Militares y policías

LA DECISIóN del ministro del Interior de disolver la III Compañía de León de la Policía Nacional y destituir a varios mandos militares del cuerpo ha sucedido después de que el teniente coronel David Cervera anunciara su propósito de abandonar la jefatura del Estado Mayor de la Policía y reintegrarse al Ejército. El que pasaba por ser el segundo hombre en importancia dentro de la estructura de la Policía Nacional hizo saber que su postura estaba provocada por "una falta de autoridad" demostrada por el titular del departamento de Interior en el desarrollo del conflicto surgido en la III Compañía de León, resuelto primero con la destitución del capitán que mandaba la misma, después de que 300 policías se encerraran para solicitar su renuncia por "su actitud vejatoria y coaccionadora, absolutamente intolerable hacia sus subordinados". La disolución de la compañía, que no se supo hasta ayer a medianoche, y la remodelación en el terreno militar de la cúpula policial son los últimos datos de una crisis que se anuncia larga y profunda..Hay que poner de relieve que el teniente coronel Cervera no presentó su dimisión ni exigió, que se sepa, ninguna medida cuando se formularon las primeras denuncias contra la especial forma de proceder del capitán con sus subordinados; ni siquiera cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) elaboró un informe sobre los hechos que sucedían en la III Compañía de León. No le preocuparon, por lo visto, los excesos del capitán tanto como la debilidad del ministro, que le decidió a reintegrarse al Ejército por considerar que Barrionuevo había sido tolerante con lo que consideraba una "campaña de injurias", llevada a cabo por los sindicatos policiales contra los mandos militares destinados en la Policía Nacional. Las protestas unánimes de todos los sindicatos contra la militarización de esta fuerza de seguridad, definida como un cuerpo civil en la Constitución, y la denuncia formulada por uno de ellos (el mayoritario SUP) de que con la llegada de los socialistas al Gobierno se asistía a "una escalada militarista" propiciada por '1a existencia de un bunker, especialmente en la cúpula del mando", son afirmaciones que en opinión allegada al jefe dimisionario "enlodan la imagen y el honor" del colectivo de militares que ejercen el mando en la Policía Nacional. Independientemente de que cada cual es muy dueño de depositar donde quiera el concepto de su propio honor, es preciso insistir en que las críticas de los policías, cargadas de sentido común, han sido ejercidas en función de un derecho constitucional y precisamente buscando que se cumpla, en materia de orden público, lo que la Constitución establece y el PSOE prometió en su programa electoral. En cuanto a la debilidad del ministro hay que reconocer que, desde anoche, ésta puede ponerse en duda. Y aunque estamos seguros de que todo esto se habría podido evitar si Barrionuevo hubiera aplicado desde el principio la política sugerida por su partido y demandada por sus electores, es de elogiar la energía con la que ha reaccionado en esta ocasión.

No es posible resignarse, ya se sea policía o simple ciudadano, a que ese compromiso claramente formulado no haya merecido' casi dos años y medio después de la llegada del PSOE al Gobierno, la atención prioritaria M titular de Interior. La desmilitarización de la policía es un deseo ampliamente sentido por la opinión pública, pero es además una necesidad, tanto para la modernización de aquélla como para la reforma del Ejército. No tiene literalmente ningún sentido que en un país democrático del nivel de desarrolló del español sean oficiales del Ejército los encargados de mandar las fuerzas del orden. Un militar con mando en la Policía Nacional ni cumple con su misión de profesional del Ejército de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial" (artículo 8), ni tiene por principio mayor capacidad que otros para cumplir la misión policial de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".

Los militares profesionales deberían ser los primeros interesados en poner fin a la militarización policial. Es significativo que haya disminuido en los últimos tiempos el número de militares dispuestos a cubrir vacantes en la Policía Nacional, lo que coincide, frente a la desidia de Interior en lo que se refiere a reforma policial, con la puesta en práctica por el Ministerio de Defensa de una reforma que busca la mayor profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pese a ello aún permánecen en la Policía Nacional más de 350 jefes y oficiales que han pasado de la Academia correspondiente, o de ejercer un destino estrictamente militar, a enfrentarse a problemas exclusivamente civiles, sin que para ello tengan una formación específica.

¿A qué se debe este estado de la cuestión, si la Constitución lo manda, el PSOE lo prometió y lo reclaman unánimente tanto los policías nacionales como los pertenecientes al Cuerpo Superior? ¿Quién se opone a una reforma deseada incluso por los propios militares destinados en la Policía Nacional, según afirmaba ayer mismo a este periódico un miembro del Estado Mayor de ese cuerpo? Éstas son preguntas todavía sin respuesta.