La Junta de Andalucía ha levantado 760 actas por anomalías en el impuesto de lujo

La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha incoado durante el período comprendido entre enero y mayo del presente año un total de 760 actas por anomalías en la recaudación del impuesto de lujo y tasas de juego, según informó ayer en Huelva el director general de Tributos de la comunidad autónoma, Miguel Fernández, que acompañaba en su visita a la capital onubense a César Estrada, titular de la consejería.El importe de la deuda tributaria de los expedientes incoados asciende a 796 millones de pesetas, lo que representa con respecto al ejercicio de 1984 un incremento de actas del 25% y en deuda tributaria del 250%. Miguel Fernández aclaró que la deuda tributaría engloba los conceptos de sanciones, cuotas defraudadas e intereses de demora.

En la actualidad, el Gobierno autónomo de Andalucía únicamente tiene cinco tributos cedidos por el Estado, sobre los cuales se está intensificando la función inspectora. Se trata del impuesto de lujo, tasas sobre el juego, importe sobre transmisiones patrimoniales, impuesto general sobre sucesiones e impuesto sobre el patrimonio. Además, también tiene competencias en el control de la recaudación del 5%, correspondiente a espectáculos públicos.

Fundamentalmente, los criterios seguidos por la consejería a la hora de investigar el fraude fiscal en los impuestos sobre las tasas del juego, se han centrado en las máquinas recreativas o tragaperras. Los inspectores analizaron comparativamente los listados en poder del Gobierno central y los de la Junta de Andalucía, y, por otra parte, efectuaron inspecciones oculares para comprobar sus respectivas licencias.

En relación al control del impuesto de lujo, la labor se ha centrado preferentemente en las joyerías, seleccionándolas por su volumen de venta y falta de anteriores inspecciones, aparte de recabar facturas de venta de mayoristas y fabricantes a minoristas.

La supervisión ha cubierto otros sectores, entre los que destacan las exenciones del impuesto de lujo en la adquisición de automóviles comerciales, industriales y agrícolas. El mayor índice de fraude detectado se relaciona con los vehículos todoterreno, supuestamente agrícolas.