Cinco puntualizaciones sobre Banca Catalana

Hace algunas semanas se cumplió el primer aniversario de la presentación de la querella judicial sobre el caso de Banca Catalana. Todo el mundo sabe que en dicho caso está, entre otros, implicado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. Y, como en toda historia en la que se pueda implicar un cargo político a alto nivel, circulan las más diversas y contradictorias interpretaciones sobre la cuestión.Dado que en mi condición de portavoz parlamentario me he visto envuelto en alguna de las vicisitudes de la misma historia y que alguna vez, como es, habitual, por pretendidas razones de espacio (como ocurrió en el Informe semanal de TVE el 25 de mayo de 1985), se recortan y esquematizan las declaraciones, creo importante realizar cinco puntualizaciones que inciden de pleno en el tema y que, a mi entender, definen la dimensión política del mismo.

Primera: el momento en que se planteó la querella era el más inoportuno, políticamente hablando. Cualquier comentarista político, por poco afán de neutralidad que quisiese mantener, debería suscribir la afirmación de que el hecho de presentar una querella contra el presidente Pujol pocos días después de que éste hubiera triunfado, con una mayoría casi absoluta, en las elecciones al Parlament de Cataluña de abril de 1984 podía ser susceptible de ser calificado de rabieta o venganza política. Muchos meses antes de aquella fecha, en junio de 1983, y por los motivos que después aduciré, procedimientos judiciales de menor alcance hubiesen provocado efectos muy distintos. O, por otros motivos, la carga política de la querella no estaría incrementada por la inoportunidad si se hubiese presentado meses después de las elecciones, decisión que no provocaba alteraciones sustanciales al contenido del procedimiento judicial.

Cuestiones personales

Segunda: existen diversos aspectos que afectan al señor Pujol como ciudadano, no sólo aquellos que dependen de la justicia. En todo el íter parlamentario del tema (en el Parlament se trató, de una forma u otra, desde junio de 1982 hasta finales de 1983) siempre se dejaron de lado las cuestiones personales que no afectaban a las instituciones. El primer aspecto personal que no se trató, porque no corresponde al ámbito político, es la posible responsabilidad penal. En este sentido todos los ciudadanos tienen derechos constitucionales por igual, y la justicia tiene la obligación de un trato por igual. Pero tampoco se debatieron otros aspectos personales como son el evidente fracaso de un equipo de gestión bancaria (equipo del que formó parte durante muchos años con un papel relevante Jordi Pujol) que conllevó al hundimiento del grupo bancario y que provocó la intervención del Fondo de Garantía y la inhabilitación de aquellos gestores para la administración bancaria. Aquel fracaso y esta inhabilitación son factores personales, no directamente políticos, que permanecerán inalterables pase lo que pase con el procedimiento judicial. Hoy, Banca Catalana, agrade o no, es el Banco de Vizcaya tras muchas inyecciones de dinero público.

Tercera: por lo que afecta a la dimensión judicial del problema parece que no todo el mundo ha pasado por el mismo rasero, y ello también podría leerse en clave política.

Si ello fuese así se estaría, entre otras cosas, distorsionando aquellos derechos y mandatos constitucionales aludidos. Hasta hoy, por más investigaciones judiciales que se puedan haber anunciado o insinuado, quedan diversas crisis bancarias por aclarar. Por motivos aún más flagrantes sorprendió el hecho de que uno de los implicados en la crisis del Banco Urquijo, el señor Ruiz Jarabo, no sólo no recibiese un trato similar, sino que además se le nombrase presidente del Fondo de Garantía de Depósito. O sea, el Gobierno del PSOE, el mismo que puede incidir de oficio en los mecanismos de investigación y querella judicial, el mismo que se hace responsable de la inversión de dinero público en las crisis bancarias, promueve al más alto nivel del organismo encargado de subsanar aquellas crisis a un posible implicado en una de ellas que requirió miles de millones de pesetas del erario público.

Un caso diferente

Alguien podría argumentar que no todos ni mucho menos de los implicados en crisis bancarias pretenden ocupar cargos de gobierno en instituciones representativas. En concreto, el caso de Pujol es diferente porque él es el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Cuarta: el presidente Pujol es responsable de diversas irregularidades en el ejercicio de su cargo por lo que afecta al caso Catalana.

Durante muchos meses no ejerció sus responsabilidades públicas para ayudar a paliar, desde la institución autonómica del Gobierno de Cataluña, los efectos de la crisis en el grupo Catalana. Desde que empezó la crisis hasta hoy aún es hora de que dé una explicación satisfactoria y transparente de su actuación como gobernante. En un momento preciso del íter parlamentario aludido, el 22 de septiembre de 1982, en el debate sobre política general que abre reglamentariamente el año parlamentario, refiriéndose al caso Catalana, el presidente Pujol llegó a afirmar ante el plenario del Parlament de Cataluña, con toda la solemnidad de su cargo (sic), que si "algún día se dan circunstancias que hagan necesario, cosa que afortunadamente hoy no es el caso, que se hable de este tema aquí, hablaremos". Lo afirmaba semanas antes que el grupo Catalana pasase al Fondo de Garantía. O bien ignoraba lo que sucedía en el grupo bancario autóctono más importante, cosa realmente gravísima, o bien estaba escondiendo ante el Parlament una crisis que afectaba a miles de trabajadores, a centenares de empresas y accionistas, a un sector de la economía de Cataluña. Es evidente que en lo que respecta a la solución bancaria de la crisis, sobre todo por lo que costó el erario público, el Gobierno del PSOE es el principal responsable de haber optado por la vía privada, privatista y carísima para los contribuyentes, rechazando la solución pública.

La concesión de determinados créditos oficiales, por ejemplo, de miles de millones de pesetas a medio y largo plazo son un auténtico regalo a la banca privada. Pero el presidente Pujol, mucho antes de todo ello, como hombre de Gobierno, no propicia una actuación clara y directa del Ejecutivo autonómico y eludió sus responsabilidades, incluso las de informar a los representantes del pueblo de Cataluña. Quizá lo hizo por ser un presidente de la Generalitat que en su caso, por su implicación personal, no podía actuar. De todas formas fue un flaco servicio a las instituciones autonómicas (al Parlament en primer lugar), a la economía autóctona catalana y al mismo grupo bancario.

Presencia en la política

Quinta: el tema continúa presente, aunque de forma latente, en el panorama político catalán. Es así que se podría explicar la forma y el ritmo que se aplicó al trámite parlamentario de la ley que daba a Pujol el poder de disolución de la Cámara. ¿Cuándo y por qué Pujo¡ podría decidir disolver el Parlament? ¿Por qué no se aceptó en ningún instante de negociación sobre el contenido de la ley? ¿A qué respondían las urgencias?

En toda la historia del asunto creo que el señor Pujol se ha equivocado al intentar mezclar las dos dimensiones que se concretan en su persona, la de presidente de la Generalitat y la de ex directivo de Catalana. En cualquier sistema democrático, un dirigente con algo de sentido de la responsabilidad se debería haber visto inclinado a dimitir de su cargo hasta que se esclareciesen todos los hechos (y de hecho se podrían citar diversos ejemplos).

En resumen, es inaceptable la inoportunidad de la querella o el distinto rasero con que se mide a las personas, pero aún es más inaceptable intentar escudarse tras las instituciones de Cataluña, o tras el sentimiento catalanista, aunque no existiesen veleidades electoralistas en lontananza.