La Audiencia de Valladolid suspende el decreto que paralizó la mina de Leitariegos

La sala contencioso administrativa de la Audiencia Territorial de Valladolid acordó ayer la suspensión del decreto dictado por el alcalde comunista de Villablino (León), Eliecer Rodríguez Barrero, por el que se ordenaba la paralización inmediata de las obras de destierre de la explotación de carbón a cielo abierto que la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) tiene en la localidad de Leitariegos, y que impide desde el pasado 25 de abril la ejecución de las mismas, con pérdidas para la empresa concesionaria que superan los 160 millones de pesetas, según fuentes de MSP.Desde esa fecha, Rodríguez Barrero y, los ocho concejales comunistas de la corporación, mayoría en el ayuntamiento, imposibilitan los trabajos de la explotación minera, permaneciendo delante de la maquinaria día y noche, incluso en tiendas de campaña.

El alcalde de Villablino señaló ayer que no ha tenido notificación oficial de la decisión de la audiencia. Rodríguez Barrero afirmó que acata las decisiones de los tribunales, pero como ciudadano y miembro del PCE no se quitará delante de las máquinas el lunes cuando empiecen a trabajar y que movilizará a todo el pueblo para impedir los trabajos de destierre.

Según el director general de MSP, Alfonso García Argüelles, la concesión cuenta con los preceptivos permisos de Industria y del Icona, y carece de la autorización municipal a causa de la falta de respuesta del alcalde, quien "no respondió a las dos solicitudes presentadas por la empresa".

La postura del titular del ayuntamiento, compartida por las juntas vecinales limítrofes, CC OO, la Cámara Agraria local y partidos ecologistas, carece del apoyo del resto de la corporación, cinco representantes socialistas y tres del Grupo Popular.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, que inició la formulación de varios informes relativos a la legalidad de la actuación municipal, algunos de ellos contradictorios, todavía no ha manifestado su opinión oficial al respecto.

Rodríguez Barrero presentó a principios de mayo una querella judicial contra la empresa Pérez Canedo, que lleva a cabo la subcontrata del desmonte, y la sociedad minera, por "delito de resistencia, y desobediencia".