Los mosqueteros de la 'nueva política económica'
En plena Semana Santa, Boyer convocó a Fernández Ordóñez, Rojo y De la Cruz. Había que cambiar para que todo siguiese igual
Todo sucedió vertiginosamente. Se acababa de suspender el Consejo de Ministros. Miguel Boyer aprovechó la circunstancia y convocó al viejo caserón del Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle de Alcalá, al secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al director del servicio de estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y al director general de Presupuestos, Rafael de la Cruz. El ministro planteó el enfriamiento de la economía norteamericana y lo malos datos de coyuntura de la española; había que rectificar el rumbo para proseguir el ajuste. Había nacido la nueva política económica
La necesidad de cambiar algunos aspectos de la política económica, a la vista de la evolución de las economías occidentales, y del mal comportamiento de la inflación y del paro y de la ralentización del comercio exterior en España, ya había sido comentada por Boyer antes de la Semana Santa. A mediados del mes de marzo, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, explicó en una reunión con informadores económicos que el Gobierno estudiaba la posibilidad de rebajar los impuestos (concretamente el impuesto sobre la renta de las personas físicas).Este anuncio sorprendió por la personalidad de quien lo hacía -el gobernador del Banco de España no pertenece evidentemente al Ejecutivo- y la sorpresa se extendió incluso a los miembros del gabinete de Felipe González. Un ministro del área económica comentaba por aquellos días a este periódico: "La baja de impuestos es una fantasía. Esto no es Estados Unidos. Además, ¿cómo se va a explicar una disminución impositiva al mismo tiempo que un sacrificio para los pensionistas?".
Los ausentes
Incluso dentro del mismo equipo de Boyer la posibilidad de un cambio en la política económica había sido tratado, pero de forma muy genérica. Al llegar la Semana Santa, en la primera semana de abril, desaparecen de Madrid, de vacaciones, los secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda, Luis De Velasco y José Borrell. Se desconvoca el clásico Consejo de Ministros de los miércoles y el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer llama a su despacho de la calle de Alcalá al secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al director del servicio de estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y al director general de Presupuestos, Rafael de la Cruz. El miércoles santo, día 3 de abril, presidida por un retrato de Indalecio Prieto, colgado en la antesala del despacho del ministro, se desencadena una braim storming. Los tres mosqueteros de la nueva política económica que de esta reunión sale, son cuatro, como en la novela.
El análisis es clásico: la locomotora norteamericana se ha enfriado y no tirará, como se esperaba, del resto de las economías occidentales. El producto interior bruto (PIB) de los Estados Unidos sólo creció un 0,7% en el primer trimestre del año y el índice de los principales indicadores económicos una suerte de barómetro de la situación, descendió un 0,2% durante el mes de marzo, lo que confirmaba la tendencia apuntada desde principios de año, de una desaceleración de la actividad, después de dos años de fuerte ritmo expanivo.
Una mala coyuntura
Por otra parte, los indicios de una cierta recuperación de la economía española, apuntados discretamente a finales de 1984, se iban apagando: había un fuerte repunte inflacionario -confirmado luego en el índice de precios al consumo del mes de abril- y lo más alarmante, había cedido el empuje del comercio exterior mientras que la inversión y el consumo interno seguían en tasas negativas. Se podía llegar a una coyuntura inflacionaria sin crecimiento alguno de la economía española, lo que, entre otros aspectos, significaba un encefalograma plano con fuerte crecimiento del desempleo.
Era preciso corregir la situación. Los cuatro personajes reunidos conocían las líneas maestras de la política económica del futuro, que iban a ser anunciadas la semana posterior en la conferencia anual de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a celebrar en París: el estímulo de las propias economías, una vez enfriado el crecimiento norteamericano, adoptando medidas para reducir las tasas de desempleo. Entre ellas, la eliminación de las rigideces de los mercados (de trabajo, monetario y servicios), la asimilación de las nuevas tecnologías, la adopción de medidas fiscales de estímulo a la demanda y una vigilancia prioritaria sobre la inflación y el déficit público.
Miguel Boyer y sus consejeros adecúan las recomendaciones generales de la OCDE a la coyuntura española. De esta adecuación salen las nuevas medidas, que causarán estupor incluso dentro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de las secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio. Al volver de las vacaciones de Semana Santa, el Gabinete se entera del giro que el superministro Boyer dará a la política de ajuste. Miguel Boyer lo justificará afirmando que "es impensable mantener fijo el volante cuando el camino a recorrer es cambiante".
En la conferencia de la OCDE, Miguel Boyer declara que las nuevas medidas de política económica se hacen necesarias en un momento en el que "el tirón que ha producido en la economía española el crecimiento de la demanda exterior (aumento de las exportaciones) toca a su fin y se hace imprescindible sustituirle por otros instrumentos de estímulo interno".
Las medidas, discutidas
En resumen, la nueva política económica consiste en lo siguiente: modificación de la tarifa del impuesto sobre la renta y baja de las retenciones dentro del mismo gravamen; desaparición de la penalización fiscal existente para las unidades familiares en las que trabajan los dos cónyuges; libertad de amortización para las inversiones; reducción del gasto público con menos transferencias a las empresas públicas y menor adquisición de bienes y servicios en el extranjero por parte del Estado; bonificación del 50% en las cuotas de la Seguridad Social para nuevas colocaciones de jóvenes; supresión del 30% de la cuota en la desgravación por nuevo trabajador emplea do del impuesto de sociedades; libertad de horarios comerciales; desgravación fiscal de la inversión de los empleados en pequeñas y medianas empresas; liberalización de las inversiones extranjeras en España; liberación comercial para los sectores con presiones inflacionistas; desgravación del 17% a la inversión en vivienda nueva; supresión de prórroga forzosa en nuevos contratos de alquiler; libertad para convertir viviendas en locales de negocio; agilización para la tramitación de permisos y autorizaciones para la construcción por parte de los ayuntamientos.
Mientras que la versión oficial del Ministerio de Economía y Hacienda era que se trataba de cambios dentro de un mismo programa de ajuste, entre los partidos políticos, sindicatos e incluso entre algunos miembros del partido y del Gobierno socialista (estos últimos siempre sotto voce) se anunció un cambio en la política económica que, hasta entonces, se había vendido como "la única posible".
Desde la campaña electoral de 1982, el PSOE ha marcado cuatro etapas distintas en la política económica necesaria para luchar contra la crisis. La primera etapa es la del programa electoral. Muy semejante al aplicado por el partido socialista francés en los primeros meses de su legislatura, el programa del PSOE se basaba en una política expansiva. "Se hace necesaria, por tanto, una política expansiva, desarrollada dentro de un plan general de crecimiento a medio plazo que lleve a cabo la indispensable modernización de la economía", decía dicho programa.
Los mosqueteros de la "nueva política económica"
En aquellos momentos -finales de 1982- los socialistas afirmaban que "la política de los anteriores gobiernos, basada en elevar los precios, rebajar sistemáticamente los costes de la mano de obra, reducir los salarios reales o las plantillas, y transferir los costes de ineficacia de los aparatos productivos regresivos hacia los dinámicos, no ha logrado estimular la inversión y ha tenido un efecto depresivo sobre la demanda, presentando el pavoroso balance de más de dos millones de parados, a un ritmo de mil diarios en 1981 ... La creación de puestos de trabajo es el principal reto al que ha de enfrentarse la sociedad española durante los próximos años. Por ello, el empleo es el objetivo prioritario del programa".Miguel Boyer, al tomar el mando del Ministerio de Economía y Hacienda, se olvida del programa. No en vano opina el ministro (declaraciones ante la asamblea de los Jóvenes Empresarios) que la mayoría de los electores no vota el contenido de los programas, pues las encuestas demuestran que desconoce sus detalles. Con la legislatura se inicia un plan de estabilización clásico (al que se evita dar tal nombre), cuyas primeras medidas fueron la devaluación de la pesetas y la subida del precio de los carburantes. Boyer, que cuenta con todo el apoyo del presidente del Gobierno, declaró el último día de 1982 que "si hubiese que establecer un objetivo por encima de los demás, yo creo que éste sería la lucha contra la inflación", y además que "si no se domina el proceso inflacionista habrá que aplicar un plan de estabilización". El paro queda para el medio plazo y la inflación se convierte en la prioridad.
Categoría de permanentes
La tercera etapa se inicia a partir del año 1984, cuando el programa a medio plazo de la economía española eleva a la categoría de permanentes las medidas de estabilización. Las rentas de los asalariados vuelven a perder poder adquisitivo, lo que desestimula fuertemente el consumo privado. Por primera vez desde el comienzo de la transición democrática no se firma un pacto social. Los resultados de esta política se conocerán en el ejercicio en curso; los datos de la Contabilidad Nacional indican un descenso de un punto en el consumo privado; un descenso de la inversión en 3,5 puntos y un crecimiento en más de 20 puntos de los excedentes empresariales.
La cuarta etapa es la actual. En octubre de 1984 se firma el Acuerdo Económico y Social (AES) para el resto de la legislatura. Por primera vez, un pacto social no conlleva una fuerte pérdida del poder adquisitivo. En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 1985, Boyer afirma que son la frontera entre dos etapas distintas. Seis meses más tarde, casi en plenas vacaciones de Semana Santa, el ministro llama a Capítulo y concreta las medidas que intentan conjugar el ajuste con una cierta expansión.
Desde entonces, el ministro ha ido como un misionero llevando la buena nueva al Parlamento y a los más distintos sectores empresariales. El decreto-ley de Medidas Urgentes de Política Económica fue explicado primero a sus colaboradores habituales en el Ministerio, en especial a los dos grandes ausentes de la reunión del miércoles santo: Luis de Velasco y José Borrell. En segundo lugar, a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, donde algunos ministros pusieron el grito en el cielo por entrar algunas medidas en contradicción con otras que los departamentos estaban preparando. Luego, en el Consejo de Ministros. Más tarde en el Congreso de los Diputados y en el mismo partido socialista.
Por último, a los más diversos foros empresariales. Los patronos del Círculo de Empresarios, Jóvenes Empresarios y Confederación Española de Organizaciones Empresariales han sido testigos, casi mudos, del discurso de un ministro que, cada vez más, tiende a lo liberal-conservador y se olvida de los postulados clásicos socialistas. Pese a ello, Miguel Boyer se declara "cada día más socialista y más heterodoxo".
La doble pinza
Los grandes ausentes de estas explicaciones han sido las centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que se sienten agarradas por una doble pinza: una política económica que no comparten y de la que están completamente ausentes, y una política social -centrada en la reforma de las pensiones- que consideran regresiva. El secretario general de la central socialista, Nicolás Redondo, ha criticado las declaraciones del ministro de Economía y Hacienda, sobre todo en lo referido a la necesidad de abaratar el despido en España, en un momento en que se están a punto de alcanzar los tres millones de parados. Redondo rompió el voto del Grupo parlamentario socialista -por primera vez desde las Cortes constituyentes en 1977- y se pronunció en contra de la reforma de las pensiones auspiciada por el Gobierno.
