Una protesta de 1.870 profesores
Considerando el contraste con lo que ha sucedido con el proyecto gubernamental para reducir las pensiones de la Seguridad Social, los abajo firmantes -1.870 profesores de 67 institutos de bachillerato de toda España- no podemos por menos de mostrarnos dolorosamente sorprendidos ante la falta de reacción apropiada de las centrales sindicales y la falta de eco en los medios de comunicación ante la nueva regulación de las pensiones de jubilación de los funcío:narios públicos aparecida, dentro de la ley de Presupuestos Generales del Estado, en el BOE del 31 de diciembre último, y que para muchos de nosotros significa mermas de más de la mitad de lo que nos hubiera correspondido como pensiones de jubilación, según la legislación anterior, y la reducción de nuestras pensiones a cantidades insuficientes ara asegurarnos un nivel de digna subsistencia.Sin entrar en la consideración de la filosofía de la nueva ley, elaborada con un criterio puramente contractual, sí creemos que su aplicación a muchos de nosotros es causa de injusticia, en cuanto que defrauda las que fueron nuestras expectativas al ingresar en la función pública.
Cabe pensar que, sin haber creído que les iba a asegurar un suficiente desahogo al llegara la edad de la jubilación, muchos de los profesores que ahora han de jubilarse no habrían escogido hace años la función pública, pero es un hecho que a estas alturas es ya demasiado tarde para que replanteen unas vidas que la nueva ley sobre pensiones condena a terminar penuria; y es demasiado tarde también para que contraten uno de esos planes de jubilación que llevan camino de convertirse en un formidable negocio de los bancos y las compañías de seguros en este país en este tiempo.
Queremos manifestar ahora nuestra convicción de que es injusto el que se aplique la nueva ley a aquellos cuya condición de funcionaríos estaba regulada por una ley más favorable cuando entraron al servicie, del Estado, y la de que, si el sisterna de hacer leyes que cambien las condiciones en que unos u otros grupos de funcionarios establecieron su relación con el Estado tiene éxito, se habrá establecido un peligroso precedente y cualquier Gobierno podrá cualquier día hacer una tabla rasa con los que se entiendan como derechos legítimos adquiridos de cualquiera de esos grupos de funcionarios, trabajadores a los que también deben defender los sindicatos y sobre cuyas vicisitudes se debe informar a la opinión pública.-
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