La Seguridad Social costeará los abortos si la ley entra en vigor, afirma un alto cargo del Insalud

"Los departamentos sanitarios de Ginecología del Insalud (Instituto Nacional de la Salud), atenderán las demandas de aborto que se produzcan cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", manifestó ayer José María Rivera, subdirector general de Medicina Primaria y Laboral de ese instituto. Rivera hizo esta afirmación en un tenso debate donde afloró la preocupación de los profesionales de planificación familiar sobre el aborto, horas antes de que se clausurara el II Congreso de Planificación Familiar que se está celebrando en La Coruña. José María Rivera acudió en representación de Ernest Lluch, ministro de Sanidad.

El ministro de Sanidad, Ernest Lluch, manifestó ayer por la tarde a Radio El País que desconocía las declaraciones de José María Rivera. "No es un tema que nos hayamos planteado", indicó, "porque no hay ninguna ley que lo permita". Preguntado sobre su postura ante la posibilidad de que el aborto corra a cargo de la Seguridad Social, el ministro afirmó: "No he defendido ni una cosa ni otra; de momento está bajo el Tribunal Constitucional, por lo que el aborto es aún ilegal. Si se legaliza nos lo plantearemos".En el debate celebrado ayer en La Coruña sobre la planificación familiar, en el que participó también Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer, y representantes de la federación de municipios y federaciones autónomas, se clarificó la posición de la Administración respecto a este tema, lo que fue considerado como un éxito parcial por representantes del movimiento de planificación familiar que han acudido a este congreso.

Planificación familiar

Rivera, con una actitud tensa y crispada, presentó el esquema en el que se incluye la atención en materia de planificación familiar dentro del Insalud. Según expuso, las pruebas complementarias de todo tipo, como citologías, mamografías y análisis de sangre, se pueden realizar en centros de la Seguridad Social aunque se prescriban en centros de planificación familiar independientes de este organismo.

También se procederá a una regulación de las esterilizaciones irreversibles -ligadura de trompas y vasectomía- en los centros de la Seguridad Social. Éste es un paso adelante de considerables repercusiones, ya que hasta ahora se había producido un diálogo de sordos entre la Administración y los grupos de planificación familiar, que llevan cerca de 10 años trabajando en este campo en condiciones casi de clandestinidad.

Para Carlota Bustelo, la "planificación familiar todavía no está resuelta en nuestro país", y propone como medida imprescindible que se coordinen los esfuerzos y los recursos para conseguir una red única de asistencia sanitaria en esta materia, considerando que debe ser un objetivo prioritario dentro de la salud pública.

Entre los objetivos inmediatos del Instituto de la Mujer figura una campaña de información, que se desarrollará a mediados de abril, sobre planificación familiar, con un coste de 175 millones de pesetas. Se repartirá un millón de folletos sobre métodos de planificación y sexualidad.

En este momento la única comunidad autónoma que tiene unos servicios unificados de planificación familiar es Andalucía, donde los servicios del Insalud se han transferido totalmente a la Junta, que ha establecido dos niveles de actuación en esta materia. Como consecuencia de esto, en los últimos dos meses han atendido las consultas de más de 4.000 parejas sólo en cuatro provincias, cuando antes, en un año, no se llegaba a cubrir la demanda de 10.000 parejas.