Dinamitado un bloque de viviendas en construcción con licencia ilegal en Collado Villalba

Técnicos de una empresa especializada dinamitaron ayer uno de los bloques de la urbanización El Mirador de la Sierra, en el término de Collado Villalba (Madrid), construido al amparo de una licencia ilegal concedida por la antigua corporación en 1973. La urbanización consta de 28 bloques más, de cuatro plantas, cuyas dos últimas. serán derruidas en los próximos seis meses, según el convenio firmado por la Inmobiliaria Tejo, promotora, y el Ayuntamiento de la localidad.

La dinamita, Goma 2 EC, estaba colocada en los pilares del edificio desde el mediodía. Los 7,5 kilos de explosivos estaban conectados entre sí, de forma que las distintas explosiones fueran simultáneas. A las 14.45 aproximadamente sonaron tres pitidos con un intervalo de varios segundos. A la cuenta de cinco después del tercer pitido, tal y como advirtieron los técnicos, una fuerte explosión, muy seca, quebró completamente el bloque, que se desplomó sobre sí mismo en apenas un segundo y quedó inmediatamente cubierto por una nube de polvo. Por un breve instante antes de la ascensión de la polvareda, se pudo ver cómo se quebraban como cañas las vigas de hormigón. Días atrás, sin publicidad de ningún tipo, fue dinamitado otro bloque, contiguo al que fue volado ayer.En la voladura del bloque estuvieron presentes el alcalde de Collado Villalba, el socialista Carlos López, y el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Féix Arias, además de los técnicos y representantes de la empresa promotora de la urbanización.

Carlos López y Félix Arias declararon que se había llegado a un acuerdo con la Inmobiliaria Tejo para demoler dos de los bloques y reducir a dos plantas las cuatro alturas de los restantes 28 edificios. La urbanización cuenta con seis bloques ya casi terminados, los 28 a los que habrá que reducir de altura y los dos que han sido demolidos por completo.

La urbanización se construyó al amparo de una licencia concedida por la Corporación anterior, de forma ilegal, puesto que en aquel entonces los terrenos estaban calificados como suelo no urbanizable. En 1976, las 1.120 viviendas concedidas quedaron reducidas a 460, de acuerdo con el proyecto de plan parcial para la zona en cuestión. Este plan parcial, sin embargo, no llegó a aprobarse definitivamente. La Corporación surgida de las elecciones democráticas de 1979 se puso en contacto con la promotora para negociar un acuerdo que permitiera disminuir el impacto en el medio ambiente provocado por la construcción de 36 bloques de cuatro plantas cada uno, asentados en las afueras del casco urbano del pueblo.

El convenio a que se llegó entre el Ayuntamiento y, la promotora, conocido y avalado por las autoridades urbanísticas, consiste básicamente en permitir y legalizar la construcción de 476 viviendas, de las que sólo 192 corresponden a los bloques de cuatro plantas ya casi terminados. Las restantes 284 se construirán en régimen de viviendas unifamiliares, en forma de chalés adosados, de forma que su impacto paisajístico sea mucho menor. La promotora, por su parte, hará al Ayuntamiento la correspondiente cesión de terrenos para equipamientos colectivos, al margen de su obligación de urbanizar los accesos a la colonia y sus calles interiores.

Los gastos de la voladura de los dos edificios y la demolición parcial de los 28 restantes, cifrados en unos 12 millones de pesetas, corren también por cuenta de la inmobiliaria.

Félix Arias declaró, en una improvisada conferencia de prensa a pie de obra, que "e][ convenio firmado por el Ayuntamiento y la promotora es bastante satisfactorio para ambas partes", y reseñó que la voladura de los dos edificios es un hecho ejemplar, tanto "porque se demuestra que una cosa ilógica e ilegal no puede ser tolerada como porque su misma necesidad revela los desmanes urbanísticos que se han permitido durante una época anterior". La Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid ya ordenó la demolición de unos chalés ilegales en el término municipal de Camarma de Esteruelas y llegó a advertir a varios alcaldes de la región con iniciar acciones en su contra si continuaban su política de permisividad hacia la construcción de viviendas o chalés en terrenos no calificados como urbanizables.

Por su parte, el alcalde de Collado Villalba aseguró que la Corporación anterior era más culpable de la ilegalidad que la propia constructora, puesto que concedió una licencia de construcción en suelo no urbanizable

'Triángulo de oro'

A las 8.30 de ayer comenzó el derribo del edificio número 382 de la calle de Bravo Murillo, enclavado en el denominado triángulo de oro, sujeto a expediente de expropiación desde 1958. Las dos últimas familias que lo habitaban han recibido viviendas oficiales en el barrio de Palomeras, adonde se trasladaron ayer. El triángulo de oro forma parte de la permuta de edificios y terrenos firmada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior.