Las medidas de Boyer

EL CONSEJO de Ministros aprobó ayer una parte de las medidas de política económica que fueron anunciadas, por Miguel Boyer hace dos semanas y cuyo objetivo es conseguir una recuperación de la actividad económica. Se concretan en la rebaja en las retenciones sobre el ¡m.puesto de la renta de las personas risicas (IRPF), la libertad de horario para los establecimentos comerciales, la desgravación por inversión en viviendas de nueva construcción, una liberalización superior a la anunciada en las inversiones extranjeras y el aumento de las cantidades de divisas permitidas a los españoles en sus viajes al extranjero. Del paquete inicial faltan por aprobar la ley que fijará la reducción en la tarifa del impuesto sobre la renta y la bonificación del 50% en las cuotas de la Seguridad Social para colocaciones de jóvenes menores de 26 años.En los tres primeros meses del año los indicadores económicos han reflejado un comportamiento de la economía sensiblemente peor de lo que el Gobierno había previsto. La escasa actividad inversora, a pesar de que la excelente recuperación en los beneficios parecía indicar que las condiciones favorables estaban creadas, intenta ser compensada con las facilidades otorgadas a la inversión procedente del exterior.

Ante este panorama, el Gobierno ha instrumentado, no sin prisas y con ciertas tensiones internas, una ser¡e de medidas coyunturales cuyo fin es más bien modesto: obtener un crecimiento del 2,5% al final del año, inferior en medio punto al objetivo. En el fondo, no es más que el intento de corregir una desviación profunda en las previsones económicas. Sin embargo, por encima de la coyuntura nacional e internacional, los principales problemas de la economía española siguen siendo estructurales. El paro, próximo ya a la abrumadora cifra de los tres millones de personas sin empleo, y el déficit público son los dos grandes retos, cuya solución no cabe esperar de una corrección de rumbo que tendrá efectos beneficiosos, pero parciales; representarán una especie de maquillaje sobre algunas magnitudes macroeconómicas, pero pueden introducir tensiones añadidas.

Estas decisiones se adelantan en un día a la celebración del Primero de Mayo, al que, una vez más, los sindicatos acuden desunidos, aunque sus reivindicaciones son coincidentes. Las exigencias sindicales insisten en el tema del empleo como principal problema al que hay que poner soluciones y en su oposición al proyecto de reforma de la Seguridad Social, que prevé una reducción de las prestaciones de los pensionistas como uno de los remedios a la crisis financiera de la Seguridad Social. El sindicato socialista ha expresado claramente su intención de mantenerse al margen de unas medidas de difícil justificación desde el punto de vista de los intereses sociales.

Los retoques fiscales dejan en manos de los consumidores unas rentas que, hasta ahora, ingresaba Hacienda en concepto de retenciones a cuenta del impuesto. El objetivo del Gobierno es que ese dinero (107.000 millones de pesetas) revierta hacia el consumo, con lo cual la demanda interna recibiría un apoyo adicional estimado en medio punto. Pero, teóricamente, el impulso al consumo se produce eficazmente cuando aumentan significativamente las rentas medias. Las reba as en las reducciones anunciadas por el Gobierno se concentran en las rentas más bajas y las previsiones iniciales sobre las rentas medias (entre millón y medio y 3,5 millones de pesetas al año) han sido recortadas al comprobar que la disminución de ingresos para el fisco era superior en. más de dos veces al calculado inicialmente. Para que esta medida conserve todos sus efectos beneficiosos la tarifa real del impuesto deberá verse reducida en proporciones similares, porque de lo contrario se trataría de un crédito al consumo a cuenta, que el ciudadano tendría que devolver a la hora de hacer sus cuentas con Hacienda.

Tampoco el Gobierno ha definido los frenos al gasto público para evitar que la reducción de ingresos fiscales suponga un incremento del déficit. El retraso de las transferencias a empresas públicas permite un margen de maniobra, pero provoca problemas añadidos a unas empresas y sectores en pleno saneamiento, con planes y programas ya suscritos para conseguir su reequilibrio financiero. Faltan, asimismo, por concretar en qué se van a traducir los recortes en ciertas importaciones del Estado y en las compras de armamento, ante las que el electorado socialista no es insensible cuando se restan recursos de sectores de interés social.