Las salinas del Camisón, adquiridas para levantar un hotel

Grupos ecologistas de Canarias han emplazado al Gobierno autónomo para que impida la desaparición de las salinas del Camisón, la única instalación de este tipo (para obtener sal por evaporación del agua del mar) existente en la isla de Tenerife, y que data de hace más de siglo y medio. Con una extensión de 40.000 metros cuadrados, han sido adquiridas por un constructor gallego para levantar un hotel de 500 plazas. El Ejecutivo regional, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, propietario de ese espacio, muestran cierta impotencia para proteger un valor cultural y antropológico del archipiélago.

Los ecologistas han denunciado que el promotor Emilio Pena, originario de Santiago de Compostela, está vertiendo escombros de las obras colindantes a las salinas para inutilizar éstas y vaciar así de argumentos a quienes las defienden.Alberto Luengo, arquitecto y secretario del Grupo Ecologista de la Comarca de Abona (GECA), considera que "no se puede edificar en las salinas porque así se desprende del planeamiento municipal en vigencia"; según afirma, dicho enclave ha sido catalogado como espacio protegido de finalidad turístico-recreativa en el ordenamiento de la localidad que se encuentra en período de revisión.

Emilio Pena, por el contrario, sostiene, aunque no posea un documento que lo acredite, que la superficie de las salinas es apta para edificar. Se la compró a 20 propietarios por 90 millones de pesetas, aunque, señala, "el valor de la par cela es de 500 millones de pesetas, que es lo que tendrían que abonar me si me quieren expropiar".

Pena manifiesta que no sale de su asombro: "Las salinas constitu yen un negocio antieconómico, se encuentran en estado putrefacto y se trata de charcas de aspecto re pugnante".

El alcalde de Arona, Manuel Barrios, del PSOE, responde ambiguamente a las demandas de los ecologistas: "Las parcelas de las salinas son edificables, pero otra cosa es que se pueda edificar sobre ellas", dice, y pasa la pelota al Gobierno autónomo: "La solución reside en que el Ejecutivo regional pague al propietario de los terrenos para reanudar la producción de sal".

Por su parte, el vicepresidente de dicho Gabinete, Juan Alberto Martín, encaja el reto arguyendo que acaba de asumir la competencia del medio ambiente y que no dispone de información y material humano para dar una solución inmediata. Entretanto, las salinas, que están inactivas desde hace seis meses, sufren un deterioro progresivo.