El Supremo falla en contra del Estado en el caso del hundimiento del 'Urquiola'

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Administración del Estado en el caso del incendio y posterior hundimiento del buque tanque Monte Urquiola, siniestro acaecido el 12 de mayo de 1976, en el que perdió la vida el capitán del petrolero. Las compañías aseguradoras, que debieron abonar 1.600 millones de pesetas a los propietarios del buque, la Naviera Artola, pleitearon hasta llegar al Supremo, de cuyo fallo tuvieron conocimiento el pasado 8 de mayo.

Decenas de veces, el capitán Francisco Eduardo Rodríguez había pilotado sin novedad su buque por el canal de entrada Seixo Blanco de acceso al puerto de La Coruña. A primeras horas de la mañana del aciago 12 de mayo de 1976, cuando su supertanque enfilaba el puerto coruñés cargado con 118.000 toneladas de crudo, por valor de 750 millones de pesetas, embarrancó en unos bajos no señalizados en las cartas náuticas.El capitán recibió orden de la Comandancia de Marina de virar en redondo y dirigirse a alta mar, con el fin de evitar la catástrofe ecológica, maniobra en la que tocó fondo por segunda vez. A partir de las diez de la mañana, práctico y capitán quedaron solos en la nave siniestrada. A las 13,53, por efecto de la acumulación de gases, se produjo la primera explosión a bordo del Urquiola. Ambos marinos se arrojaron al agua entre las llamas, pero el capitán Rodríguez no llegaría nunca a tierra.

Desde el primer momento, las compañías Seguros Bilbao, SA, y Cervantes, SA, como titulares de las pólizas que cubrían los riesgos del buque y su carga, respectivamente, sostuvieron que la causa del siniestro era debida a la existencia de una aguja no señalizada en las cartas de navegación, opinión corroborada posteriormente por el Servicio Hidrográfico de la Marina.

La Administración, que investigaba el siniestro en la correspondiente causa, mantuvo que existió imprudencia en la actuación del capitán del Urquiola, argumento que sirvió para rechazar por vía administrativa la reclamación de las compañías aseguradoras. Éstas, sin embargo, plantearon pleito contencioso-administrativo contra la Administración del Estado, que fue rechazado en sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de enero de 1982. Las aseguradoras apelaron ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha considerado sus argumentos.