Boyer anuncia en París la inminente reducción de las retenciones a cuenta en el impuesto sobre la renta

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, anunció ayer en París la presentación al próximo Consejo de Ministros de un paquete de medidas fiscales para estimular la economía que incluye una apreciable reducción de los porcentajes de retenciones a cuenta en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. El ministro, que expuso a la conferencia anual de la OCDE un panorama moderadamente optimista sobre la evolución de la economía española, descartó una eventual devaluación de la peseta como consecuencia de la próxima adhesión de España a la CEE.

Miguel Boyer señaló que las acciones fiscales que propondrá al Gobierno para su inmediata entrada en vigor persiguen asegurar un crecimiento del producto interior bruto del 2% en 1985. Estas medidas se hacen necesarias en un momento en que, según Boyer, "el tirón que ha producido en la economía española el crecimiento de la demanda exterior (aumento de las exportaciones) toca a su fin y se hace imprescindible sustituirle por otros instrumentos de estímulo interno". La reducción de los porcentajes de la tabla de retenciones fiscales no supone una disminución de los impuestos, pero sí permite que el contribuyente disponga anticipadamente de un dinero que, en el caso de devolución por Hacienda de las retenciones practicadas en exceso, se le hacía llegar a su bolsillo con más de un año de retraso. Fuentes solventes indicaron que la reducción de las retenciones alcanzaría una cifra entre 80.000 y 100.000 millones de pesetas, y añadieron que está en estudio el que beneficien a los contribuyentes más modestos.

Miguel Boyer anticipó que es muy posible que en el próximo año se instrumenten medidas adicionales de estímulo fiscal a la demanda, concretamente alargamientos en los plazos de pago y reducciones reales de los tipos impositivos. La puesta en práctica de estas medidas dependerían, en todo caso, de la evolución de la economía, y estarían condicionadas al efecto beneficioso que las disminuciones de las retenciones tendrían durante este año.

Respecto a la política monetaria, Boyer insistió en que no existe ninguna intención de modificarla, bien sea mediante una relajación de la misma o por medio de restricciones de la oferta monetaria. Para el ministro, la desviación por encima de la banda prevista de los presupuestos del Estado para 1985 de los activos líquidos en manos del público (ALP o M-3) en los últimos meses ha sido un fenómeno coyuntural y a su juicio pasajero, resultado de las expectativas que ha creado en el mercado la nueva ley sobre Activos Financieros. En este sentido, reiteró que "los objetivos monetarios se van a mantener dentro de la banda prevista".

Elevadas reservas

En cuanto a la rumoreada devaluación de la peseta, el ministro de Hacienda dijo que los problemas que la adhesión española a la CEE creará en la economía no son comparables a la situación originada en el Reino Unido cuando este paso se dio hace unos años, que motivó la devaluación de la libra esterlina. Según Boyer, el volumen de reservas de la economía española es mucho más elevado, en términos absolutos incluso, que el que poseía el Reino Unido, y, por tanto, "no consideramos necesario ni aconsejable un cambio institucional en la cotización de la peseta". En su intervención ante la conferencia anual de la OCDE, el ministro de Economía justificó las próximas medidas fiscales que adoptará el Gobierno español y las situó dentro de un contexto que, además de mantener bajo control las tensiones inflacionistas, persiga "una desaceleración del gasto público y una continuación del proceso de reducción de los déficit públicos".

En tanto en cuanto estos objetivos hayan sido alcanzados, añadió Boyer, "será conveniente reducir el nivel de imposición fiscal".

El ministro hizo ante la OCDE un balance de los dos años de su gestión económica, y tras situar los éxitos en el control de la inflación (reducción de cinco puntos), saldo positivo de la balanza por cuenta corriente (más de 6.000 millones de dólares) y reducción del déficit público (del 6% al 5% del PIB), reconoció que estas metas se han alcanzado "a coste elevado": la no disminución de la tasa de paro.