Una comisión mixta Congreso-Senado dirimirá la polémica sobre la protección del lobo en España

Los recientes debates parlamentarios en torno a la ratificación por el Estado español del convenio de Berna han avivado de nuevo la ya histórica polémica en torno a la conveniencia de proteger al, lobo en nuestro territorio. La virulencia de los enfrentamientos entre las posiciones protagonizadas, respectivamente, por ganaderos y ecologistas, no sólo se ha trasladado a los medios de comunicación y a diversos departamentos de la Administración, sino que ha conducido a votaciones contradictorias en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que serán dirimidas próximamente en una comisión mixta Congreso-Senado.

Las radicales divergencias que separan a los dos bloques de opinión existentes se basan principalmente en la diferente apreciación de los efectos causados por estos animales en su entorno, en las estimaciones de sus efectivos actuales y en el grado de control que se debería ejercer sobre sus poblaciones. Mientras los ganaderos y ciertas autoridades administrativas consideran que si no se continúan e incrementan las actuales batidas los daños causados a los rebaños irán en aumento, lo! ecologistas y los principales investigadores estiman que nos encontramos ante una especie que desempeña un papel relevante para el equilibrio natural en algunos de nuestros ecosistemas y que, debido a su abusiva persecución, se encuentra abocada a la extinción en la Península Ibérica si no se toman medidas protectoras eficaces inmediatas.Según los estudios del profesor Ramón Grande del Brío, ratificados por otros especialistas españoles y extranjeros, las poblaciones de lobos ibéricos -todas ellas pertenecientes a la subespecie canis lupus signatus- se encuentran en un claro proceso de regresión, tanto cuantitativo como respecto a la extensión territorial ocupada.

Siete núcleos

Su presencia queda actualmente encuadrada en siete núcleos de diversa entidad que, en su con junto, no poseen más de 600 a 700 ejemplares, lo cual indicaría una limitación a menos del 10% del área históricamente ocupada y una reducción aún más significativa, aunque difícilmente cuantificable, del número de animales.

Dicha evolución negativa es debida no sólo a su persecución sistemática (en torno a 200 lobos eliminados anualmente a lo largo de los últimos 10 años), sino igualmente a la desaparición de sus hábitats más idóneos con el consiguiente aislamiento y acantonamiento en comarcas marginales. Como secuela de todo ello, el lobo se enfrenta a nuevas amenazas para sobrevivir como especie silvestre, debido a su creciente hibridación con perros y a los cambios forzados en su alimentación y comportamiento general, lo cual podría conducirle a una sustancial pérdida de entidad ecológica y etológica.

Los anteriores datos, si bien no suelen ser cuestionados más que con vagas afirmaciones del estilo de "por aquí se ven más que antes", no son lógicamente suficientes para los principales afectados, pastores y ganaderos, que ven en el lobo a un simple enemigo de sus intereses económicos al que habría que eliminar. Esta actitud parece lógica si tenemos en cuenta que, aunque menos elevados de lo que a veces se afirma, los perjuicios económicos causados anualmente a rebaños domésticos podrían llegar a unos 30 millones de pesetas.

Algo más sorprendente parece la posición del Icona, organismo que se opone a su protección por considerar que la especie no está amenazada y que hay que hacer prevalecer los intereses de los propietarios de los rebaños sobre los de la protección de especies silvestres.

Frente a tales actitudes, las asociaciones integradas en la Federación de Amigos de la Tierra (FAT) y la Coordinadora para la Defensa de las Aves y sus Hábitats (Coda), consideran que el problema está mal planteado de raíz, ya que el origen de las tensiones existentes está en un modelo de gestión de la naturaleza y sus recursos que conduce al deterioro y modificación de los hábitats naturales y a la eliminación de las fuentes de alimentación del lobo y demás depredadores, obligándoles a buscar alternativas dentro de las nuevas condiciones artificialmente creadas.

En este sentido, la tendencia a eliminar posibles competidores por parte de los cazadores y ganaderos primitivos, en la que se sigue inscribiendo la persecución de lobos, rapaces y otras especies pretendidamente nocivas, deja de tener cualquier sentido en el marco de las actuales políticas conservacionistas orientadas a la pervivencia de nuestros últimos enclaves silvestres y de la diversidad genética.

Regulador natural

Dentro de este marco, la protección del lobo cobra toda su vigencia, tanto por su grave situación actual como por su papel de regulador natural selectivo de las poblaciones de fitófagos salvajes o de abastecedor de alimento a los carroñeros.

Como consecuencia, las antes citadas asociaciones consideran, como ya dijera en su día el desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente, que urge eliminar, mediante eficaces medidas de gestión, la disyuntiva entre intereses de los ganaderos y protección del lobo. Esto sería factible dirigiendo la protección hacia las poblaciones y los territorios mejor conservados, protección que debería complementarse de forma adecuada con la utilización de la posibilidad de controles en zonas donde su presencia sea netamente injustificada -cosa que prevé el propio convenio de Berna en su artículo noveno-, así como por medio del establecimiento de un sistema de indemnizaciones para los inevitables daños a la cabaña ganadera derivados del elevado grado de antropización del territorio.