El Plan de Empleo Rural de Andalucía incluirá los fondos no ejecutados de 1984

La comisión calificadora del Plan de Empleo Rural (PER) de Andalucía de 1985 acordó agregar al presupuesto de este año la cantidad no ejecutada del año anterior, 9.295 millones de pesetas. El PER forma parte del sistema alternativo al empleo comunitario que los socialistas pusieron en marcha en 1984. La tardanza en el comienzo de las obras y su carácter no campesino son defectos del primer año que se repiten ahora.

Hasta ayer no se reunió por vez primera la comisión calificadora de control y seguimiento del Plan de Empleo Rural (PER) de Andalucía para 1985. A esa tardanza se añade el hecho de que, transcurridos los tres primeros meses del año, aún no han comenzado las obras afectadas a dicho sistema. El reparto por instituciones y dotación económica para cada tipo de obra quedaron diseñados mediante un real decreto de 13 de febrero. Los acuerdos adoptados en la reunión de la comisión, que preside el delegado del Gobierno, Leocadio Marín, fueron el de añadir al presupuesto del PER-85 la cantidad no ejecutada en 1984, cifrada en 9.295 miliones de pesetas (36% del total).

Por otro lado, se acordó la creación de comisiones provinciales, que tendrán idéntica finalidad a la calificadora, y que estarán asesoradas por oficinas técnicas que vigilarán que las obras afectadas al PER tengan calidad técnica, sean rentables y cumplan el objetivo social que se pretende.

Inversiones previstas

Las inversiones previstas para este año son de 14.042 millones de pesetas procedentes de la Administración central, 9.298 de la Junta de Andalucía, 10.131 para convenios entre el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y las corporaciones locales, más los añadidos del presupuesto de 1984 no ejecutado, según cifras ofrecidas por la delegación del Gobierno. La cifra total supone 42.776 millones, que, a pesar del añadido del sobrante del año anterior, es inferior a la que señalaba el real decreto de 13 de febrero. Según este decreto, a la Administración central corresponden inversiones a través del programa plurianual de inversiones públicas (PIP) por valor de 10.447 millones de pesetas, y mediante créditos procedentes del Acuerdo Económico y Social (AES) por valor de 14.042 millones; a la Junta de Andalucía, por valor de 9.298 millones de pesetas y para convenios del Inem, 13.000 millones. Por otro lado, el PER adolece de los mismos defectos que el primer año de ejecución por cuanto la mayoría de las obras no tienen relación con el empleo agrario y sí con la construcción de edificios, carreteras, estaciones, pasos a nivel o guarderas. Únicamente lo previsto por el Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA), que supone 3.440 millones de pesetas, está directamente relacionado con el campo. Por otro lado, los convenios entre el Inem y las corporaciones locales comprendan, el año anterior, mano de obra y materiales. Sin embargo, este año sólo alcanza para mano de obra, con lo que muchos ayuntamientos tendrán que endeudarse o realizar proyectos de bajo costo y menor incidencia en la mano de obra.