La reducción de las retenciones

LA CONFERENCIA ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado un claro mensaje a las economías que, como la española, se resisten a traducir el tímido crecimiento que han registrado en los últimos años en una mejora apreciable en la situación del empleo. Ha llegado el momento, viene a decir la OCDE, para que, sin descuidar la vigilancia de la inflación y el control del déficit público, se adopten medidas coordinadas en Europa para la reactivación de la demanda que, a la larga, se traduzcan en una mejora de la inversión y del nivel de empleo.El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, se ha apresurado, aprovechando el guante que le tiende el organismo internacional, a anunciar la próxima presentación al Consejo de Ministros de un paquete de medidas Fiscales que, como plato fuerte, suponen una disminución de los porcentajes de las tablas de retenciones a cuenta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La medida, en sí misma, no significa una reducción de los impuestos ni de la presión impositiva, a no ser que al mismo tiempo cambien otros elementos del gravamen sobre la renta. Tan sólo es, en ciertos casos, un anticipo a los contribuyentes de las cantidades que, al año siguiente, Hacienda estará obligada a devolverles. De cualquier forma, la reducción no será lineal sino progresiva; esto es, se reducirán las retenciones de los contribuyentes de rentas más bajas y se mantendrán las de las personas con mayor capacidad adquisitiva.

La justificación de la medida se puede ver desde dos ópticas muy distintas: la estrictamente técnica, y la política. Desde el primer punto de vista, una rebaja de las retenciones supone un incremento inmediato de dinero efectivo en manos de todos los que poseen un puesto de trabajo. Ello puede significar un aumento del consumo privado -negativo en el pasado ejercicio en un punto, según datos de la Contabilidad Nacional- imprescindible para la reactivación de la demanda en un momento en el que el comercio exterior no está tan boyante como en el pasado inmediato. El siguiente paso en cualquier razonamiento lógico sería un estímulo para la inversión, absolutamente decaída durante todo 1984, pese a la tímida baja de los tipos de interés que propicia la autoridad monetaria. El colofón sería un incremento de la oferta de empleo, con lo que se conseguirían las pretensiones de la OCDE. Pero la experiencia es terca y la economía hace mucho tiempo que dejó de ser -si alguna vez se acercó a ello- una ciencia exacta. No hay nada que asegure el estímulo de la inversión y menos que de ese estímulo nazcan puestos de trabajo.

Desde el punto de vista político, la medida resulta sospechosa de electoralismo. Cada día existen más indicios de que la fecha de las elecciones puede adelantarse. La mayor disponibilidad de dinero en manos del contribuyente -el que no declara no notará nada- generará una ilusión monetaria indudable. Durante un tiempo parecerá que los sueldos se han elevado y se estimulará una cierta alegría consumidora que empezará a dar sus efectos a partir del segundo semestre de este ejercicio. Y es lícito pensar que las elecciones pueden celebrarse antes de que venza, el año que viene, el plazo para declarar la renta y el patrimonio sobre este ejercicio. Justo cuando las alegrías se conviertan en malos humores ante el hecho cierto de que haya que ingresar a Hacienda cantidades adicionales.

En cualquier caso es inimaginable que un país como España, inmerso en una crisis fiscal profundísima, con un profundo deterioro del Estado asistencial, que tiene que reducir las pensiones de los futuros jubilados como medio de evitar la asfixia de la Seguridad Social, y con una estructura de gasto público dilapidadora e ineficaz, se plantee una reducción impositiva como la anunciada por Reagan en los Estados Unidos. Por ello conviene dejar claro que las medidas fiscales de Boyer son reducciones a cuenta con un plazo muy determinado para cambiar de sentido.