La ley de la Ciencia reforma y potencia los organismos públicos de investigación
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Coordinación y Fomento de la Investigación Científica y Técnica, más conocido como ley de la Ciencia. Su texto establece la creación de una comisión interministerial, presidida por el titular de Educación y Ciencia, José María Maravall, que elaborará un plan nacional de investigación. Asimismo, prevé la reforma de los principales organismos públicos dedicados a la investigación. Este plan nacional que será elaborado por la citada comisión interministerial englobará programas de ámbito nacional, sectoriales, y aquellos que procedan de las comunidades autónomas. El primer plan nacional de investigación entrará en vigor a principios de 1986, de acuerdo con las previsiones contenidas en la memoria del proyecto de ley.
La ley de la Ciencia regula también la reforma de los principales organismos públicos de investigación: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Junta de Energía Nuclear, que pasa a denominarse Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas; el Instituto Geológico y Minero, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial e Instituto Español de Oceonografía. Mediante esta reforma, se flexibiliza el régimen presupuestario de estos organismos y se favorece la movilidad del personal investigador.
Colaboración industrial
La ley de la Ciencia cuenta también entre sus principales novedades con el establecimiento de vías inéditas de colaboración entre los organismos de investigación y las empresas públicas y privadas, que persiguen, según la exposición de motivos del proyecto de ley, "una articulación entre la política científica y la política industrial". Con este fin, una comisión asesora, presidida por el ministro de Industria e integrada por representantes de empresarios, sindicatos y asociaciones de científicos, cooperará en la definición de los objetivos de investigación contenidos en el plan nacional. Asimismo, los organismos públicos de investigación contarán con facilidades para concertar contratos de investigación científica con empresas públicas o privadas mediante fórmulas análogas a las ya establecidas en la Ley de Reforma Universitaria.
El proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno va acompañado de una copiosa memoria de 170 páginas y cinco voluminosos anexos. En la memoria se traza el diagnóstico del sistema español de ciencia y tecnología y las líneas generales para su reforma, una de cuyas piezas esenciales, la más importante", según afirma la propia memoria, es la propia ley de la Ciencia. Los anexos recogen abundante documentación sobre el censo de organismos públicos de investigación, el volumen de la producción científica española y su evolución a lo largo del último quinquenio, recopilando la normativa legal actualmente vigente y avanzan un esquema de primer plan nacional de investigación.
