Guerra admite que algunos policías pueden estar espiando a los partidos "por su cuenta"

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, calificó ayer, en el curso de un programa de Radio Popular, de "falsedad" y de "calumnias" las acusaciones de espionaje policial político. Pero Guerra añadió: "Puede haber funcionarios en algunos sectores que en la etapa anterior pudieran hacer esas prácticas y pudiera ser que hoy, por su cuenta, estuvieran haciéndolo. Vamos a investigar y a tratar de descubrirlos, pero no hay ninguna responsabilidad política en ello, porque este Gobierno no ejecuta este tipo de acciones, sino que está dispuesto a sancionar, a castigar absolutamente a cualquier persona que realice este tipo de acciones".

Alianza Popular (AP) señaló ayer, a través de un comunicado, que el PSOE pretende ocultar presuntos hechos delictivos como el espionaje policial de que han sido objeto diversos partidos políticos. AP hizo esta afirmación al referirse a la negativa de los socialistas para que se cree una comisión parlamentaria que investigue esos presuntos delitos. La querella presentada por AP por este escándalo fue admitida ayer a trámite por el Juzgado de Instrucción número 21, cuyo titular ya ha citado a algún testigo para el próximo lunes.Por su parte, el secretario general de Organización del PSOE, José María Benegas, que ayer se entrevistó durante dos horas con el presidente del Gobierno, declaró a Efe que la actitud en este escándalo del líder de AP, Manuel Fraga, es "irresponsable", y que las acusaciones hechas han sido presentadas "sin ningún fundamento que las avale". En el comunicado de AP se responde a Benegas que sus palabras son "muy preocupantes y escasamente democráticas".

"El PSOE, en una actitud impropia de un partido democrático", señala AP, "pretende identificar las críticas al Gobierno como ataques al Estado, actitud propia de regímenes con partido único. AP entiende sobre todo este asunto que quien deteriora las instituciones democráticas no es quien denuncia los excesos sino quien los comete".

De otro lado, un portavoz de la Plataforma Unitaria de Policías (PUP), sindicato minoritario del Cuerpo Superior de Policía, anunció ayer una posible querella contra el ministro del Interior, José Barrionuevo, por el hecho de que Fraga desveló en el debate parlamentario del pasado miércoles que, en conversaciones telefónicas del ministro con dos dirigentes de AP, Barrionuevo comentó que el responsable de haberse dinfundido ahora el escándalo sobre el espionaje político era el subcomisario Mariano Baniandrés, ex jefe de la Brigada de Interior.

Roca exige información

Por otra parte, el portavoz de Minoría Catalana, Miquel Roca Junyent, presentó ayer en el Congreso una solicitud de datos, informes y documentos, dirigido al Ministerio del Interior. Al amparo del artículo séptimo del reglamento del Congreso, Roca solicita los siguientes documentos: "los informes emitidos por la Brigada de Interior adscrita a la Comisaría General de Información, como consecuencia del análisis de los documentos de los partidos políticos con representación en esta Cámara en los últimos tres años, es decir, desde el 24 de mayo de l982", dice su solicitud dirigida a Interior. El ministerio dispone de 30 días para responder.La intervención del pasado miércoles en el pleno del Congreso del ministro del Interior, José Barrionuevo, sobre cómo se había producido el nombramiento de Jesús Martínez Torres como comisario general de información, le ha dado pie al diputado de Minoría Catalana Josep María Trías de Bes a formular la siguiente pregunta: "¿En qué criterios se ha basado el Gobierno para proceder a nombramientos de funcionarios en puestos de responsabilidad del Ministerio del Interior?".

Barrionuevo afirmó que existía una "tablilla" en el PSOE con datos e historial de funcionarios de policía. De esta "tablilla", Barrionuevo dedujo que Martínez Torres era el candidato idóneo para el cargo.