UGT, contra el Gobierno

LA PROPUESTA del Gobierno de reformar el sistema de pensiones, endureciendo los requisitos para obtenerlas y recortando la cuantía de las futuras prestaciones, ha colocado a UGT en una dramática tesitura. Aceptar la propuesta tal como se plantea supone para el sindicato socialista enfrentarse con amplias capas de la sociedad -incluidas sus propias bases-, que no pueden comprender que la reforma socialista de la Seguridad Social se base exclusiva o primordialmente en recortar aún más los derechos de los trabajadores. La central sindical, lógicamente, no quiere pasar a la historia como aquella que admitió una reforma tan regresiva. Pero si UGT no acaba pasando por el aro o el Gobierno se mantiene compacto en sus intenciones, eso puede llevar a una confrontación que haría peligrar el Acuerdo Económico y Social (AES) -el pacto social para el resto de la legislatura- y que se extendería probablemente a otros terrenos de tensión como puede ser el referéndum sobre la OTAN o la mayor flexibilización del mercado de trabajo.Las intenciones gubernamentales de aprobar un decreto-ley sobre pensiones de jubilación e invalidez han sido contestadas, de momento, por UGT con la convocatoria de movilizaciones y manifestaciones, aunque ésta todavía no se haya plasmado en nada concreto. Que el sindicato socialista apruebe en su máximo órgano de decisión (en el que conviven un gran número de destacados militantes del PSOE, así como diputados y senadores del grupo parlamentario socialista) una medida de presión de esta gravedad puede hacer reflexionar al Ejecutivo hasta qué punto las razones que se esgrimen contra la reforma proyectada de la Seguridad Social son algo más que simple "tozudez de sus dirigentes".

El método de negociación que ha impuesto el Gobierno tiene, cuando menos, muy poco de inteligente. Pretender convencer a la sociedad que la reforma de la totalidad del sistema es beneficiosa, presentando en primer lugar los aspectos más duros de la misma, los que perjudican a las clases trabajadoras y a los votantes del PSOE, y dejando para posteriores negociaciones las reformas que afectarían a los sectores poderosos, incluida la propia Administración del Estado, parece un chiste de mal gusto o una burla a quienes depositaron su confianza en Felipe González. Posiblemente, dentro de una reforma general de un sistema como el de la Seguridad Social española, que, según el Gobierno, está en. completa quiebra, haya que terminar aceptando una diferente redistribución de los recursos, recortando el gasto allá donde menos justificado esté, y eso afecte también a determinadas pensiones. No obstante, los sindicatos de clase podrían aprobar medidas de ese género en un marco más completo de reformas. Pero empezar cortando por los más débiles en un país en el que las medidas del Welfare State son muy inferiores, en cantidad y calidad, a las del resto de los países de nuestro entorno, dice muy poco en favor de la capacidad de gobierno de un equipo que recibió 10 millones de votos y la mayoría en ambas Cámaras para que fuera capaz de resistir las presiones contra el cambio de esta sociedad.

Por otra parte, resulta difícil entender cómo un terna tan importante como el de Seguridad Social ha merecido tan escasa negociación con los interlocutores sociales. No parece lógico que el huracán del debate esté centrado exclusivamente entre el Gobierno y UGT y sólo haya habido tímidos intentos de acercarse a los empresarios de la CEOE y ninguno a Comisiones Obreras por la parte sindical.

Pero, además, el Gobierno ha llevado paralelamente al Congreso una ley de vital importancia en la financiación de la Seguridad Social como la de Sanidad. El proyecto, aunque posiblemente conocido por empresarios y sindicatos, no fue presentado ni una sola vez en la comisión de reforma del AES, lo que provocó quejas por parte de la CEOE y UGT, que lo requirieron. en varias ocasiones.

El trámite parlamentario que ha de pasar esta ley puede dar lugar a introducir enmiendas que concedan alguna de las cosas exigidas por la UGT. Pero la ley de Sanidad en su conjunto significa un paso atrás en las promesas electorales del PSOE y una claudicación frente a las presiones corporativistas de la clase médica. Cabe preguntarse a la vista de todo ello si no hubiera sido lo lógico emprender un plan global de reforma de la Seguridad Social que buscara equilibrios más acordes con el carácter socialista del partido en el Gobierno y con los intereses que teóricamente representa.