La colza y la justicia

LA PUESTA en libertad recientemente de los últimos procesados en el sumario del envenenamiento por el aceite de colza, que hasta ahora ha causado 357 muertes y 20.143 afectados, y la transformación estructural del Plan Nacional del Síndrome Tóxico decidido por el Consejo de Ministros del pasado día 27 de marzo añaden más perplejidad a uno de los sucesos más graves desde el punto de vista sanitario y más complejos desde la perspectiva científica y jurídica que se han registrado en España en los últimos tiempos.La decisión del juez instructor del sumario, Alfonso Barcala, de dejar en libertad provisional sin fianza a los cinco últimos procesados por este turbio asunto, que permanecían en prisión preventiva sin juicio, da pie una vez más a una reflexión sobre la eficacia de la acción de la justicia. El juez no podía hacer otra cosa que decretar su libertad, porque ya habían transcurrido más de 30 meses de prisión preventiva y no se podía aplicárseles a los procesados la nueva reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija el período máximo de prisión preventiva en cuatro años. Pero lo ciudadanos se pregutan cómo es posible que, cuatro después de producidas las primeras muertes, no se tenga ni siquiera una mínima certeza sobre cuando podría celebrarse el juicio.

La complejidad del síndrome tóxico, y más concretamente el hecho de que no se haya determinado con claridad meridiana desde el punto de vista científico la naturaleza de la sustancia causante, aunque haya quedado establecido que el agente transmisor fue el aceite de colza, parecen ser algunos de los motivos que han retrasado la actuación judicial. La inclusión en un solo sumario de todo el asunto ha evitado que se hubieran podido celebrar, al menos, los juicios por presuntos fraudes alimentarios, que permitieron la extensión del síndrorne a través de la comercialización ilegal del aceite. El sumano de la colza es, con mucho, el más extenso de cuantos se han instruido jamás en España. La causa principal supera largamente los 100.000 folios, que han debido ser clasificados en más de 100 tomos. Además de las más de 550 carpetas, una por cada fallecido, y cerca de 11.000 carpetas correspondientes a familias afectadas. Igualmente, del sumario principal, el 129/81, se han desglosado una veintena de piezas separadas.

El juez Barcala concluyó el sumario en noviembre de 1983 con el procesamiento de 31 personas, pero fue reabierto a petición de la acusación particular, que solicitó el procesamiento de otros 11 industriales o químicos del aceite, y de la defensa de los acusados, que pidió la práctica de nuevas diligencias. La acusación particular también solicitó el procesamiento de algunos de los 10 altos cargos de UCD presuntamente implicados este caso.por negligencia u omisión en el desempeño de sus funciones cuando se produjo el envenenamiento masivo.

Barcala aceptó 10 de los 11 procesamientos solicitados por la acusación particular. El Tribunal Supremo dictaminó que la presunta responsabilidad de los altos cargos de UCD debería ser investigada en un nuevo sumario, que no se ha abierto todavía puesto que está pendiente de que se nombre un juez instructor para el caso.

En la actualidad se encuentran procesados 41 empresarios del aceite. Todos están en libertad provisional, excepto cinco que están fugados: Andrés Eloy Muro, Francisco Tárrega, Adela Jarauta, Ignacio Baixeras y Alfonso Molina. La mayoría están acusados de delitos contra la salud pública, fraude o estafa en la comercialización del aceite de colza, aunque algunos están procesados por la mezcla de aceites con componentes cancerígenos como el 4-azo-amino-benceno.

Es de reconocer la complejidad de los hechos, pero resulta desesperanzador que un caso en el que median cientos de muertes tienda a escaparse en el tiempo y en el espacio a la acción de la justicia. A ello se añade la reciente reestructuración del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que ha supuesto la desaparición de la dirección general de dicho plan. Aunque no cesan ni la asistencia sanitaria a los afectados -que ahora pasa adepender del Ministerio de Sanidad- ni la económica y social, que quedará en el Ministerio de la Presidenc¡a, esta reorganización, acordada por el Congreso de los Diputados, supone un nuevo tratamiento del tema que posibilita a primera vista difuminar el problema en, el olvido del aquí no ha pasado nada. En resumidas cuentas la opinión pública empieza a sospechar que nos encontramos ante un juicio que nunca se celebrará, ante unas responsabilidades políticas que nunca serán exigidas y ante un misterio científico contra el que todo conspira para que no sea puesto en claro.