Intentos para desbloquear las malas relaciones comerciales entre España y Libia

La suspensión definitiva del acuerdo firmado el pasado mes de marzo entre España y Libia para normalizar las relaciones comerciales entre los dos países, prácticamente asumida por la Administración española, ha quedado momentáneamente detenida, pese a que a oficialmente su puesta en práctica caducó el pasado 18 de junio. La moratoria se debe a que la compañía estatal de petróleo Brega remitió el pasado jueves un télex a Hispanoil proponiendo una reunión, a celebrar mañana en Atenas.

Precisamente éste télex constituía la respuesta que Hispanoil estaba esperando -y que, ante el retraso, llevó a la empresa pública española a proponer el abandono de las negociaciones- desde hace meses a sus propuestas para llegar a un acuerdo en el precio para la importación de 30.000 barriles de petróleo al día. Este volumen de importaciones constituía el centro del acuerdo comercial firmado entre los dos países, ya que el 40% de aquéllas estaba destinado a pagar las deudas contraídas por el Gobierno libio con las empresas constructoras españolas.De todas formas, esta respuesta libia ha sido acogida con cierta frialdad por la Administración española, pues, aunque supone un paso para desbloquear la situación, se tiene poca confianza en que se pueda llegar a alcanzar algún tipo de acuerdo.

La razón de esta susceptibilidad es, básicamente, que la reunión a celebrar en Atenas es anterior a la que van a celebrar los países productores de petróleo. Las diferencias entre Libia y España se concretan básicamente en una cuestión de precios (el desfase entre lo que piden los libios y lo que está dispuesto a aceptar el Gobierno español es de 4,5 dólares por barril), y los resultados de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pueden aumentar todavía más esas diferencias, ya que todo parece indicar que los países productores pueden llegar a proponer un descenso del precio de los crudos.

Otra de las diferencias que separan las posturas de los dos países consiste en que Libia está empeñada en que la parte de las importaciones -el 40%- que se destina a amortizar las deudas de las empresas constructoras se pague al precio oficial fijado por ellos, algo que no se ajusta a las pretensiones españolas. La Secretaría de Estado de Comercio está dispuesta a "desplegar nuestros buenos oficios, a incluir estas cantidades dentro de la cuota de comercio, pero en ningún caso a que la operación le cueste dinero al Estado".

Presiones de constructores

Los constructores siguen presionando a Comercio, ya que un nuevo fracaso en estas negociaciones les pondría en una compleja situación para poder cobrar. Las deudas reconocidas por Libia a los constructores se elevan a unos 9.600 millones, mientras que las que reclaman los propios afectados alcanzan los 14.000 millones de pesetas. Un fracaso en la próxima reunión de Atenas obligaría a los constructores a cobrar en petróleo, al precio libio, y a vender en el mercado spot, con las consiguientes pérdidas.La queja de los constructores, además del lógico malestar por las pérdidas que les ocasionaría este sistema, es que "los libios, mientras ha estado abierto este acuerdo, han suspendido todo embarque, con lo que las deudas siguen en aumento y no hay manera de cobrarlas". Los constructores llegaron a negociar con la Administración un sistema para absorber parte de los extracostes que se produjeran como consecuencia de la negociación, y el fracaso que está suponiendo un desánimo adicional-. Además de la deuda con los constructores, existe otro problema en el calzado, que se encuentran bloqueadas desde hace meses, afectando a operaciones por 7.500 millones de pesetas.