Los ayuntamientos temen perder 30.000 millones en impuestos durante este año por un error que achacan al Gobierno

Los municipios que iban a subir este año el valor de sus catastros y no habían terminado el proceso antes del primero de enero temen perder casi 30.000 millones de pesetas, pues unos tendrán dificultades legales para subir los impuestos y otros no podrán hacerlo definitivamente. Como los ayuntamientos afectados achacan el fallo al Gobierno y no consiguieron introducir las modificaciones necesarias para corregirlo, han iniciado gestiones ante Hacienda para que el Estado les pague lo que no puedan obtener de sus contribuyentes.

El problema consiste en que muchos ayuntamientos iniciaron el pasado año importantes revisiones en los valores catastrales de las propiedades urbanas, con el fin de lograr así una mayor recaudación por su principal impuesto propio: la contribución territorial urbana. Los contribuyentes pagan un porcentaje (en torno al 20%. o 25% por término medio) sobre la renta catastral, que es definida por Hacienda a su vez como otro porcentaje del valor de los inmuebles en catastro.La revisión al alza de los catastros es una política que se ha generalizado últimamente, pues los valores catastrales están bastante alejados de los precios de mercado, a los que pretende acercarlos el proyecto de ley de financiación de las haciendas locales. Mediante tales revisiones, además de elevar sus ingresos por contribución territorial urbana, algunos ayuntamientos incrementan también los procedentes de los recargos que han establecido desde el año pasado en el mismo tributo seis centenares de municipios.

Sin embargo, al concretar la renta catastral para 1985, la ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año, en su artículo 61, la define como el 4% del valor "vigente" a 31 de diciembre de 1984. Según fuentes municipales, ni Hacienda ni los ayuntamientos advirtieron la transcendencia que tendría esta redacción.

Revisión de catastros

En efecto, decenas de ayuntamientos que habían iniciado la revisión de sus catastros no tenían "vigentes" los nuevos valores catastrales el 31 de diciembre del pasado año. La causa radica en que el proceso legal hasta considerar en vigor la rectificación del catastro suele ser dilatado y requiere, además de formalizar los acuerdos municipales, la publicación de edictos y otros trámites.En la mayor parte de los casos -cuando el acuerdo de la corporación y el edicto salieron en 1984-, la vigencia del nuevo catastro puede ser susceptible de interpretación. La recaudación que esperan obtener estos municipios se sitúan entre los 18.000 y los 20.000 millones de pesetas. Pero entre ellos se ha extendido el temor de que algunos contribuyentes discutan o recurran el pago de la contribución territorial urbana, efectuado en el último trimestre del año. Recuerdan al respecto que, por la proliferación de recursos contra los recargos municipales en el impuesto sobre la renta implantados en 1984, el medio centenar largo de corporaciones que los pusieron sólo recaudaron unos 4.000 millones de pesetas, la mitad de la cifra prevista.

Otros -cerca de una treintena de ayuntamientos- no tenían claramente en vigor la revisión el 31 de diciembre de 1984, aunque ya la habían anunciado y habían previsto legalizarla durante el primer semestre del presente año. Con este motivo, y debido a la potencia recaudatoria que proporcionan dichas revisiones, distintos municipios en esta situación habían suprimido varias tasas, para compensar los cambios.

Por ello, se han quedado sin los ingresos de las tasas y sin la posibilidad de cobrar la contribución con el nuevo catastro. Las pérdidas ciertas de este segundo grupo se estiman en unos 8.000 millones de pesetas. Entre ellos figuran algunos de gran población: Alicante (se estima que puede perder 1.00.0 millones de pesetas), Villena (también en la provincia de Alicante) y cuatro de la Corporación Metropolitana de Barcelona (San Cugat del Vallet, Molins del Rey, San Boy y el Prat de Llobregat).

Una vez advertida la redacción del artículo 61 de los Presupuestos del Estado para 1986 cuando éstos habían entrado en vigor, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se dirigieron al Ministerio de Economía y Hacienda, donde les reconocieron que se había tratado de un error, según fuentes de la FEMP.

En consecuencia, los ayuntamientos pidieron que el presunto error fuera admitido públicamente y rectificado mediante una ley de artículo único, a lo que se ha negado dicho Departamento. Nuevamente, con motivo de los proyectos de ley para la represión del fraude fiscal, la FEMP intentó sin éxito la introducción, con el apoyo de Hacienda, de una enmienda que corrigiera dicho artículo de los Presupuestos.

Por todo ello, los ayuntamientos afectados, especialmente los del segundo grupo citado, han cerrado filas durante las últimas semanas y se han propuesto pedir a Hacienda que les compense de las pérdidas de recaudación que previsiblemente van a sufrir con cargo a los Presupuestos de este mismo año. Sin embargo, también el fisco se ha mostrado resistente a esta solución.