La resaca de la fiesta

HOY SE celebra en el Congreso de los Diputados el primer debate sobre el proyecto de ley orgánica de Autorización para la Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). Una vez disipados los fervores de práctica unanimidad que rodearon el acto de firma del tratado, llega la resaca de los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición en torno a la integración comunitaria. La entrada en la Europa de los doce constituirá, sin duda, uno de los logros más importantes de la legislatura socialista y una baza que Felipe González jugará en la próxima convocatoria ante las urnas. Resultaba, así, casi inevitable que las fuerzas políticas marginadas del poder buscaran los motivos -o los pretextos- necesarios para restar méritos al Gobierno, sembrar dudas acerca de su eficacia negociadora y amargar en lo posible su euforia.La votación desfavorable al tratado de adhesión registrada en el Parlamento de Canarias se sitúa en el contexto de ese borrascoso fin de fiesta. La disposición adicional tercera de la Constitución estableció la necesidad de un informe previo de esa comunidad autónoma para cualquier modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago. El preceptivo dictamen carece, por supuesto, de fuerza vinculante, ya que corresponde a las Cortes Generales la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de convenios internacionales. Frente a los 27 votos de los socialistas canarios, los restantes diputados del Parlamento regional dieron su asentimiento al informe negativo de la Comisión de Economía y Comercio, que considera perjudicial el tratado de adhesión para el futuro económico y comercial de las islas. En ese frente de rechazo se dieron cita fuerzas tan dispares como Alianza Popular, el CDS, los comunistas y grupos nacionalistas. Continúa siendo cierto, así pues, que la política, sobre todo cuando se trata de derribar a un Gobierno, hermana a extraños compañeros de cama.

El revolcón dado en Canarias al Gobierno de Felipe González, firmante del tratado de adhesión, tiene también una finalidad política regional. La resolución del Parlamento canario ha producido la dimisión de Jerónimo Saavedra, presidente del Gobierno de la comunidad autónoma. La distribución de fuerzas dentro del archipiélago hace prácticamente imposible la designación de un nuevo presidente del Gobierno que no tenga el respaldo del PSOE, la más importante minoría dentro de la Asamblea. La persistencia de la impía alianza formada por el conservadurismo y algunos grupos cercanos al independentismo podría lograr, sin embargo, el bloqueo de los mecanismos electorales y paralizar la vida institucional canaria. Ahora bien, el artículo 16 del Estatuto de Canarias establece la disolución automática del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones en el supuesto de que transcurran dos meses desde la primera votación de investidura y no sea nombrado un nuevo jefe del Gobierno. En cualquier caso, el rechazo del tratado de adhesión concede a los partidos y coaliciones canarios opuestos a los socialistas la cómoda oportunidad de encauzar, en provecho propio, todas las protestas que los procesos de ajuste de la integración en Europa puedan suscitar en el archipiélago, posición tanto más confortable cuanto que los eventuales beneficios del comercio canario con la CEE no serán atribuidos a la eficacia de los gestores socialistas en Bruselas sino a la fuerza misma de las cosas.

Alianza Popular se dispone, por su parte, a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley gubernamental y a ofrecer un texto alternativo de autorización para la adhesión de España a la CEE. Los conservadores pretenden que la futura ley orgánica incluya una referencia expresa a la soberanía española sobre Gibraltar y reserve a las Cámaras la capacidad de intervenir en la masiva recepción de Derecho comunitario y en la redistribución de las competencias de las comunidades autónomas. Una comisión de seguimiento -compuesta por representantes de las 17 comunidades autónomas, nueve diputados y nueve senadores- quedaría encargada de informar periódicamente a las Cortes Generales de los problemas surgidos en el proceso de integración. Otra comisión mixta -en la que figurarían también, junto a los representantes del Parlamento y de las comunidades autónomas, delegados ministeriales- recibiría el encargo de examinar las consecuencias de la incorporación del acervo comunitario a nuestro ordenamiento jurídico.

Nada hay en la Constitución que obligue a elegir una u otra vía. El artículo 93 de nuestra norma fundamental establece que "corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento" de los tratados por los que "se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución". Cabría aventurar que las opiniones de los partidos se modifican e invierten en función de sus relaciones con el poder y de su instalación en el Gobierno o en la oposición. Desde este punto de vista, la actual apuesta de los conservadores en favor de una mayor intervención del Parlamento en el proceso de integración es casi tan inevitable como la defensa por los socialistas de las competencias atribuidas al Gobierno en el cumplimiento del tratado de adhesión. Pero los papeles en esa disputa sobre los fueros del poder legislativo o del poder ejecutivo pueden también cambiar según los casos de quienes participan en la polémica. No es fácil evitar la sospecha de que los socialistas hubieran adoptado, frente a un Gobierno de UCD, la misma posición que ahora mantiene Alianza Popular si la integración en Europa se hubiera producido durante la anterior, legislatura. Y tampoco que los diputados conservadores habrían extendido un cheque en blanco a favor de su Gobierno si el honor de firmar, como jefe del Ejecutivo, el tratado de adhesión le hubiese correspondido a Manuel Fraga.