diversidad de la agricultura europea, así como de sus características específicas en comparación con otras agriculturas del mundo".

Según la anterior versión del libro verde, las subvenciones a la exportación en la CEE podrían suponer un coste adicional equivalente a 74.000 millones de pesetas con el ingreso ibérico, coste que se doblará en 1988.

El debate queda abierto. La Comisión hará propuestas precisas por sectores en el otoño. Y quiere decisiones para final de año, aunque su puesta en práctica se demore.