El fracaso de una experiencia empresarial ambiciosa

Muy pocas personas querrán recordar hoy en España el verano de 1973. Franco todavía regía los destinos de este país, y Carrero Blanco, su álter ego en aquellas fechas, preparaba inútilmente las piezas de recambio para un engranaje que saltaría por los aires meses después. En la esfera internacional, en Oriente Próximo, se gestaba una nueva guerra que, apenas concluido el calor del verano, daría lugar en octubre al primer embargo efectivo del suministro de petróleo a Occidente.El 26 de julio de aquel verano, el Consejo de Ministros de Franco aprobaba, sin grandes discusiones, uno de los proyectos más ambiciosos y que, salvando la posterior construcción de las centrales nucleares, más trascendencia tendría en la estructura energética española. Se trataba de una autorización a la Empresa Nacional del Gas (Enagas), de reciente creación, "para que concierte con la Sociedad Argelina Sonatrach el suministro de 4.500 millones de metros cúbicos [45.000 millones de termias] de gas natural".

Al mismo tiempo, el mismo Consejo autorizaba a Enagas "para llevar a cabo, en un plazo de cuatro o cinco años, una inversión de hasta 12.000 millones de pesetas en obras de infraestructura e instalaciones para los proyectos de las provincias Vascongadas y del centro-Valencia, consistentes en dos plantas de regasificación y una red de transporte, gasoductos en las provincias vascas y otro en Valencia y Madrid".

Ante la mesa del Consejo, el ministro de Industria, López de Letona, había presentado un informe de Claudio Boada, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), a cuyo holding pertenecía Enagas sobre las conveniencias de diversificar la oferta energética española y asemejarla a la europea. Según este informe, la participación del gas natural en España era prácticamente nula (menos del 1%, y concentrada en la zona catalana, gracias a la creación por Pere Durán Farell de las empresas Gas Natural y Catalana de Gas), mientras que en Europa llegaba ya al 11 %.

Las ventajas del gas natural eran resumidas por Claudio Boada, antes ya de la primera crisis del petróleo, en las enormes reservas disponibles, su mayor limpieza ecológica y su rentabilidad a medio plazo. Boada había estado asesorado por los técnicos de Enagas, empresa presidida por Rafael del Pino y que contaba entre sus principales gestores con Mariano Rubio, como consejero delegado; Roberto Centeno, director general adjunto, y Carlos Bustelo, director financiero.

El atentado de la calle de Claudio Coello y la formación del primer Gobierno Arias tuvieron también su impacto en el mundo energético. Luis Valero Bermejo sustituye, a mediados de 1974, poco después de materializarse el contrato Sonatrach-Enagas, a Rafael del Pino en la presidencia de esta última. Del Pino se lleva con él a sus principales colaboradores. Simultáneamente, el embargo árabe deja a España al margen del mismo, pero el impacto en sus suministros de petróleo es decisivo. La fiebre que se desata en todo el mundo (altos precios, dificultad de abastecimiento, colas en las gasolineras) tarda en impactar en España, que continúa sesteando, ya muy impaciente políticamente, ante su inmediata suerte.

Luis Valero Bermejo, nombrado también presidente de la empresa Butano, comercializadora del gas derivado del petróleo, directamente competitivo del gas natural, comienza a tomar importantes decisiones que, en aras de una supuesta conveniencia de nacionalizar el gas (todavía coleteaba la vieja polémica entre azules y opusdeístas-tecnócratas), se traducen en la compra a la sociedad Gas Natural de Durán Farell de prácticamente todos sus intereses gasistas en Cataluña, con excepción de la distribución. Asimismo firma un polémico acuerdo de tarifas con Catalana de Gas, la distribuidora de Durán Farell, para que esta venda el gas que previamente había contratado con Argelia y que ahora asume como suyo (15 de abril) Enagas, por un importe de 232.000 millones de termias a repartir durante 18 años.

Precio superior

Valero Bermejo modifica también el acuerdo que el año anterior había firmado Del Pino con Sonatrach, y si bien engloba dentro del nuevo contrato el existente entre la sociedad argelina y Gas Natural, mantiene los 45.000 millones de termias originales con un precio que, ante la nueva situación energética mundial, pasa de 0,53 dólares por millón de BTU a 1,30 dólares, es decir un encarecimiento muy superior al doble.

Las cantidades globales de gas contratado se ven reducidas, pero simultáneamente se pone en marcha una verdadera bomba de tiempo cuya explosión coincidió con el reconocimiento por Enagas, hace algo más de dos años, de no poder cumplir el contrato que varios Gobiernos habían ratificado y que se habían comprometido a cumplir los distintos presidentes que lo habían firmado.

Lo que sucedió a partir de 1975 es materia opinable y, en cualquier caso, tema para una discusión estéril. Lo cierto es que la amplia red de gasoductos planificada no se completa a, tiempo, y los cuatro o cinco años previstos para su construcción se convierten en 10 o más, sin que el gas natural llegue hoy a amplias zonas del país, como es el caso de la región centro. Incluso Valencia y el País Vasco, adonde el gasoducto llega, siguen hoy a la cabeza del consumo de gases derivados del petróleo (butano y propanos), menos competitivos y con una distribución más cara e irracional para un país moderno. Las redes comerciales secundarias, con excepción de Cataluña, están a medio construir, y algunas funcionan, según denuncias sindicales, mal o no lo hacen.

Cálculos de expertos estiman que si el gas natural en España hubiera experimentado un desarrollo similar en todo el país al que ha tenido en Cataluña, este hidrocarburo supondría un 17,9% de la energía final para el sector doméstico y un 22,7% en el sector industrial. Por el contrario, estos porcentajes son ahora, para el resto de España, de sólo un 1,2% y un 2,3%. Asimismo, con el desarrollo del gas en términos parecidos a Catalana de Gas, España hubiera cumplido sus compromisos con Argelia.